En las últimas jornadas de violencia callejera una vez más ha quedado en evidencia que el lema “firmar me harás, cumplir jamás” —que resume la actitud, valores y principios del sandinismo— sigue en pleno vigor dado el proceder de sus allegados del Consejo Nacional de Universidades (CNU).

Es realmente lamentable el papel que el CNU, con su presidente a la cabeza, ha jugado durante los actos vandálicos de los días anteriores, en los que han dado muestras de su “educación” y del uso que hacen del seis por ciento del presupuesto que pagamos todos los ciudadanos. En realidad, el vandalismo de los universitarios demuestra que su intención no es defender a la población del incremento del pasaje en los buses, sino el cumplimiento de un mandato de desestabilizar el país y, sobre todo, debilitar aún más al Gobierno.

Hay que recordar que hace un año aproximadamente, el presidente del Consejo Nacional de Universidades (CNU) se comprometió ante la población y ante el Gobierno a revisar el marco jurídico del seis por ciento, a fin de terminar con los alborotos que hacen los estudiantes cada vez que quieren crear caos.

Con ese objetivo se instaló el Foro Nacional de Educación, del que forma parte el CNU. Sin embargo no se ha visto una clara, sincera y decidida intención de parte de las autoridades universitarias para controlar a los vándalos que son soltados a las calles para que destruyan la propiedad privada, la del Estado —que nos pertenece a todos—, y para agredir a quienes no se alinean a sus prepotencias cada vez que la cúpula del FSLN quiere alcanzar algún objetivo o simplemente desahogar su instinto de violencia.

La sociedad debería castigar a esos individuos que se hacen llamar estudiantes y que salen a la calle, con la cara tapada —igual que los peores delincuentes— y obligarlos a pagar lo que destruyen. Pero no con los fondos del seis por ciento, sino que deben asumir la responsabilidad como personas dentro de la sociedad y juzgarlos individualmente, como se hace con cualquier mortal cuando se comete algún delito.

Es evidente que la población está cansada de estas personas que cuando los llevan presos son estudiantes y cuando destruyen y asolan como verdaderos bárbaros, no lo son. Pero independientemente de quienes sean, las autoridades policiales tienen el deber de aplicarles la ley y la sociedad civil tiene el derecho de llamarlos a juicio para que paguen por sus daños.

Desafortunadamente gran parte de nuestra sociedad, preocupada ante todo por el sustento diario, se enoja pero no actúa contra la barbarie que a diario cometen algunos políticos, delincuentes de cuello blanco, criminales comunes y ciertos rectores que con doble moral juegan al papel de grandes componedores, cuando por debajo son los principales instigadores y responsables de los que hacen sus “muchachos” cuando son soltados en las calles.

Es necesario que de una vez por todas se revise la asignación del seis por ciento para que ésta sea otorgada directamente a los estudiantes y no a las universidades. Es una inmoralidad que en un país tan pobre como Nicaragua se utilicen fondos del presupuesto para destruir el país y no para contribuir a su desarrollo. La sociedad civil, la empresa privada y las instituciones que trabajan con la Educación deberían hacer un frente común para acabar con esta barbarie y revisar el tema del seis por ciento. Y también hay que señalar la culpabilidad de los diputados del Partido Liberal Constitucionalista, que han renegado de sus postulados democráticos en aras de la corrupción, de manera que apoyan al FSLN y han engavetado la promesa de poner entre sus temas de negociación la revisión del seis por ciento.

Pero este tema se debe reivindicar en el Foro Nacional de Educación que a mediados de mayo instalará dos nuevas mesas de trabajo para discutir el financiamiento de la educación y la legislación relativa a la misma.

En fin, ante los hechos de violencia ejecutados por los mal llamados universitarios y sus rectores, la empresa privada y todos quienes están en contra de la malversación de ese porcentaje del Presupuesto General de la República, deberían sacudirse la modorra y actuar con el propósito de terminar con el predominio de la fuerza bruta sobre la razón.

Fuerza bruta y CNU