Cárcel para el “coyote”
Douglas Carcache
El gobierno nicaragüense tendrá que revisar la ley que ordena encarcelar durante tres meses a los extranjeros indocumentados que pasan por este país, ya que ha sido poco efectiva para contener el flujo de migrantes y se contradice con las demandas que hace Nicaragua a otros países para proteger a los emigrantes nicas.
La Ley 240 precisa que los extranjeros ilegales serán sancionados con penas de tres meses de arresto inconmutables y después deportados a su país de origen.
¿Por qué no deportarlos de inmediato? Parece que al hacer la ley, el Gobierno y los legisladores nicaragüenses consideraron tener presos a los indocumentados, durante noventa días, para que nunca más se atrevieran a cruzar por estas tierras, pero está comprobado que el éxodo de peruanos, ecuatorianos o cubanos continúa por Nicaragua. Además, los detenidos por las autoridades nicaragüenses representan un porcentaje mínimo de los que cruzan, porque la Policía y la Fuerza Naval del Ejército carecen de medios para vigilar zonas extensas y poco pobladas.
En una ocasión, el ex director de Migración, Luis Rodolfo Toruño, me dijo que era difícil saber cuántos extranjeros indocumentados pasaban por Nicaragua y durante el año 2003 detuvieron a un promedio de 30 por mes. Un experto de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estimaba entonces que en Nicaragua detenían a cerca del 10 por ciento de los indocumentados. Significa que si atraparon a 431 durante el 2002, ese año cruzaron por el país más de cuatro mil extranjeros ilegales.
Una red de la sociedad civil nicaragüense dedicó la semana pasada a la solidaridad con los migrantes y una de sus peticiones fue la reforma de la Ley 240. El obispo Bernardo Hombach, al inaugurar la jornada con una misa en el poblado fronterizo de Cárdenas, dijo que ve una gran injusticia en el trato que damos los nicaragüenses a los migrantes que pasan por este país.
“Cuando se agarra a un pobrecito que viene de Perú, Ecuador, lo mandamos preso; y ningún migrante que busca mejorar en su vida, que busca una vida más digna, es un criminal”, enfatizó Hombach. “Todas las autoridades cierran los ojos delante de esta injusticia”. Por otro lado, el Gobierno de Nicaragua ha pedido al de Costa Rica, en distintas ocasiones, que no trate a los nicas indocumentados como delincuentes, cuando los detienen en la zona fronteriza o en barrios marginales de la ciudad de San José.
La contradicción está en que las autoridades de Costa Rica detienen a los nicaragüenses indocumentados y los deportan casi de inmediato, mientras que las autoridades de Nicaragua capturan a un peruano o de otra nacionalidad y lo dejan detenido tres meses. Los que sí merecen cárcel son los traficantes o “coyotes” que se aprovechan del migrante que busca otro país para trabajar. Para esos delincuentes y sus cómplices la Ley 240 establece la pena de cuatro a ocho años de prisión y una multa de diez mil córdobas.
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