Banda ante el juez
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Ocho de los 21 detenidos como
sospechosos de pertenecer a la
banda de secuestradores fueron
acusados por la Fiscalía |
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Banda Ángelus trabajaba en dos grupos: uno que investigaba a la posible víctima y otro que
ejecutaba los atracos |
Mirna Velásquez Sevilla
La juez Sexto Penal de Audiencias, Margarita Romero, ordenó ayer mantener en prisión preventiva a ocho personas acusadas por la Fiscalía de pertenecer a una banda que realiza los denominados secuestros express, ocurridos en las últimas semanas.
La acusación incluye a doce personas, de las cuales ocho están detenidas y el resto están siendo buscadas. Cinco de los detenidos son señalados de ser inductores y otros siete de coautores de los delitos de secuestro, robo con intimidación, robo con violencia y asociación para delinquir.
El Ministerio Público no incluyó en la acusación a 13 personas que también fueron detenidas y presentadas el sábado pasado por la Policía Nacional como miembros de la misma banda.
La Fiscalía pidió a la juez Romero que gire orden de captura, retención migratoria y allanamiento para las cuatro personas que la Policía aún no logra ubicar. Fuentes vinculadas al caso dijeron que tres de ellas se encuentran en Costa Rica.
DOS BANDOS
La fiscal auxiliar Irela Estrada dijo que los acusados operaban divididos en dos grupos: el de los inductores y el de los autores materiales. Las actividades eran dirigidas por el grupo inductor, liderado por la señora Ángelus García Blanco.
“No se les encontró dinero ni tarjetas de crédito, pero sí hay vehículos involucrados, los cuales eran proporcionados por algunos de los dirigentes de la banda. Eran facilitados a los autores directos para que éstos los ejecutaran (los robos y secuestros rápidos), pero previo a ello ya iban con instrucciones de cuáles iban a ser las víctimas, cuáles eran los lugares en los que iban a operar específicamente y posteriormente, una vez que se tenía ya a la persona (identificada), que ya se habían conseguido las tarjetas de crédito y se conocían los fondos, los dirigentes determinaban cuál era el monto a sacar de las tarjetas de crédito”, expuso la fiscal.
“Lo que hacían era amenazar a la víctima. Las amenazaban con que las iban a matar, con que las iban a violar hasta conseguir el número de “pin” y es ahí donde determinaban el monto”, agregó.
LOS HECHOS NARRADOS
La acusación detalla que el 30 de agosto a las 10:40 p.m., Alicia Martín Gallejo llegó a su casa, ubicada en Altos de Santo Domingo, donde estacionó su vehículo y al dirigirse hacia el timbre de portón fue interceptada por Jimmy Geovanni Ramírez y Roberto Elías Matamoros, quienes le arrebataron su cartera.
Los acusados de inmediato abordaron un vehículo tipo taxi, dentro del cual estaban tres personas identificadas como Harrintong López Sánchez, Víctor Manuel Torres Siú y Juan Carlos Morales García, quienes después de huir retiraron 1,200 dólares de la tarjeta de crédito.
Otro de los casos relacionados, refiere que el 23 de agosto, cerca de las 11:30 p.m., transitaba por el puente desnivel de Tiscapa, Karla Gabriela Zamora Sáenz, a bordo de un vehículo. De pronto observó que se detuvo delante otro vehículo plomo marca Hyundai, que la obligó a detenerse. Luego, por la parte de atrás se detuvo otro automóvil del que salieron los acusados Geovanni Francisco Ortiz García, Harrintong López y Juan Carlos Morales García. Al ver la situación, la víctima se enllavó dentro de su vehículo, pero el acusado William Somoza García rompió el vidrio delantero, robando así 1,500 córdobas.
Éricka Dominga Umaña Marcenaro, otra de las víctimas, fue interceptada por un taxi marca Hyundai el 4 de septiembre aproximadamente a las 12:30 de la madrugada, por el plantel de Batahola. Del taxi descendieron tres sujetos con un arma de fuego, un maneral y un objeto sólido.
