BIT... ¿mal parqueados?
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La controversial Ley Especial de Creación de Bonos de Inversión Turística (Ley BIT), aprobada en lo general en diciembre pasado, sigue esperando por su vigencia. Entretanto el Gobierno mantiene sus posiciones a favor y en contra de la ley frente a comentarios que critican severamente estos bonos por ser una amenaza a las recaudaciones fiscales |
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El turismo se sitúa como una opción inversionista primordial.
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Amparo Aguilera Irías y
Gustavo Ortega Campos
economía@laprensa.com.ni
Ver infográfico
Desde inicios de año Gran Pacífica, proyecto que construirá condominios y un hotel de grandes dimensiones en las playas de Villa El Carmen (Managua), espera por la aprobación, en lo particular, de la Ley Especial de Creación de Bonos de Inversión Turística (Ley BIT).
La misma que los diputados locales aprobaron, en lo general, el 14 de diciembre del 2004, precisamente un día antes de cerrar las sesiones parlamentarias del año pasado.
Michael K. Cobb, presidente del proyecto de Gran Pacífica, dice que en un mes prevén iniciar la construcción de las casas que estarán a la venta en los primeros meses del próximo año. En enero del 2006, por ejemplo, señaló que quieren iniciar la construcción del campo de golf del hotel.
“Pero —aclaró— vamos a esperar la Ley BIT (para) empezar la recaudación de los fondos para los bonos (de inversión) cuando la aprueben y así empezaríamos la construcción del hotel”.
Sin embargo esto les podría llevar más tiempo. Los diputados sandinistas y liberales, aparte de estar concentrados en otras leyes, coincidieron en los últimos días en que el impacto de la Ley BIT debe aclararse.
Esto a pesar de que el sector privado, junto a funcionarios del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), ha hecho “romerías” en el Parlamento, efectuando un constante cabildeo a favor de la Ley.
“Pero el problema es que se manejan diferentes cifras en cuanto al impacto de esa ley, y hay quienes dicen que habrá afectación en el Fisco, entonces no hay consenso en el plenario por lo que es mejor esperar a que lo haya para pasarla”, dijo a LA PRENSA el presidente de la junta directiva de la Asamblea Nacional, el sandinista René Núñez.
Hecho que fue confirmado por el parlamentario sandinista Nasser Silvany, vicepresidente de la Comisión de Turismo en el Parlamento, quien reiteró que: “Primero habrá que consensuar cifras para aprobar, en lo particular, los BIT”, apuntó sin especificar plazos.
LAS POSICIONES
En realidad desde que se presentó como anteproyecto la Ley BIT generó controversia. Róger Arteaga, titular de la Dirección General de Ingresos (DGI), fue el primero en declarar que de entrar en vigencia generaría al Fisco una pérdida anual de 700 millones de córdobas.
Aunque nunca explicó por qué. Incluso ayer tras intentar LA PRENSA, una explicación al respecto remitió el asunto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), entidad que ya ve con buenos ojos la ley.
César Suazo, secretario general del MHCP, al respecto dijo que “siempre se ha estado a favor de los bonos, nunca se ha dicho lo contrario”. Pese que a mediados de junio pasado la posición era otra.
En ese entonces el titular del MHCP, Mario Arana, recalcó que revisarían los bonos para definir su apoyo o rechazo, “pues el país busca sanidad macroeconómica”, argumentó para entonces el ministro.
Esto, en otras palabras, implicaría la eliminación de algunas exenciones con miras a mantener el programa económico que Nicaragua tiene, desde el 2002, con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que esto conllevaría a un desembolso de 175 millones de dólares.
Suazo no supo explicar el cambio de parecer. Entretanto las autoridades del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) siguen justificando que “los bonos van porque son necesarios para reducir el déficit habitacional y para aumentar las inversiones”.
Aunque en términos del Fisco el asunto es complicado. Sergio Argüello, asesor jurídico en el Intur, de entrada es claro: “Lo bueno del mecanismo de bonos es su efecto multiplicador”.
MAS “ARGUMENTOS”
“Por ejemplo con un proyecto de 100 habitaciones que se instale en una zona deprimida (donde el Gobierno no invierte) como son las playas, se recibirán turistas que gastarán en comida, paseos y servicios. Esto a su vez generará empleos porque habrá que satisfacer esas demandas... a lo que se agregará la inversión en infraestructura (de acceso y áreas verdes) que realizará el inversionista, y eso a su vez, aumentará el valor de las propiedades que estén cerca de la inversión”, apuntó.
Sin embargo, no definió con certeza cuánto significará esto en pesos y centavos, para determinar las “ganancias” futuras del Estado. Aunque Argüello insistió en que no habrá afectación en las recaudaciones porque los impuestos que se utilizarán para pagar los bonos a los tenedores son los que contempla la Ley 306.
