Advierten peligrosidad de reo colombiano
Elízabeth Romero y
Mirna Velásquez
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El jefe en funciones de la Policía Nacional, comisionado general Orlando Aguilera, advirtió a las autoridades judiciales del país sobre el peligro que representa la libertad del colombiano Luis Ángel González Largo, también conocido con el nombre de Jorge Eliécer Hernández González.
González Largo es señalado de haber encabezado el secuestro del niño Stevens González Pineda, en abril del 2003 y fue arrestado en abril del año pasado cuando trasegaba 609,240 mil dólares escondidos en la llanta de un vehículo, destinados para la compra de armas y drogas, según los archivos policiales, último delito por el cual fue procesado en el país.
“El narcotráfico no sólo comercia con la cocaína, además comercia con armas, vende armas también a los paramilitares y a la guerrilla colombiana; esto significa que estos elementos tienen el doble negocio. Cuando hablamos de narcotraficantes estamos hablando de traficantes de armas y de lavadores de dinero”, explicó Aguilera.
Las investigaciones policiales indican que González Largo falsificó un pasaporte a nombre de Hernández, para continuar sus operaciones delictivas en Nicaragua.
“Es uno de los delincuentes de mayor peligrosidad que tenemos en el país, este elemento ya ha hecho daño al país, tal como secuestro, lavado de dinero y tráfico de drogas”, sostuvo Aguilera, quien advirtió a las autoridades judiciales permanecer atentas para evitar que puedan incurrir en un error judicial al otorgarle una orden de libertad, como ya lo intentaron recientemente.
“En cualquier momento podría aparecer otro recurso”, alertó el jefe de la Policía.
Mediante un recurso de exhibición personal, un grupo de abogados intentó sacar de la Cárcel Modelo de Tipitapa, a González Largo, condenado por lavado de dinero.
El jefe policial confirmó que la Policía está tras la pista de la mujer de González Largo, Leyla Bucardo, también detenida por el mismo delito y quien sí logró su libertad bajo las mismas argucias legales de un recurso de exhibición personal, y en contra de quien ya dieron orden de recaptura.
Junto a González Largo y Bucardo fueron arrestados también Hilmar Norberto Barrera Sánchez, William Antonio Pérez Mejía y Marco Tulio Elizabeth Rodríguez, quienes se encontraban alojados en el Hotel Morgut, de Managua.
Posterior a su captura fueron procesados por los delitos de asociación para delinquir, migrantes ilegales, uso indebido de nombre y usurpación de títulos. Por estos casos fueron condenados a tres años de prisión.
Posteriormente la Fiscalía General de la República los acusó por lavado de dinero, la juez Martha Martínez decretó la prisión preventiva. Y la (ex) juez Sexto Penal de Juicio, Rosario Altamirano, condenó a Bucardo a cuatro años de prisión y a Largo a diez años. La sentencia fue apelada y está pendiente de resolverse en el Tribunal de Apelaciones de Managua.
ALEGA DETENCIÓN ILEGAL
En el informe presentado ayer ante el Tribunal de Apelaciones por el juez ejecutor Moisés Rodríguez, quien fue nombrado por la Sala Penal Circunscripción Oriental, establece que González Largo y Bucardo Chávez fueron arrestados en San Marcos, Carazo.
Según el acta elaborada por Rodríguez, ambos “fueron detenidos ilegalmente y sometidos a prisión arbitaria por las autoridades policíacas de la ciudad de San Marcos, Carazo, el día 12 de abril del 2004, a las siete de la mañana”.
Fue por ello que una persona de nombre Javier Antonio López interpuso un recurso de exhibición personal a favor de los detenidos, en el Tribunal de Apelaciones de Masaya, y la Sala Penal de ese tribunal admitió el recurso y le dio trámite al mismo.
El pasado 11 de agosto, la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua recibió un exhorto de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Masaya, en la que le notificaban del recurso que alegaba la supuesta detención ilegal de los detenidos.
La Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua está integrada por los magistrados Enrique Chavarría, Silvia Rosales y Martha Lacayo, pero por ausencia de Rosales y Lacayo se llamó a integrar sala a la magistrada Juana Méndez, quien es miembro de la Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua.
Chavarría y Méndez nombraron como juez ejecutor del recurso de exhibición personal al juez suplente Moisés Rodríguez Zelaya, quien se personó a la cárcel de mujeres y logró sacar a Bucardo, a quien ahora se trata de recapturar.
También se personó a la cárcel de Tipitapa, pero no logró lo argumentado, pues las autoridades alegaron que el detenido tenía causas pendientes con la justicia.
INSISTE EN DETENCIÓN ILEGAL
En sus consideraciones, Rodríguez establece que “los ciudanos Jorge Eliézar González Hernández y/o Luis Ángel González Largo y la señora Leyla Bucardo Chávez fueron sometidos a detención y prisión arbitraria al ser privados de su libertad y están a la orden de una autoridad judicial que no está facultada para conocer del caso”.
Agrega que los procesados fueron detenidos ilegalmente, sin orden judicial, en la ciudad de San Marcos, Carazo.
A su vez alega Rodríguez que González Largo y su cónyuge “guardaron prisión arbitrariamente sin derecho a la defensa”, y fueron conducidos a Managua en horas de la noche de ese día que fueron arrestados.
“Sin permitirles que fuesen juzgados por el juez natural” y menciona el artículo 11 del Código Procesal Penal (CPP), el cual establece que: “Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los designados conforme a la ley. En consecuencia nadie puede ser sustraído de su juez competente establecido por la ley, ni llevado a jurisdicción de excepción”, refiere en su acta.
En su informe el juez ejecutor ordena al Juzgado Sexto de Distrito Penal de Juicio de Managua, al Juzgado Primero de Distrito de Ejecución de Sentencias y Vigilancia Penitenciaria y al presidente de la Sala Penal Número Dos del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Managua, Fanor Téllez y a la fiscal adjunta María Lourdes Bolaños, así como al prefecto Carlos Sobalvarro, director del Sistema Penitenciario Nacional, pongan en libertad inmediata a ambos ciudadanos.
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