En un plazo de cuatro años, las fuerzas políticas de Honduras desarrollaron un diálogo que incluyó la consulta a la sociedad civil, trabajadores organizados y la facilitación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Las decisiones se tomaron por consenso y no por mayoría. Los resultados: una reforma profunda al sistema político que abre las puertas a la democratización de los partidos y al mejor funcionamiento de la democracia
¿Por qué honduras lo logró y nicaragua no puede? Hasta ahora, el diálogo tripartito, que cuenta también con la facilitación del PNUD, se ha cerrado a escuchar la voz de la sociedad civil e incluso, la voz de las mismas contrapartes.

Eduardo Marenco Tercero

A pesar de que Honduras comparte con Nicaragua tragedias comunes —un alto endeudamiento, grandísimos niveles de pobreza y de iniquidad— y a pesar de la espiral de violencia que abate al país vecino, la historia política de ambos países, es disímil.

Sin embargo, ambas naciones vivieron regímenes autoritarios en su historia reciente —revolucionario por un lado y bajo la sombra del militarismo por el otro—.

Por tal razón, la democracia es un ensayo inconcluso en ambos países, abatida ahora por la ola de desencanto que recorre América Latina, debido al fracaso de las políticas económicas, la corrupción pública y la creciente iniquidad, conforme a los estudios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Sin embargo, con la facilitación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las fuerzas políticas y la sociedad civil hondureña consensuaron una profunda reforma política en un plazo de 46 meses (entre el 2001 y el 2004), por medio de unas mesas de negociaciones que tomaban decisiones de consenso y no por mayoría.

Incluso, en tales negociaciones conocidas bajo el paraguas de la “Comisión Política”, se le dio poder de veto a los partidos minoritarios. Las decisiones se tomaban con el concurso de todos. Si una minoría se oponía, tenía derecho a vetar el acuerdo. Y éste no era válido.



LAS REFORMAS

Los acuerdos se tradujeron en reformas constitucionales que echaron a andar fuertes demandas de la ciudadanía, muchas de ellas expresadas en las consultas realizadas por los facilitadores a distintas organizaciones de la vida social hondureña.

Por ejemplo, obtuvieron la separación del Tribunal Supremo Electoral y del Registro Civil de las Personas, pues la unidad de ambas instituciones bajo influencia partidaria, era fuente de gran desconfianza. El objetivo central era alejar la tarea técnica de elaboración del padrón electoral de cualquier influencia política. La reforma fue aprobada en noviembre del 2002 y ratificada en septiembre del 2003.

Por medio de otra reforma constitucional, consensuada en la Comisión Política y luego aprobada por el parlamento (enero a noviembre del 2004), se incorporó a la Constitución la figura del plebiscito y del referéndum. De este modo, se agregaron elementos de la democracia participativa al sistema político.

Una tercera reforma se dio en mayo del 2004, cuando tras un arduo proceso de negociación de cuatro años, se aprobó la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.

Esta ley, entre otros logros, permitió que la duración de las campañas para primarias o comicios internos, fuese de cincuenta días. Y asimismo, que la duración de la campaña para elecciones presidenciales fuese de noventa días. Quedó prohibida toda publicidad fuera de ese plazo.

Además, esta ley abrió las puertas a los partidos políticos emergentes. Por ejemplo, se reconocieron las alianzas nacionales o regionales, sin la pérdida de la personería jurídica.

Esta misma legislación les permitió establecer a los partidos, una lista de contribuyentes no autorizados, la notificación obligatoria de las donaciones recibidas, la obligatoriedad de la contabilidad partidaria —con origen y destino de ingresos y egresos— y la prohibición de que hubiese fondos no reportados o doble contabilidad.



APERTURA

También se establece una distinción entre elecciones internas y primarias. Las internas las organiza el partido y no son de voto obligatorio. Las primarias las organiza el Tribunal Nacional Electoral (TNE), son de voto obligatorio y de lista abierta y “desbloqueada” dentro de cada partido.

Es decir, cualquier ciudadano que milite en un partido tiene derecho irrevocable de inscribirse como candidato en unas primarias. Y en cuanto a la elección de diputados, los electores pueden cambiar el orden de la lista conforme a sus simpatías.

De igual manera, esta ley permitió que las listas de candidatos a diputados tuvieran fotos, que se pudiera dar el voto cruzado, pues desde entonces son distintas las boletas para presidente, congreso y municipios.

Otra reforma constitucional fue sustituir las figuras de designados presidenciales por la del vicepresidente de la República (septiembre del 2003).

También se declaró incompatible ser candidato presidencial y al mismo tiempo ser presidente de la Corte Suprema de Justicia o presidente del Congreso.

De igual modo, se restringió la inmunidad parlamentaria exclusivamente para asuntos relacionados a la función legislativa y para evitar la detención por acciones penales no justificadas.

Y Honduras, a pesar de ser un país que tiene la tasa de homicidios dolosos más alta de la región (el doble que Colombia) y que padece de un alto nivel de analfabetismo (tercer lugar en la región), ha abierto el poder público a la participación de las mujeres.

En la Ley Electoral ya citada, se estableció que el 30 por ciento de las listas al Congreso, dirección de los partidos, alcaldes y regidores; deben ser mujeres.

Y finalmente, en abril del 2001, el Congreso aprobó una reforma constitucional para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

La Junta Nominadora, conforme a la reforma constitucional, está integrada por representantes del Colegio de Abogados, las Cátedras Jurídicas, Comisionados de Derechos Humanos, Sindicatos, Patronales, Sociedad Civil y la propia Corte.



