Opinión económica
Las oportunidades de negocios en el sector público
Laura Rojas,
Carol O´Riordan y
Elvira Lérida
Aunque la reciente aprobación del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y la República Dominicana (DR-Cafta) ha generado controversias y acaloradas discusiones, todos los analistas han ignorado un aspecto crítico del Acuerdo que favorecerá el comercio bilateral y la inversión, así como el desarrollo general de la región: el Capítulo 9 del DR-Cafta requiere que los negocios centroamericanos reciban acceso de mercadeo directo a Estados Unidos (Federal), a 23 gobiernos estatales, y a siete entidades subfederales, mientras que a los negocios estadounidenses se les otorga un tratamiento análogo en los restantes Estados DR-Cafta.
El valor del acceso a este mercado para negocios en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana, así como para los negocios con base en Estados Unidos interesados en entablar relaciones comerciales con estos países, nos lleva a preguntarnos: ¿por qué se ha pasado por alto el Capítulo 9 y qué hará falta para que las firmas con base en los países DR-Cafta puedan aprovecharse de estas oportunidades?
Una posible explicación sería que los analistas se han limitado a evaluar las oportunidades ofrecidas por DR-Cafta comparándolo con el impacto regional, a veces decepcionante, de Nafta. Sin embargo, Nafta no estableció un acceso tan amplio a los mercados del sector público, dejando los gobiernos subfederales y entidades públicas fuera del alcance del acuerdo. Sería más apropiado comparar DR-Cafta con el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Chile, y el éxito que las compañías chilenas y estadounidenses están empezando a experimentar a medida que hacen uso de las oportunidades ofrecidas por el sector público acogiéndose a las provisiones del acuerdo, similares a las contenidas en el Capítulo 9 de DR-Cafta.
El Capítulo 9 del DR-Cafta elimina así el obstáculo de Apreferencia nacional@ establecido por la normativa estadounidense que requiere “Comprar Americano”, y que hasta ahora bloqueaba la participación de negocios no estadounidenses en el mercado del sector público. El potencial para los negocios centroamericanos no debería dejarse de lado: el Capítulo requiere que determinadas agencias y departamentos del Gobierno Central de los Estados Unidos (Federal), y que determinados gobiernos estatales, regionales y municipales traten a los negocios dominicanos, costarricenses, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos o nicaragüenses como equivalentes a negocios estadounidenses cuando hagan compras con el sector público por encima de determinados umbrales económicos.
¿Esto les interesa a los negocios centroamericanos? Esperamos que sí, una vez que se den cuenta del tamaño del mercado, sus numerosos puntos de entrada, y el nivel de gasto del sector público. Incluso si se tiene en consideración solamente las licitaciones por US$25,000 y más, el gasto público federal de Estados Unidos en 2003 excedió los US$274 billones, y llegó a niveles superiores a US$1,000 millones en 38 de los 50 Estados. Igual de importante es que los bienes y servicios comprados por el Gobierno federal pertenecen a cualquier categoría que uno pueda imaginar. Algunos son obvios: helicópteros, tanques, municiones, y materiales (madera, cemento, tendido eléctrico) necesarios para fabricar equipos y para construir los edificios empleados para guardar esos equipos. Otros son menos obvios: comida, sábanas, toallas, muebles, material de oficina y de conserjería, entre otros, empleados por los burócratas y todo tipo de trabajadores del Gobierno, incluyendo aquéllos en las fuerzas armadas.
Quedarán los negocios centroamericanos, a menudo más pequeños que sus homólogos estadounidenses, desanimados por los relativamente altos umbrales económicos establecidos por DR-Cafta? Probablemente no. DR-Cafta complementa otras posibles oportunidades en el sector público. Más de la mitad de las licitaciones ofrecidas por el Gobierno federal están por debajo de los umbrales establecidos por DR-Cafta, y la mayoría de ellas, al nivel de microcompras, son por cantidades inferiores a US$2,500, y se encuentran por normativa exentas de los requisitos de “preferencia nacional”.
Las microcompras son realizadas primordialmente a través de transacciones con tarjeta, y no están sometidas a los requisitos de competición, documentación y responsabilidad que se aplican a las adquisiciones tradicionales cubiertas por Cafta. Regularmente las agencias autorizan a miles de representantes a hacer microcompras, incrementando enormemente el número de potenciales compradores que ofrece el mercado federal tradicional. Por tanto, podemos predecir que los negocios centroamericanos adoptarán una estrategia de marketing que combine las formas tradicionales de adquisición (ahora disponibles a través de Cafta) y las microcompras, como forma de expandir el número de puntos de entrada en el mercado federal y aumentar las posibilidades de asegurar contratos.
Un negocio centroamericano no estará limitado a las oportunidades del sector público federal. El mercado subcentral es también enorme. En el año 2004, el Estado de California empleó más de US$107 billones en compras de alimentos, y más de US$2 billones en materiales de limpieza. En el año 2004 el Estado de Florida empleó más de US$8 billones en comida, y casi US$3 billones en materiales de conserjería. Los mercados estatales también cuentan con información útil para el asesoramiento de mercado, aunque la calidad de los datos puede ser irregular y de calidad cuestionable.
¿Cómo encontrarán los negocios americanos su nicho en este mercado? Los inversores podrán analizar datos federales de múltiples fuentes para determinar qué mercados ofrecen mejores rendimientos para sus inversiones.
Todo ello será posible para los negocios centroamericanos gracias a la tecnología y a la oportunidad de asociación con pequeños negocios estadounidenses (que normalmente son más flexibles que sus homólogos de mayor tamaño). Todos los mercados (federal y estatal) proporcionan información sobre las licitaciones públicas a través de los websites y portales electrónicos de fácil acceso. Podemos prever que en la identificación de oportunidades de negocio los negocios centroamericanos emplearán estos métodos de búsqueda, contratarán representantes localizados en Estados Unidos, y se suscribirán a servicios de notificación electrónico. Tarifas relativamente bajas permitirán a los subscriptores recibir un sumario de las oportunidades más relevantes, y evitar tener que revisar miles de ofertas irrelevantes.
El efecto a largo plazo del acuerdo en la región es incierto: las exportaciones estadounidenses ya constituyen el 40 por ciento de todas las importaciones a la región centroamericana y Estados Unidos ya reciben dos tercios del volumen total de las exportaciones a Centroamérica. Aunque es difícil predecir cómo el comercio y las inversiones evolucionarán bajo el DR-Cafta, lo que sí es seguro es que proporciona un marco legal que no existía con anterioridad, y que permitirá a los negocios embarcarse en planes a largo plazo y tomar decisiones de inversión con seguridad.
Laura Rojas es consultora internacional; Carol O´Riordan y Elvira Lérida son abogadas del The O'Riordan Bethel Law Firm. Todas operan en Washington D.C.
|
