Libres nicas de ‘La Carpio’
Josué Bravo
Corresponsal/ Costa Rica
El Juzgado Penal de San José ordenó liberar a 21 personas, entre ellos 12 nicaragüenses, que permanecían detenidos por participar supuestamente en una trifulca contra la Policía el pasado 31 de mayo, en el asentamiento La Carpio, de esta capital, sin embargo será hasta en dos años que tendrán un sobreseimiento definitivo sobre los delitos que se les imputan.
Tras una audiencia privada en el Juzgado Penal en la que participaron los abogados de los detenidos, y tras firmar una serie de condiciones que las 21 personas deberán cumplir en un término de dos años, los reos fueron liberados.
Ellos estuvieron casi cuatro meses en prisión preventiva tras su presunta participación en la trifulca, en la que 16 oficiales de la Policía sufrieron lesiones y más de 150 pobladores fueron atendidos por la Cruz Roja debido a las afectaciones sufridas por los gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas policiales.
Por eso la Fiscalía los acusaba por los delitos de obstrucción a la vía pública, resistencia agravada y en algunos casos agresión con arma de fuego, entre otros.
Para quedar en libertad se les suspendió el procedimiento del proceso de prueba durante dos años.
PROHIBIDO ESTAR EN NUEVOS DISTURBIOS
Esta es una medida alternativa legal que contiene el Código Procesal costarricense que impide a los imputados proseguir a un debate judicial, explicó Seyla Meza, defensora pública de uno de los detenidos.
Según informó el Ministerio Público, todos fueron liberados bajo la condición de no participar en disturbios o protestas similares, no portar armas de fuego, no cometer delito doloso y poseer un domicilio fijo.
Además, deberán depositar en una cuenta bancaria entre 5 mil y 10 mil colones, equivalentes a unos 20 a 40 dólares, para una institución pública de bien social y realizar 100 horas de trabajo comunitario en un período no mayor a los dos años.
Sus familiares declararon que durante el proceso sufrieron crisis económica, pues muchos de ellos eran cabezas de familia.
¿DETENCIÓN ILEGAL?
Según Seyla Meza, defensora pública, las autoridades costarricenses violentaron los derechos humanos de los nicaragüenses y costarricenses acusados al mantenerlos casi cuatro meses en prisión preventiva.
“Yo creo que pudieron haberlos liberado desde hace mucho tiempo e igual hubieran hecho una suspensión del proceso de prueba”, agregó.
La defensora pública considera que el Estado costarricense no sentó ningún precedente al mantenerlos en prisión y liberarlos bajo condición.
NO LOS MANCHARON
El logro más importante, según la defensora pública Seyla Meza, fue que a los involucrados no les mancharon su record policial, porque de lo contrario se les habría complicado su estadía legal en Costa Rica y a la vez encontrarían trabas al momento de buscar un empleo.
|
