Derecho e igualdad ante la ley
Néstor Avendaño
La reducción de la pobreza de Nicaragua no descansa en la asistencia social ni en la reducción de la deuda externa. El país ya se graduó en el Punto de Culminación de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (PPME) y no se logró imprimir un sello de mejoría al ochenta por ciento de la población afectada por la pobreza. Los enfoques de la cooperación internacional tradicional ya han demostrado que, en el mejor de los casos, los índices de pobreza se mantienen casi estables.
¿Cuáles son las acciones fundamentales que se requieren para atraer la inversión para la generación de más y mejores empleos, que reduzcan la pobreza al facilitar mayor ingreso a la población y, además, potenciar el mercado interno?
Las autoridades nicaragüenses, independientemente de su afiliación política, deben empeñarse en que el Estado fortalezca su capacidad para resolver problemas políticos-económicos y sociales, en una forma transparente y con una participación ciudadana creciente.
Las autoridades nicaragüenses deberían, además, de reformar integralmente el Poder Judicial, sujeto a influencias de personas y organizaciones partidarias, con el fin de transformarlo en un instrumento vital para el proceso de desarrollo económico.
Las crisis de gobernabilidad y la inseguridad jurídica, son, por lo tanto, las más serias barreras a la inversión en nuestro país.
El avance de las acciones gubernamentales en estos temas trascendentales para propiciar un apropiado clima inversionista es necesario, de cara a la Cuenta del Reto del Milenio y al DR-Cafta.
Los convenios y tratados internacionales afectan la soberanía de un país y obligan a una revisión del marco legal de las naciones, con el fin de que la inversión privada impulse el crecimiento económico. Si el reto gubernamental es atraer una inversión rentable, se necesitará consolidar el imperio de la ley, hacer valer los contratos, modernizar las regulaciones estatales y mejorar la gobernabilidad.
Por ejemplo, la ley de inversiones extranjeras deberá asegurar la igualdad de condiciones en derechos y obligaciones a inversionistas nicaragüenses y extranjeros. Todas las formas de inversión deberán ser protegidas para nacionales y extranjeros. Los derechos de los inversionistas deberán estar respaldados por transparentes procedimientos efectivos e imparciales en la solución de disputas, con los propósitos de garantizar el imperio de la ley y la igualdad ante la ley.
Y en este campo, varias leyes deberán ser revisadas, entre las cuales está la Ley 364, para los reclamos de las personas supuestamente afectadas por el Nemagón, no sólo por el tratamiento discriminatorio para los demandados al prejuzgársele, condenársele e imponérsele el depósito de altos montos de dinero para garantizar las resultas del juicio, sino también por la imposición de elevados montos de indemnización en forma retroactiva como si fuese una sentencia judicial, con el agravante de las facultades discrecionales concedidas a los jueces para que establezcan los montos de indemnización.
Esta ley actúa en dirección opuesta a la búsqueda de un menor riesgo y de un adecuado clima inversionista en el país. Esta ley contradice la lucha contra la corrupción y la atracción de inversionistas extranjeros que sometan su actuación económica a nuestro marco jurídico, por lo cual Nicaragua puede correr el riesgo de una reducción de la cooperación asociada con la Cuenta del Reto del Milenio.
Además de una agenda económica, el país requiere de una agenda complementaria legal con el fin de poner en funcionamiento el DR-Cafta. No se necesita sólo de políticas públicas que fortalezcan y consoliden la competitividad empresarial, sino también la seguridad jurídica, una buena gobernabilidad y un apropiado clima inversionista. En esa vía podremos reducir la pobreza.
El autor es economista.
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