Región analiza modernización de ejércitos
Ludwin Loáisiga López
politica@laprensa.com.ni
Militares y analistas iberoamericanos, reunidos en el seminario Fuerzas Armadas, Seguridad y Derechos Humanos, clausurado ayer en Nicaragua, analizaron, entre otros temas, el involucramiento de los ejércitos en temas de seguridad pública.
En la lucha contra el narcotráfico, terrorismo, tráfico de personas y otros ilícitos transnacionales, los ejércitos han jugado un rol destacado junto a los cuerpos policiales, pero esta situación representa un “arma de doble filo”, según los analistas.
De acuerdo al director del Instituto de Estudios Estratégicos de Nicaragua, Javier Meléndez, la modernización de los cuerpos armados podría abrir la posibilidad de una invasión de responsabilidades por parte de las fuerzas castrenses en facultades policiales en el tema de la seguridad interna en cada país.
“Puede llegar un momento en que todos los esfuerzos de Centroamérica, por ubicar a los militares donde les correspondía, sean revertidos y los militares comiencen a jugar funciones más allá de lo que se espera de su naturaleza y de sus misiones”, aclaró Meléndez.
El analista añadió que en El Salvador, la Policía y el Ejército han ejecutado mil 800 operativos en conjunto.
En Guatemala y El Salvador, por ejemplo, el problema de las maras o pandillas delincuenciales es un tema prioritario en la agenda de seguridad, de acuerdo a los analistas; mientras en toda Centroamérica la costa Caribe es una importante zona para el narcotráfico. Ambos problemas requieren del apoyo de las Fuerzas Armadas.
“Hay desafíos, y uno de ellos está vinculado con el hecho de que son tantas las demandas de seguridad, que el liderazgo político está cometiendo el error de vincular todas esas demandas a las capacidades militares”, precisó Meléndez.
La conclusión a la que llegó el analista, es que al promoverse una modernización de los ejércitos, podría seguirse una tendencia que ofrece a los militares demasiadas responsabilidades, las cuales podrían desembocar en la captación de un mayor presupuesto gubernamental, en detrimento del que recibe la Policía.
“Es una invasión de responsabilidades que está creando conflictos de misión e institucionales, entre las policías y los ejércitos en Centroamérica”, sostuvo Meléndez.
“Un segundo peligro es que se piense que las demandas de seguridad se pueden suplir dando respuestas militares”, acotó el director del Instituto de Estudios Estratégicos de Nicaragua.
MILITARES NO ESTÁN DE ACUERDO
Sin embargo, el general de brigada Carlos Alberto Villagrán, del Ejército de Guatemala, y el coronel Francisco Salinas, de las Fuerzas Armadas de El Salvador, negaron que los cuerpos armados de Centroamérica puedan arrebatar espacios de seguridad pública interna a los agentes policiales de cada uno de sus respectivos países.
“No. Constitucionalmente nosotros estamos apoyando a los cuerpos de seguridad pública, los cuales están en un proceso de transición”, refirió Salinas.
“En el proceso, ellos necesitan fortalecer sus capacidades, nosotros hemos colaborado a ese esfuerzo, no es que estemos invadiendo, porque nuestra participación es de apoyo a la Policía”, reiteró Salinas.
Tanto Meléndez como Salinas coincidieron en que los cuerpos policiales deben tener prioridad sobre los ejércitos, en lo relativo a la seguridad interna de cada nación.
Se necesita “un liderazgo político que defina la seguridad que tenemos o las inseguridades que tenemos y que diseñe repuestas efectivas, que consoliden la preeminencia de las asociaciones civiles sobre los aparatos de seguridad”, comentó Meléndez.
“El desafío lo tiene el Estado para darle respuesta a las necesidades de la sociedad (...) es el conductor político estratégico”, afirmó por su parte Salinas.
DEBILIDADES
“El talón de Aquiles de las Fuerzas Armadas de Centroamérica, es la renovación de equipos, ya que somos países pequeños que tenemos múltiples necesidades y los presupuestos tienen que balancearse con otras necesidades”, dijo el general de brigada del Ejército de Guatemala, Carlos Alberto Villagrán.
SEIS DESAFÍOS A VENCER
Anders Kompass, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, quien participó en la clausura del seminario regional Fuerzas Armadas, Seguridad y Derechos Humanos, mencionó que son seis los desafíos que los países en vías de desarrollo deben vencer, para defender y promover el desarrollo de las personas.
El primer desafío, de acuerdo a Kompass, es la pobreza, a la cual consideró la más grave.
Cifras de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), de las Naciones Unidas, indican que en Latinoamérica existen 96 millones de personas en pobreza extrema (18.6 por ciento de la población) y junto a las consideradas pobres, alcanzan los 222 millones de habitantes (un 43 por ciento de los ciudadanos).
El segundo desafío a derribar es la discriminación, según Kompass y el tercero la impunidad, mediante la cual se rompen e irrespetan las leyes.
El cuarto reto es el que denominó como déficit democrático y el quinto la debilidad de las instituciones.
El último desafío a derrotar, mencionó Kompass, es el de la delincuencia organizada y la violencia ciudadana.
Kompass añadió que las causas del no cumplimiento por parte de las instituciones del Estado a los derechos, son entre otras: la pobreza, el trasiego de armas, la cultura y el negocio de la violencia en países con post conflictos bélicos, la corrupción y la inseguridad ciudadana.
La solución a los problemas, aseguró Kompass durante la clausura del seminario, es encontrar respuesta a las carencias en el conocimiento, la capacidad y el compromiso.
Las organizaciones internacionales de cooperación, concluyó Kompass, es seguir aportando para el desarrollo de las personas y la defensa de sus derechos humanos. (LA PRENSA/Ludwin Loáisiga)
|