Pero éstos fueron eliminados en las recientes reformas fiscales y son los que estarán siendo revisados en la comisión interinstitucional, recién conformada por la DGI, Intur, MHCP y empresarios.
Además refirió que el Estado sólo tendrá la opción de recuperar lo otorgado mediante la compra de acciones valoradas hasta en un 13 por ciento del valor del proyecto. Pero no especificó a cuánto se les venderían, en qué condiciones, ni a cuánto se estaría multiplicando lo invertido en 10 ó 15 años.
Por otro lado el experto fiscal René Vallecillo, defensor de la Ley BIT, en días recientes expuso que el 70 por ciento de las exenciones que contiene la ley se hará efectivo hasta que el proyecto inicie operaciones.
“Es decir no tendrá inmediatez, a como sucedía con los Certificados de Crédito Fiscal. Además el Estado podrá recuperarlas a través de las acciones del proyecto. Es decir, no habrá ninguna pérdida”, valoró sin dar detalles.
Sin embargo Julio Francisco Báez, otro experto fiscal local, cree lo contrario. “Primero quiero que me lo demuestren, que me lo sustenten técnicamente y sin artimañas”, dijo.
“Y si se demuestra que un mecanismo como la ley de bonos es la panacea de desarrollo económico para un sector y acepta el Gobierno que no es pérdida sino inversión, cosa que yo pongo en duda, entonces propondría que se aplique a todos los sectores por qué, bueno porque ¿dónde están las leyes de incentivos al sistema exportador, dónde están la política nacional de incentivos para el sector agropecuario, para la pequeña y mediana empresa?”, expresó.
Tras señalar que a como está la ley sólo beneficiará a unos cuantos, “porque la Ley 306 o Ley de Incentivos para la Industria Turística no incluye a las pymes turísticas”, recordó.
No obstante, Argüello aclaró que trabajarán paralelamente en la reforma a la Ley 306 para “corregir precisamente eso”, asegurando que continuarán cabildeando a favor de la ley de bonos.
¿Y LOS ACADÉMICOS?
Reinaldo Balladares, experto fiscal con doctorado en Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Salamanca, expuso que el mecanismo que se utiliza en la Ley Especial de Creación de Bonos de Inversión Turística (Ley BIT) “no calzará satisfactoriamente en el marco constitucional financiero nicaragüense”.
“Porque el Tax Increment Financing (TIF) o financiamiento por incremento de impuesto, que hace mención la Ley BIT, se aplica para que los entes públicos pretendan el desarrollo de zonas económicamente deprimidas a través de la creación de infraestructura básica que facilite y haga atractiva la inversión privada, en esa zona... es decir es un plan que emplea los fondos públicos para obras públicas, no privadas”, expuso.
“Y —añadió— existen dos vías para hacer esto: la primera establece que la entidad pública emita bonos para financiar el gasto que supone la realización de las obras de desarrollo (deuda pública). La segunda, en tanto, conocida como pay-as -you-go (o págalo según vaya) establece que la o las empresas encargadas de tal situación aporten el capital inicial, el cual será desembolsado por el ente público a cargo de la realización de las obras, según la recaudación de impuestos subsiguiente”.
“La entidad pública —continúo— procede a congelar el conjunto de impuestos que se venía pagando previo a la implementación del plan, de modo que una vez transcurrido el tiempo establecido para la realización de las obras, si se procede a gravar las propiedades y actividades conforme al incremento de valor de mercado de los bienes inmuebles situados en esa circunscripción y del volumen de los negocios sujetos a los impuestos sobre gasto o consumo”.
De acuerdo a Balladares la diferencia de valor o el “incremento de impuesto” que se logra mediante esta medida cubre los gastos de inversión pública realizados por la entidad interesada, así como los posibles préstamos realizados para la realización de las obras.
“En el mecanismo no existe una autorización para emitir bonos a los inversionistas privados ni se permiten que se utilicen los flujos futuros de IR e IVA para pagar tales actividades. Quienes han hecho la ley desde esta perspectiva, han confundido el contenido real de los TIF”, concluyó.
A FORO DEBATE
El experto fiscal Julio Francisco Báez, llamó al sector privado, al Gobierno, expertos independientes a que se exponga técnicamente en un foro debate los efectos e implicancias cuantitativos que traerá consigo la Ley Especial de Creación de Bonos de Inversión Turística. “Porque hay mucha confusión, de modo, que a mi juicio, pienso que primero se tendrá que revisar bien esto antes de que los parlamentarios locales la aprueben en lo particular, eso sería lo técnicamente correcto”, puntualizó.
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