Opinión económica
Repercusiones del servicio de transporte diferenciado
Raúl Isaac Suárez*
Dentro del marco de los acuerdos alcanzados por el Gobierno y los transportistas el pasado 12 de julio de 2004, se acordó la creación de un sistema de transporte diferenciado. El cual garantizaría mayor calidad y seguridad a los usuarios en unidades en mejor estado y, por supuesto, a una tarifa más alta, de aproximadamente cinco córdobas.
Este tema ha generado polémica entre la población nicaragüense que utiliza el transporte público. Especialmente en lo que concierne a su factibilidad.
Según la encuesta de M&R Consultores dada a conocer el día 18 de julio, el 55 por ciento de los encuestados está en desacuerdo, en contraposición al 43 por ciento que está de acuerdo, y un restante dos por ciento que no está seguro.
El Gobierno argumenta que ésta es la manera más eficaz de garantizar un buen servicio a los usuarios que estén dispuestos a pagar por él. Y de esta forma también aumentar el ingreso de los transportistas para evitar o reducir paros en el futuro. Paros que como todos sabemos, significan millones de córdobas en pérdidas para la economía nacional por cada día de huelga.
Otros analistas y expertos partidarios de la propuesta alegan que esta medida obligaría a los transportistas que se queden en la modalidad ordinaria a competir y trabajar en la mejoría del servicio para bien de los usuarios. Tales argumentos también agregan que los transportistas que se negaran a competir en la calidad del servicio se verían obligados a abandonar el mercado por la falta de demanda de su servicio y se quedarían únicamente aquellos que sí quieran o puedan brindar un servicio de mayor calidad.
El argumento a favor de la propuesta tiene bastante lógica a simple vista. Pero si se analiza a profundidad se encuentra que toma en cuenta muchas suposiciones que no existen en la vida real. Por ejemplo, asume el hecho de que la mayor parte de la población que utiliza el transporte público estaría dispuesta a cambiarse de modalidad. Cuando en realidad lo que pasa es lo contrario, tal como lo demuestra la encuesta de M&R. Por otra parte, la mayoría de la población que utiliza el transporte público tiene ingresos cerca de un mil a cinco mil córdobas mensuales y se ve obligada a presupuestarse. Incluyendo en este presupuesto los 2.50 córdobas del pasaje.
También da por supuesto que los transportistas que se quedaran en la modalidad regular estarían dispuestos a invertir para mejorar ese servicio.
Cualquier inversionista inteligente busca colocar su dinero en la mejor de las opciones que tenga disponible y que le pague mejor su inversión. Si el lector tuviera dos opciones de inversión, una que le pagara dos cincuenta por unidad y otra cinco ¿en cual invertiría?, lógico que en la de cinco córdobas. Es lo mismo que pensaran todos los que tengan dinero extra para invertir en el transporte. Las causas de esto sería que se disminuirá la poca inversión que utiliza la modalidad regular para su mantenimiento y ocasionaría con esto la gradual y acelerada deterioración del servicio más de lo que ya está.
El problema comienza justo aquí, porque la mayoría de los consumidores, aunque quieran, no podrían cambiarse a la modalidad de lujo debido a sus bajos ingresos. Los pocos transportistas que se quedaran en el sistema regular y que tuvieran un poco de dinero, no invertirían en el mismo sistema. Sino que más bien se cambiarían hacia el otro sistema porque éste les traería mayor utilidad por su inversión. Y únicamente quedarían en la modalidad regular aquellos que no puedan o no sepan cómo invertir en el sistema de lujo. Agreguémosle a eso el hecho de que al tener menos usuarios, los transportistas ordinarios tendrán menos ingresos y menos motivación para trabajar bien y reinvertir en el negocio. Todo esto ocasionando perjuicios para la población más pobre. Que dicho sea de paso, son la mayoría de los usuarios del transporte publico.
Si los usuarios, a largo plazo, se vieran obligados a gastar más en transporte teniendo ingresos fijos. Significaría que dejarían de gastar en otros bienes y servicios que podrían ser básicos tales como salud, educación o nutrición. Lo que disminuiría su nivel de vida y su esperanza de vida drásticamente. A corto plazo, el sistema podría no presentar problemas pero a largo plazo, cuando el transporte ordinario se haya deteriorado tanto por la falta de recursos para su mantenimiento, que sea inseguro transitar en él, las repercusiones para la economía serían graves porque significaría mayor costo de la vida con los mismos bajos ingresos y menos gastos de consumo. Lo que al mismo tiempo significaría menos incentivos para la producción.
A manera de conclusión podría decirse que la creación del sistema de transporte diferenciado ahuyentaría la inversión que podría destinarse al sistema de transporte regular. Ocasionando con esto el deterioro del servicio que utilizan los pobladores más pobres, a los cuales no se les debe negar el gozar también de un servicio publico de calidad. Aparte de eso, crearía una excusa para que los transportistas no se esforzaran por mejorar el servicio ordinario alegando que para eso existe el servicio diferenciado.
Sería un sistema que acentuaría más la desigualdad social y la división de clases con las que tanto hemos luchado y la cual deberíamos eliminar, no fomentar.
* El autor es estudiante de Economía, UNAN-Managua.
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