Con violencia fue trasladada a la parte trasera del vehículo que ella misma conducía y la despojaron de su tarjeta de crédito de la cual sustrajeron 4,800 córdobas.
Los tres casos, según la acusación, fueron inducidos por Ángelus García Blanco, Israel de Jesús Canales Hurtado, Víctor Manuel Morales García, Marvin José Morales García y Marvin José Morales Sánchez.
“Estamos ante la existencia de un hecho punible grave (...) como es el de violentar, física, sicológica y patrimonialmente a las víctimas. (...) No sólo están violentando la Constitución Política de nuestro país, que es el libre tránsito de los ciudadanos, sino que expusieron al ciudadano a ser violentado”, expuso la juez al momento de emitir su resolución.
La juez Romero fijó la audiencia inicial para el próximo lunes 20 de septiembre, cuya finalidad es determinar si existe causa para proceder a juicio, iniciar el procedimiento para un intercambio de información sobre pruebas y revisar las medidas cautelares que se hayan aplicado.
DEFENSA DE LOS ACUSADOS
Harold Contreras, abogado de la principal sospechosa, insistió en la ilegalidad de la detención, alegando que se sobrepasaron las 48 horas que establece la ley para ser remitidos al juez, después de ser detenidos.
“En el caso de Ángelus, ella fue personalmente (a colaborar con la Policía). Mi persona se la entregó al comisionado mayor Julio González, al comisionado (Denis) Tinoco, y no valió para nada”, expresó.
Descartó que ella haya inducido al resto de los acusados, argumentando que no son niños, sino mayores de edad que actúan por su cuenta.
El abogado Omar Parrales, defensor de otros dos imputados, coincidió en que la detención es ilegal pues no había orden de captura y el vehículo ocupado a su defendido Víctor Manuel Torres Siú por la Policía, no coincide con el descrito en la acusación.
LAS PRUEBAS
La Fiscalía propuso como pruebas las declaraciones testificales de las tres víctimas y nueve denuncias recepcionadas en la Policía, a través de las cuales se logró determinar el modo de operar de la banda.
Otra de las testigos propuestas confirma que los detenidos son integrantes de dicha banda y realiza una descripción de los hechos que la Policía conoció, según refiere la acusación.
Las víctimas identificaron a los acusados mediante fotografías y el tono de voz. Éstas son también pruebas aportadas por la fiscal.
Otra declaración testifical revela que Ángelus García se encargaba de recepcionar los objetos robados e ir a los cajeros automáticos ubicándose en las gasolineras On the Run a sacar dinero y comprar productos, utilizando para ese fin su vehículo y el de Harrintong, quien fue visto portar armas de fuego.
En una inspección en el vehículo propiedad de Ivette Escobar Reyes, se identifican las huellas dactilares y fibras de cabello, evidencias que fueron remitidas al laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional.
ACUSADOS CON ANTECEDENTES
La Fiscalía acusó a Ángelus García Blanco, de 41 años, Israel de Jesús Canales Hurtado, Víctor Manuel Morales García, Marvin José Morales García, Marvin José Morales Sánchez, en calidad de inductores.
En tanto, Víctor Manuel Torres Siú, Jimmy Geovanni Ramírez Narváez, Roberto Elías Matamoros Vásquez, Harrintong López Sánchez, Geovanni Francisco Ortiz García, Juan Carlos Morales García y William Javier Somoza Velásquez, son señalados como coautores de los delitos de robo con intimidación, robo con violencia, secuestro y asociación para delinquir.
La supuesta jefa de la banda, Ángelus García, registra antecedentes por el delito de trata de personas, en tanto Israel de Jesús Canales cumplió una condena por robo con intimidación. Los detenidos Morales García, López Valle, Ortiz García y Matamoros han sido investigados por robo con intimidación.
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