Los salarios en el Estado
La ley que aprobó la Asamblea Nacional el martes de esta semana, para reducir los sueldos del Presidente de la República y otros altos funcionarios del Estado, pierde su carácter positivo al ser dictada como una venganza de los diputados sandinistas y liberales contra el presidente Enrique Bolaños y los miembros de su entorno gubernamental. Inclusive fue una inmoralidad política lo que hicieron los diputados el martes pasado, al reducir los sueldos de casi todos los demás altos funcionarios estatales, menos los de ellos que más bien se los aumentaron a sí mismos.
En términos generales parece razonable la tabla de sueldos que aprobó la Asamblea Nacional para los altos funcionarios del Estado, los cuales supuestamente van desde US$5,103.90 para el Presidente de la República hasta US$1,750 para asesores y consultores. ¿Pero por qué un diputado tiene que ganar igual que un ministro (US$3,500 básicos mensuales, más los complementos), si es notorio que el primero no trabaja ni siquiera una cuarta parte de lo que labora ordinariamente el segundo?
Las remuneraciones en el Estado no deben ser caprichosas ni depender de los vaivenes políticos. En el caso de los altos y medios funcionarios estatales, sus sueldos deben corresponder a la situación económica nacional y, por lo tanto, a los ingresos gubernamentales, y además se deben fijar de conformidad con la complejidad de la función que se desempeña, con la preparación académica y profesional del funcionario y con la calidad y cantidad de su trabajo real.
Sin embargo, en Nicaragua, donde predominan la cultura prebendaria y el concepto de Estado botín, el empleo en las altas esferas estatales no se considera como un servicio público sino como un medio de hacer fortuna. Y por eso el establecimiento de una escala salarial modesta en el Estado podría ayudar a disuadir la corrupción.
En los países institucionalizados el empleo y la remuneración estatal se rigen por claros y rigurosos criterios de administración pública. A los funcionarios técnicos y operativos que se desempeñan en todos los niveles administrativos del Estado, a cambio de un ejercicio de sus funciones de manera objetiva e imparcial se les asegura la estabilidad laboral y una digna remuneración. Y en lo que se refiere a los cargos electivos y de libre designación (Presidente y Vicepresidente de la República, diputados, ministros y viceministros, magistrados, presidentes y directores de entes descentralizados, alcaldes, secretarios generales, etc.), los cuales se justifican en la confianza política de los electores o del Presidente de la República y la Asamblea Nacional, tienen que ser desempeñados por personas que poseen altas calificaciones académicas y morales y consagradas exclusivamente a las tareas vinculadas al cargo, sin horario ni calendario.
Por otra parte, la remuneración de estos funcionarios debe adecuarse a las posibilidades del país y corresponder a rigurosos requisitos de calidad y de ética profesional y personal. Y en todos los casos la remuneración dichos funcionarios debe ser transparente, contabilizada con precisión y controlada por la opinión pública.
Finalmente, es fácil entender que la responsabilidad política aconseja guardar una cierta proporcionalidad entre las retribuciones de los cargos públicos y la media salarial de la población. Cuanto más distante está la retribución de un cargo público con respecto al promedio de salarios prevaleciente en el país y a la potencialidad de que las personas que trabajan en la empresa privada puedan acceder a sueldos similares a los del Estado, más ancha y honda es la brecha que separa a la ciudadanía de sus gobernantes y mayor la impopularidad de los políticos y el desprecio de la gente a las instituciones.
Es necesario que haya una proporción apropiada entre los sueldos de los gobernantes y los salarios de los gobernados. La desproporción aumenta el recelo de los ciudadanos —a los que siempre se les está pidiendo apretarse el cinturón para afrontar las dificultades económicas del país—, debilita su confianza en las instituciones y los induce a ver a los funcionarios como sinvergüenzas que aprovechan el Estado para su propio enriquecimiento.
¿Acaso no es así que ven los ciudadanos a los funcionarios estatales en general y a los diputados en particular?
|
