La visita a Nicaragua que hizo a principios de esta semana una delegación de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) tuvo el efecto positivo que esperaban las personas sensatas del país.

Ciertamente, los políticos liberales y sandinistas que dominan la Asamblea Nacional y que iban a integrar esta misma semana una comisión especial para decidir sobre la resolución administrativa de destitución del Presidente de la República, dispuesta por la Contraloría General de la República, fueron disuadidos de cometer una acción que podría acabar con la precaria institucionalidad democrática de Nicaragua y convertir al país en otro paria internacional en América Latina, como Haití.

Los líderes del FSLN y el PLC que pretendían destituir ahora mismo al Presidente de la República, mediante una declaración parlamentaria de incapacidad total y permanente del ingeniero Enrique Bolaños para seguir gobernando, no reconocen en público que fueron disuadidos por la OEA. Pero lo importante y lo que vale son los hechos. Y en este caso, los hechos son que Daniel Ortega declaró después de reunirse el martes con los comisionados del organismo hemisférico -y contradiciendo lo que había dicho en días anteriores-, que habían pospuesto la formación de la comisión contra el presidente Bolaños hasta después de las elecciones municipales del 7 de noviembre. Y agregó Ortega: “¡Que se esté tranquilo el Presidente (Bolaños), que nadie lo está quitando!”

Por su parte el líder del PLC, diputado Wilfredo Navarro Moreira, aseguró que su partido “no está urgido” en que se forme la comisión sobre la destitución del presidente Bolaños; mientras que el diputado del PLC que preside la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, Donald Lacayo, reconoció a la agencia de prensa AP que sin el respaldo de los votos sandinistas ellos —los diputados del PLC— no podían hacer nada en este caso.

Ahora lo más importante es lo que pudiera recomendar la comisión de la OEA en su informe sobre la visita a Nicaragua. Al respecto llamó la atención la declaración que hizo el comisionado de la OEA y ex Presidente de la República de Panamá, Arístides Royo, de que habían recomendado a los líderes nicaragüenses que no deberían romper el orden institucional del país por medios políticos, y que a él le había parecido evidente que el presidente Bolaños se encuentra en pleno uso de sus facultades físicas y mentales. O sea que el misionero de la OEA advirtió a los políticos libero-sandinistas que no pretendan encubrir el derrocamiento del Presidente de la República de Nicaragua con una declaración de incapacidad de Bolaños, dictada por la Asamblea Nacional, como de manera insistente esos mismos políticos declararon anteriormente que lo podrían hacer.

Muy bien, pues, por los primeros resultados de la asistencia de la OEA a Nicaragua, en el marco de la Carta Democrática Interamericana, para ayudar a preservar la institucionalidad democrática del país. Pero, ¿y ahora qué?

En el artículo 20 de la mencionada Carta Democrática Interamericana se dice que el Consejo Permanente de la OEA puede realizar “gestiones diplomáticas, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”. De manera que como los líderes sandinistas y del PLC aceptaron ante la comisión de la OEA sólo postergar para después de las elecciones la destitución del presidente Bolaños, y por lo tanto persiste la amenaza contra la institucionalidad de la República, lo conveniente y necesario es que el Consejo Permanente de la OEA, después de conocer el informe que presenten sus comisionados sobre la crisis política de Nicaragua, promueva una gestión especial con sus propios miembros, o con otras personalidades internacionales que tengan mucha autoridad moral y credibilidad política, para que, de acuerdo con el antes citado artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, auspicien un acuerdo entre los protagonistas del conflicto político e institucional nicaragüense.

Por supuesto que se trataría de un acuerdo decente para que todos se comprometan a respetar el orden democrático constitucional, y de ninguna manera otro pacto corrupto para redistribuir el botín del Estado y poner en libertad a Arnoldo Alemán, como quieren el PLC y el FSLN.

OEA los contuvo, ¿y ahora qué?