Desafuero continúa su curso legislativo
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Además de los supuestos delitos electorales, ahora plantean “defraudación fiscal” |
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Presidentas de ambas comisiones introducirán dictámenes ante la Primera Secretaría la próxima semana |
Ludwin Loáisiga López
politica@laprensa.com.ni
La próxima semana los miembros de las dos comisiones especiales del Parlamento, que investigan supuestos delitos electorales cometidos por el presidente Enrique Bolaños y algunos ministros, planean introducir ante la Primera Secretaría del Parlamento sus dictámenes.
La comisión que investiga al presidente Bolaños inició ayer mismo la redacción de su dictamen y a partir del próximo lunes lo hará la comisión que indaga a los ministros de Estado.
Para hoy está programada una conferencia de prensa donde se dará a conocer un primer informe oficial respecto al avance de las indagaciones que realizó durante la etapa probatoria la comisión que investiga a los ministros gubernamentales.
Por su lado, la diputada sandinista Mirna Rosales —presidenta de la comisión que investiga al Presidente— no descartó que al margen de los supuestos delitos electorales también se pueda encontrar delitos por supuesta defraudación fiscal en el manejo de los fondos de la campaña electoral del año 2001.
“Hay evidentemente un delito de defraudación fiscal que tenemos que comprobar si existe o no (...) todos dicen que no, que no reportaron (los fondos) a la DGI (Dirección General de Ingresos)”, sostuvo Rosales.
“Tendrán que verse todas las alternativas, porque no se reportan varias cuentas en el Consejo Supremo Electoral, no se reportan a la DGI, no se reportan a la Contraloría, entonces se tienen que hacer varios análisis”, agregó la diputada sandinista.
CUENTAS SIN REPORTAR
El vicepresidente del Consejo Supremo Electoral, Emmet Lang, dijo, -cuando rindió declaraciones ante una de las comisiones-, que durante los comicios del año 2001 el equipo de Bolaños no reportó algunas cuentas bancarias, en las cuales se depositaron los fondos para financiar su campaña.
Tanto Rosales como Nathan Sevilla y la liberal Lilliam Morales Tábora, presidenta de la comisión que investiga a los ministros de Estado, señalaron que serán las autoridades judiciales las encargadas de investigar por completo el origen de los fondos que se utilizaron en la campaña electoral del año 2001.
“Las instituciones que estaban dentro del proceso de investigación para la comisión de delitos electorales, ninguna ha podido culminar estas investigaciones por limitaciones legales”, alegó Morales Tábora.
De acuerdo al contralor Guillermo Argüello, entre las auditorías que ha realizado el ente fiscalizador no se encuentra el origen de casi ocho millones de dólares y de unos doce millones de córdobas que se emplearon en la campaña del 2001.
“Nunca pudimos establecer con unas pruebas contundentes, definitivas, competentes, pertinentes, cuál fue el origen de los fondos que se usaron en la campaña electoral del señor Presidente de la República”, dijo Argüello tras declarar la semana pasada.
Autoridades del Banco de la Producción (Banpro) rindieron declaraciones ayer ante la comisión que investiga a los ministros involucrados en los presuntos delitos electorales.
Sevilla, secretario de la comisión de desafuero de ministros de Estado, explicó que los representantes del Banpro esclarecieron que ejecutaron transacciones con el Saint George Bank, de Gran Caimán, aunque esa institución no pertenece al Sistema Financiero Nacional.
Morales Tábora dijo escuetamente, a título personal, que “hay una cantidad de hallazgos”, cuando se le consultó si hasta ahora la comisión cuenta con pruebas para solicitar la desaforación de los ministros.
La semana pasada, Sevilla aseguró que la comisión a la cual él pertenece tiene pruebas suficientes para sugerir al Parlamento que suprima la inmunidad a los ministros.
Por otro lado, Morales Tábora ha alegado que existen irregularidades respecto a las cuentas que se manejaron en el extranjero en la campaña de Bolaños.
LOS IMPUTADOS
El proceso de desaforación que siguen las dos comisiones de la Asamblea Nacional involucra únicamente a funcionarios del Gobierno Central.
Una primera comisión indaga al presidente Enrique Bolaños, a cuyo equipo de campaña lo señalan por no reportar distintas cuentas bancarias, que de acuerdo a las auditorías de la Contraloría General de la República suman casi ocho millones de dólares y alrededor de 12 millones de córdobas, según dijo el contralor Guillermo Argüello la semana pasada.
La segunda comisión investiga a Julio Vega, Miguel Ángel García, Arturo Harding Lacayo, Mario Salvo, Leonardo Somarriba, Fausto Carcabelos y Vilma Rosa León York, en su mayoría funcionarios de Estado.
EL MANDATO LIBERAL
El pasado 11 de julio, durante la Gran Convención Liberal, los diputados de esa organización recibieron el mandato de aprobar el desafuero para el presidente Enrique Bolaños y los ministros de Estado que son objeto de investigación. Fue el legislador Enrique Quiñónez quien pidió a los convencionales apoyar el desafuero para Bolaños. El respaldo fue unánime.
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