Cordura en huelga médica
Mina Nelson
El problema de los bajos salarios, que afecta a servidores del sector salud, maestros y miembros de la Policía, entre otros, debe ser enfrentado y resuelto con justicia, sin radicalizar posiciones ni afectar el equilibrio presupuestario de la nación.
Ni las huelgas hospitalarias, ni las posturas demagógicas de los políticos, son aceptables desde el punto de vista humanitario; las primeras porque ponen en riesgo la salud y la vida de muchos nicaragüenses, y las segundas, porque no hacen más que desfigurar la realidad y alentar falsas expectativas entre los que luchan por mejorar su calidad de vida.
El problema no es nuevo, sino heredado. Los médicos, los maestros y los policías, como la mayoría de trabajadores en Nicaragua, siguen viviendo en condiciones miserables a causa de la corrupción, que produjo el enriquecimiento ilícito de los caudillos y sus testaferros. No se puede culpar ni exigir milagros al gobierno de Enrique Bolaños, que inició su administración con las arcas en rojo y ha tenido que librar una batalla desigual contra las fuerzas que entronizaron la corrupción y que han seguido dañando al país impunemente. Pero algo más tiene que hacerse hoy para que no siga siendo el pueblo el que pague por los abusos del poder.
A los responsables de esa debacle, los encontramos ahora alternando entre sus negocios particulares y sus posiciones de privilegio, tanto en la Asamblea Legislativa como en la Corte Suprema, la Contraloría, el Consejo Supremo Electoral y la Fiscalía, que constituyen la tribuna y la trinchera de la deshonra.
Sería ingrato argumentar que aquellos médicos, enfermeras, maestros y policías, estuvieron peor en el pasado reciente, porque a estas alturas siguen siendo mal pagados, no obstante el conocimiento, la experiencia y el esfuerzo que ponen al servicio de la comunidad.
Es cierto que la economía nicaragüense exige austeridad, equilibrio en el gasto para atender, aunque sea precariamente, las necesidades de todos los sectores sociales; pero el país no logrará avanzar con una población enferma, sin escuela ni seguridad pública, que son los campos en los cuales se debe enfatizar la inversión, que incluye, por supuesto, los salarios justos para quienes allí laboran. La paga debe corresponder al trabajo realizado, porque de lo contrario, afecta la calidad de su desempeño; y esto resulta particularmente grave cuando se trata del sistema hospitalario, en donde se está recurriendo a la huelga como instrumento para lograr la satisfacción de exigencias económicas.
Concuerdo con los reclamos, pero pido cordura, responsabilidad y sentido humanitario, porque la suspensión de las intervenciones quirúrgicas y las consultas médicas requeridas por millares de nicaragüenses, le resta legitimidad a un movimiento cuya causa es de absoluta justicia.
Creo que un diálogo en el que las partes afectadas actúen de buena fe, puede conducir a una solución duradera mediante mutuas concesiones, porque si no se pueden satisfacer de golpe las demandas salariales, dada la escasez de dinero que enfrenta el Gobierno, un aumento intermedio, acompañado de un compromiso que eleve las remuneraciones hasta los niveles deseados, de manera gradual y con fechas determinadas, haría deponer las medidas extremas de presión que se han venido produciendo en estos últimos días.
El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deben asumir seriamente la tarea para llevar el sector salud a la normalidad y conjurar posibles movimientos similares en el campo educativo y policial. Ambos tienen la obligación de buscar y proveer los recursos que se necesitan para hacerle justicia a muchos servidores públicos, cuyos ingresos marcan una vergonzosa brecha con respecto a los megasalarios que reciben (inmerecidamente en la mayoría de los casos), los diputados y los funcionarios de alto rango.
La autora es cónsul honoraria de Nicaragua en Los Ángeles
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