Desde Washington
Un caso legal políticamente conveniente
Marcela Sánchez*
Cuando enemigos políticos en la Cámara de Diputados de México votaron a favor del desafuero el 7 de abril, Andrés Manuel López Obrador inició una batalla legal que podría incluso dejarlo por fuera de las elecciones presidenciales del 2006. López Obrador, el alcalde de la capital mexicana que figura a la cabeza de las encuestas en la contienda presidencial, podría terminar en prisión por el inusual crimen de no haber detenido la construcción de una avenida a un hospital.
Para la mayoría de los analistas, se trata de una cacería de brujas inspirada por el feroz deseo de terminar una carrera política e influir en una elección. Es difícil no condenarla en esos términos.
Parecería también que este caso es un ejemplo más del sometimiento del sistema judicial en América Latina a presiones políticas, una situación que confirma una vez más el estereotipo de que los sistemas judiciales en la región son débiles y sumisos y, sólo en escasas ocasiones, capaces de impartir justicia.
Este estereotipo, sin embargo, es cada vez más obsoleto. De hecho, en América Latina es ahora más probable que los sistemas judiciales sean demasiado activos y hasta intransigentes, como resultado del crecimiento de las democracias combinado con su obsesión de acabar con la corrupción de sus burocracias.
Durante los noventa, muchos países en América Latina enfrentaban el reto de resolver el creciente flagelo de la corrupción. Las privatizaciones de compañías estatales por millones de dólares llevaron a muchos casos de soborno y desfalco de alto perfil. Los gobiernos a lo largo del hemisferio reconocían la urgencia de tener sistemas judiciales más fuertes y mejorar los métodos de rendición de cuentas de los gobiernos.
Las agencias encargadas de ese control —fiscales generales, procuradores, contralores y defensores del pueblo— empezaron a sentir la presión de mostrar resultados. Alfonso Gómez Méndez, ex fiscal y ex procurador de Colombia, teme que esa presión haya llevado a esfuerzos que han demostrado ser distracciones y, pero aún, ineficaces para acabar con la corrupción. Los investigadores, dijo, se dedican ahora a castigar a funcionarios con sanciones disciplinarias mínimas, interrumpiendo seriamente su trabajo y sus vidas pero, en la mayoría de los casos, sin encontrar ningún indicio de corrupción.
Hoy, por ejemplo, un funcionario típico de mandos medios en la alcaldía de Bogotá puede enfrentar hasta cinco investigaciones anuales en las que es acusado o acusada personalmente. Las investigaciones nunca pasan más allá de una primera fase de indagatoria preliminar. Pero sólo esa primera fase requiere horas y horas de preparación y recolección de evidencia para la defensa, lo que obviamente le resta tiempo a su trabajo. Mientras para la mayoría de los burócratas todo termina ahí, se conocen relatos alucinantes en que funcionarios terminan en la prisión y con sus carreras destruidas, sólo por haber firmado un papel equivocado en un momento equivocado.
En 1999, los gobiernos del hemisferio crearon el Centro de Estudios de Justicia de las Américas para apoyar reformas judiciales. Hoy en día, en países como Nicaragua, Honduras y Ecuador, la justicia todavía es la rama más débil de sus respectivas democracias. El reto allí es aún ayudar a los sistemas de justicia a hacerse más independientes, menos vulnerables a las presiones externas y, por encima de todo, fallar imparcialmente. Pero en otros países como Uruguay, Argentina y Brasil, de acuerdo con Juan Enrique Vargas, el director ejecutivo del centro, los sistemas judiciales ya están muy bien establecidos. La preocupación en esos casos es “a la inversa” —asegurar que no se abuse de su mayor independencia y del poder que conlleva.
La acción legal contra López Obrador por ignorar una orden de la corte de suspender la construcción de la avenida al hospital, empezó en el 2001. El caso continúa mientras los fiscales tratan de determinar quién podría ser culpado por irrespetar la orden. Debido a la inmunidad de López Obrador a juicios criminales mientras es alcalde, los fiscales finalmente decidieron pedirle al congreso el desafuero.
En ese momento, lo que había sido principalmente un caso legal, se convirtió en un caso injusto. En un voto partidista, López Obrador fue desaforado, transformando inmediatamente una violación de poca trascendencia en una deformación política. De repente el caso legal se había hecho políticamente conveniente y el desafuero se convirtió en una posibilidad muy tentadora como para dejarla pasar.
No es ningún secreto que por mucho tiempo en América Latina, funcionarios de la rama ejecutiva y legislativa manipularon y obstruyeron la justicia. Afortunadamente para el desarrollo de la democracia, las ramas judiciales están haciéndose cada vez más fuertes e independientes.
* (c) 2005, Washington Post Writers Group
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