Gobierno sin plan ante alza de crudo
Luis Núñez Salmerón
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Los mercados internacionales se vieron movidos por un nuevo récord petrolero, cerrando en 65.80 dólares por barril, en una tendencia que según expertos nacionales e internacionales, no se detendrá en el resto del año.
Mientras tanto, en Nicaragua las autoridades todavía no han definido cuáles serán las medidas a tomar ni cómo enfrentarán la crisis.
El viceministro de Fomento, Industria y Comercio, Alejandro Argüello, expresó que la posición de ese Ministerio es que no se implementen medidas de racionamiento o de restricción de vehículos.
“No estamos de acuerdo con regular el transporte y se restrinja por placas pares o impares; no se debe restringir el uso de vehículos en la capital para ahorrar combustible”, expresó.
Además, consideró no adecuado establecer horarios de funcionamiento para centros de diversión nocturna, para ahorrar energía.
“Esto más bien podría tener efectos más negativos que el alza misma”, afirmó, y estimó que una medida de este tipo detendría el ritmo de crecimiento.
Para el presidente de la Cámara de Industria de Nicaragua (Cadin), Erwin Krüeger, “éste es un problema que ya se veía venir y lo peor es que no se trata de una situación temporal en la que el crudo vaya a subir para luego bajar; hay que esperar que el precio se mantenga a este nivel o suba todavía más”.
El dirigente empresarial cree que lo peor esté por venir cuando empiece la época fría en el hemisferio norte y se dispare todavía más la demanda de petróleo, presionando al mercado internacional.
A diferencia de otras crisis, en esta ocasión no hay escasez sino todo lo contrario, hay producto, pero a precio elevado.
Además, es muy difícil prever que haya una baja, cuando los principales mercados bursátiles del mundo registraron cierres positivos, a excepción de Brasil y Argentina.
El impacto a nivel interno se centra sobre la inflación y las reservas internacionales, según economistas independientes que señalan que es de prever un aumento importante en la factura petrolera, calculada para este año en 500 millones de dólares, según el economista Róger Cerda.
Esto representa el 30 por ciento de las importaciones totales y el 66 por ciento de las exportaciones del país.
Por otro lado, todavía no se termina de negociar un subsidio al transporte que significaría en el futuro un gasto de por lo menos 50 millones de córdobas del presupuesto para el sector.
Esto excluyendo lo que podría corresponderle a las generadoras de energía que demandan también ajustes en las tarifas o una compensación de parte del Gobierno, que podrían significar otros seis millones de dólares.
En este sentido, la Comisión Nacional de Energía (CNE) todavía no termina de preparar un paquete de medidas para enfrentar la crisis, que escapa del control del Estado.
El presidente de la Comisión, Raúl Solórzano, asegura que lo que queda es promover la producción de energías alternativas para reducir al máximo la dependencia del petróleo.
Pero esto no es tan fácil como parece, ya que si bien son fuentes que generan energía más barata, tienen un costo inicial elevado.
“Además, la legislación en la materia es nueva y con algunas limitantes”, afirmó el viceministro Alejandro Argüello.
La Ley de Promoción al Subsector Hidroléctrico fue aprobada el 13 de abril del 2005 y publicada el 26 de mayo de este mismo año.
“Esta ley debió haberse aprobado hace por lo menos cinco años”, afirmó el presidente de Cadin, Erwin Krüeger.
Según él, estas inversiones llevan tiempo establecerse y requieren de gran inversión, de tal forma que se debe esperar varios años para empezar a ver las primeras generaciones.
Mientras, la dependencia del petróleo seguirá siendo alta, más del 70 por ciento de la generación total.
Adicionalmente, según el viceministro Argüello, hay otros problemas para la generación de energía hidroeléctrica. Una de ellas es la limitante en cuanto al tope de generación, ya que la ley solamente autorizó un máximo de 30 megawatts.
No obstante, Krüeger sostuvo que se debe hacer una revisión en la relación de la generación y distribución de la energía, para aplicar los aumentos a la tarifa con el aumento de los precios del combustible, ya que la gente consume sin ahorrar el recurso.
Esta situación estimula un aumento en las importaciones de petróleo, y a juicio del empresario esto promovería un sector energético sano, porque habría una recuperación rápida de las alzas.
Esto implicaría que debe ser el mercado el que regule los precios y determine las medidas de ahorro. Medidas que según Alejandro Argüello no deben ser impuestas sino el resultado de los ajustes que deben hacer las empresas para ser eficientes.
Krüeger, también gerente de San Jacinto Power, generadora de energía geotérmica, insiste en la necesidad de impulsar las investigaciones en el uso de combustibles vegetales como el etanol, que permitirán mayor ahorro.
Esta empresa inició este año la generación de 10 megawatts y piensa ampliar su capacidad a 65 en unos dos años, afirma.
PACTO DE SAN JOSÉ
Una las opciones con las que puede contar Nicaragua es el denominado Pacto de San José, una declaración conjunta de los presidentes de Venezuela y México, suscrita inicialmente en agosto de 1980 en San José, Costa Rica.
Con este acuerdo, los gobiernos de México y Venezuela venden petróleo con un fondo de cooperación de por medio.
Este acuerdo establece un mecanismo de ayuda social y económica para los países participantes. En este caso, Honduras, Nicaragua, Barbados, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Jamaica, Panamá y República Dominicana.
El economista Róger Cerda indicó que Nicaragua no puede acceder fácilmente, ya que las condiciones de estos créditos son en términos comerciales y no concesionales, algo que el país no puede hacer por su condición de estar bajo el amparo de la Iniciativa para Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC por sus siglas en inglés) que no le permite asumir créditos comerciales. Además, está dirigido a empresas estatales.
DE VENEZUELA
El 92 por ciento del petróleo que importa Nicaragua proviene de Venezuela, pero no logra las concesiones del Pacto de San José, por las condiciones de la HIPC.
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