LA AGENDA INSTITUCIONALISTA

Ante el gran desencanto que se expresa en América Latina con relación al sistema democrático conforme a los estudios de las Naciones Unidas y los sondeos de Latinobarómetro, algunos pensadores apuestan por una agenda institucionalista con participación ciudadana, para que la democracia recobre su encanto en la ciudadanía.

De este modo, surgen dos caminos: consolidar las instituciones y democratizar los partidos. Se hace necesario, dice el pensador Giovanni Sartori, “la democracia entre los partidos como dentro de los partidos”.

Los partidos políticos hondureños, al menos en manifiestos públicos, expresaron estar de acuerdo con una agenda institucional y con la democratización de sus organizaciones.

El mecanismo creado, un diálogo con la facilitación del PNUD, la consulta periódica a la sociedad civil, debates académicos vinculados a arduas negociaciones, aunque no es un ensayo perfecto, señalan, es un modelo a tener en cuenta en las negociaciones que se adelantan en otros países, como en Nicaragua.



EL CASO DE NICARAGUA

Antes de que la crisis política dejara en ruinas el sistema político nicaragüense, el presidente de la República, Enrique Bolaños, solicitó la colaboración del PNUD, capítulo de Nicaragua, para contribuir a un diálogo con las fuerzas parlamentarias de mayoría, liberales y sandinistas.

Se suscribió en enero un acuerdo que definió una ambiciosa agenda institucional que incluía la despartidización de los Poderes del Estado. Sin embargo, varios obstáculos han entorpecido el desarrollo de esta mesa tripartita.

Por un lado, las fuerzas parlamentarias responden a dos caudillos: el ex presidente Arnoldo Alemán, condenado a veinte años de prisión por fraude al Estado; y el ex presidente Daniel Ortega.

Ambos han consolidado una alianza política y han echado a andar una reforma profunda al Estado, que resta atribuciones al presidente Bolaños y deja en manos de ambas fuerzas, a la democracia nicaragüense.

Y como una sombra, la excarcelación definitiva de Alemán se ha convertido en el primer punto en la agenda de los liberales, entorpeciendo el resto del proceso político.

Por otra parte, en Nicaragua, a diferencia de Honduras, no se ha consultado a la sociedad civil para incidir en el diálogo tripartito, el cual se encuentra en suspenso debido al retiro del Gobierno.

El Ejecutivo ha sostenido que se han dado reiterados incumplimientos de parte de liberales y sandinistas, en la elección de magistrados judiciales y ratificación de reformas constitucionales. Ambas fuerzas se habían comprometido a tomar decisiones por consenso. Pero liberales y sandinistas han impuesto la fuerza de la mayoría.



LOS FACTORES CLAVES

¿Qué hizo posible la reforma política en Honduras?

Según el criterio de los mismos partidos políticos, estos son algunos de los factores claves:

1. La voluntad real de negociar. Los negociadores eran de primer nivel y su presencia en la Comisión Política era la señal de que la negociación era de verdad. Esto fue acompañado con la presencia de facilitadores del PNUD, la de un coordinador externo de la comisión jurídica que ayudó a cristalizar la voluntad política, con la visita de expertos extranjeros que daban asesorías y charlas académicas; y finalmente, mediante viajes de la Comisión Jurídica para conocer experiencias en otros países.

2. La presión de la incertidumbre. La cercanía de las elecciones es un catalizador de las acciones políticas y un diálogo alterno sirve para impulsar el trabajo legislativo.

3. Representación igualitaria. Por increíble que parezca, los partidos hondureños mayoritarios, aceptaron que los minoritarios, tuvieran una representación igualitaria en la mesa de negociaciones. Ya había un antecedente en el Tribunal Nacional de Elecciones (TNE). El miembro adicional del TNE, para que sea un número impar, es nombrado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Tratar igual a los desiguales, se convirtió en una máxima favorable al consenso político.

4. La metodología del consenso. En un paso arriesgadísimo, los partidos hondureños mayoritarios aceptaron dar poder de veto a los partidos minoritarios al decidir que las decisiones se tomaban por consenso. Según la RAE, el consenso es el “Acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos”. Un acuerdo entre todos. De esta manera, si la minoría no estaba de acuerdo, tenía derecho a vetar la decisión de las mayorías. Y por tanto no había acuerdo.

5. Los facilitadores externos. Se implementó la presencia de facilitadores del PNUD que también sirvieron de testigos y garantes. Los facilitadores colaboraron en la definición de la agenda, la superación de los bloqueos y el seguimiento de los objetivos planteados.

6. La inclusión de la sociedad civil. Atender las demandas de la ciudadanía, expresadas en las consultas realizadas, permitió ampliar la eventual legitimidad del proceso.

7. El seguimiento de los acuerdos. Se creó un comité que dio seguimiento a la implementación de lo acordado.

En la mesa se sentaron el Partido Liberal, Nacional, de Innovación, Demócrata cristiano y de Unificación Democrática. Un análisis sobre este proceso será publicado a modo de libro muy pronto.



REFORMAS PROFUNDAS

En un plazo de cuatro años (2001-2004), las fuerzas políticas hondureñas negociaron en la llamada “Comisión Política”, reformas constitucionales para regular el financiamiento de las campañas. Y a través de una nueva Ley Electoral y de Organizaciones Políticas, establecieron las elecciones internas y primarias, una cuota de treinta por ciento para las mujeres, incompatibilidades para ser candidato presidencial y consolidaron el padrón electoral.

De cómo funcionó el consenso en Honduras