Peligran empleos de vigilantes nicas
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Inmigrantes nicaragüenses no reúnen requisitos de nueva Ley de Servicios de Seguridad Privada en Costa Rica |
Josué Bravo
CORRESPONSAL /COSTA RICA
Miles de nicaragüenses que se dedican a laborar de manera ilegal como guardas de seguridad y que no cumplen los requisitos de la nueva Ley de Servicios de Seguridad Privada correrán el riesgo de perder sus empleos a partir del próximo 22 de octubre, fecha en que termina el período transitorio de esta ley.
Según el Ministerio de Seguridad Pública a partir de esa fecha las empresas de seguridad privada que no cumplan con los requerimientos de la Ley número 8395, estarán expuestas a duras sanciones administrativas, incluso penales.
Esta Ley exige a las empresas que las personas a contratar deben ser costarricenses en el ejercicio pleno de sus derechos o extranjeros con cédula de residencia y permiso de trabajo idóneo para desempeñar este tipo de labores.
Asimismo exige que la persona indicada para laborar debe tener aprobado al menos el segundo ciclo de la enseñanza.
En los últimos años, en Costa Rica este trabajo viene siendo desempeñado en su mayoría por inmigrantes nicaragüenses, muchos de ellos en condiciones de ilegalidad y con pocos años de escolaridad, por lo que se verán afectados.
Sin embargo, la entrada en vigencia de esta ley afectaría también a los nicaragüenses que laboran como guardas privados aún teniendo cédula de residencia, pues deberán de presentar constancia de que carecen de antecedentes penales en los últimos diez años, lo que les significaría un gasto adicional.
De acuerdo con un transitorio de la Ley de Seguridad Privada, las empresas tienen tiempo hasta el próximo 22 de octubre para ponerse al día y evitar así las mencionadas sanciones.
EXPUESTOS A SANCIONES
Juan Luis Sánchez, director de Servicios Privados del Ministerio de Seguridad Pública y Juan José Echeverría, asesor de esta cartera, indicaron que se exponen a sanciones penales aquellas compañías que se encuentren inscritas funcionando con la antigua Ley, y no cumplan con los requisitos establecidos actualmente.
Según Sánchez y Echeverría, también serán castigados quienes presten servicios de vigilancia privada sin contar con la autorización del Ministerio.
Actualmente, de 270 compañías de seguridad privada inscritas ante el Ministerio de Seguridad que operan en todo el país, sólo 75 cumplen con los requerimientos de la nueva Ley, informaron fuentes oficiales.
Además, en el área de agentes de seguridad se estima que 10 mil cumplen con todos los requisitos, pero se estima que otros 10 mil trabajan al margen de la Ley, probablemente muchos de ellos sean nicaragüenses.
A partir del 22 de octubre, la Fuerza Pública iniciará un proceso de fiscalización para detectar cuáles empresas y agentes incumplen con dicha normativa.
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