Golpes en la mesa
¿Es la respuesta más mano dura?
Alberto L. Alemán Aguirre
A sus 13 años, el joven es toda una máquina de matar.
Se le atribuyen 17 homicidios, venta y consumo de drogas, y la pertenencia a la temida Mara 18 y el liderazgo de un grupo menor.
El asesinato del agente de la DEA Michael Timothy Markey la semana pasada, a quien disparó cuando se resistió a que le robaran la cartera, es el último de los actos delictivos de Erlan Fabricio Colindres, alias “El Siniestro”.
Erlan es un niño hondureño de origen muy pobre que ya había sido agarrado tres veces y enviado a un correccional de menores. Cada vez escapó. Su compinche en el suceso es otro joven de igual edad, su “guardaespaldas”, Manuel Romero.
Ambos eran conocidos por su temible presencia en un barrio miserable de Tegucigalpa que lleva el nombre de Nueva Suyapa, mejor conocido como “El Infiernito”. No hay que ser adivino para saber por qué.
Según la prensa hondureña y las autoridades, el hecho ilustra el continuo peligro que representan las maras, el problema número uno de seguridad pública.
Y tienen no poca razón. Pero también ilustra una vez más la realidad del fracaso de las respuestas exclusivamente represivas al fenómeno de las pandillas centroamericanas.
He estado siguiendo la cobertura de la prensa local al caso. Su captura fue noticia de primera plana de los diarios.
El joven escapó del correccional, por cuarta vez, dispuesto quizás a hacer válida su amenaza de liquidar al menos a algunos de los periodistas que cubren el caso. También hubo un buen lugar para esta nota, al menos en la web.
Pero no he visto aún —ojalá me equivocara— un trabajo periodístico que vaya más allá, que ahonde en la historia personal del joven, a las circunstancias sociales y familiares que le llevaron a convertirse en ese matón sangriento e implacable que, en vez de jugar a aniquilar monstruos o enemigos virtuales en una computadora, hala sin contemplaciones el gatillo para acabar con vidas reales.
Ésta es también una carencia —usual pero no permanente— en la prensa de Nicaragua.
Leí sobre cómo los agentes de la Policía le llegaron a buscar a su hogar familiar, cómo interrogaron a su madre postrada en una cama en una casucha. Ella, entre sollozos, negó saber dónde estaba.
Pero nadie —quizás haya que comprender el temor de los colegas en un país varias veces más violento que el nuestro—, nos ha dicho o se ha sentado a hablar con esa madre, con algún primo o tío, que cuente cómo ha sido la vida de un niño que no terminó la escuela primaria. Quizás no sepa leer ni escribir.
Quisiera que alguien me respondiera a la pregunta: ¿Pudo tener otro camino?
En Honduras hay decenas de miles de mareros; las cifras van de unos 40 mil hasta unos 100 mil según distintas fuente. Un montón, como sea.
Hace dos años, se reformó el Código Penal para endurecer las penas de cárcel a los mareros y los jefes. ¿Resultado? Miles de jóvenes detenidos, pero según algunos estudios independientes, Honduras tiene el más alto número de homicidios por 100 mil habitantes en Latinoamérica, superando incluso a Colombia.
Siguen ocurriendo masacres como la de la víspera de Navidad en San Pedro Sula, o “incendios” en penales que terminan en matanzas de reos.
Las pandillas libran una guerra con el gobierno y la sociedad. Una de las más terribles tendencias últimas, es el asesinato de policías.
El gobierno de Ricardo Maduro afirma que son los mareros. ¿Pero podría ser más bien el crimen organizado, el narcotráfico, los traficantes de personas?
Los meses recientes nos dan bases para creerlo. Recordemos la detención del ex director de Migración, envuelto en un escándalo de venta de falsos pasaportes a chinos.
Como en Nicaragua, personas ligadas a la narcoactividad son detenidas y en poco tiempo, salen libre gracias a jueces muy benevolentes.
Como en nuestro país, la costa del Caribe, es un paraíso del paso libre de la droga colombiana.
Está el contrabando de combustible, el famoso “gasolinazo”, según los diarios.
No hace dos meses, tuvo que nombrarse a un nuevo Fiscal General, porque el anterior no quiso atacar casos de rampante corrupción y más bien cerró varias investigaciones. Una podía salpicar al candidato presidencial del oficialista Partido Nacional y presidente del Congreso, Porfirio Lobo.
¿Y las denuncias de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes de Casa Alianza? Nunca se ha investigado debidamente.
Como buen político, Lobo dice lo que la gente quiere oír. Indignada, la población quiere el fin de la plaga de las pandillas. Lobo promete impulsar la pena de muerte y ahora, propone al Congreso dar hasta 15 años de prisión a los menores asesinos como “El Siniestro”.
En El Salvador, los homicidios diarios se dispararon este año de 9 a 12 por día, a pesar de la “Súper Mano Dura” del presidente Tony Saca.
El problema requiere profundo análisis, ahondar en factores sociales y preparar respuestas de alternativas inmediatas y de largo plazo. Pero con seriedad y no demagogia electoral. Con ella se ganará votos, pero no la guerra al fenómeno.
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