Para muchos nicaragüenses está claro que la única posibilidad que tiene el país de abrirse camino al desarrollo y salir de la pobreza, es participar en el libre comercio internacional y, en términos generales, en la globalización.

En realidad, Nicaragua no tiene capacidad de acumulación o ahorro para autofinanciar su desarrollo. Además, carece de recursos naturales de alta rentabilidad, y los megaproyectos —como por ejemplo el canal interoceánico, seco o húmedo— por múltiples razones son irrealizables o de muy lejano plazo. Por otro lado, la comunidad internacional no va a ayudar toda la vida a Nicaragua, y menos si el país rechaza la magnífica oportunidad que le ofrecen los tratados de libre comercio internacional.

Pero, lamentablemente, la necesidad de participar en los TLC y aprovechar la gran oportunidad de la globalización, no es comprendida por algunas personas y grupos políticos y sociales, que se oponen tenazmente a los acuerdos de libre comercio internacional por diversas razones económicas o políticas, ideológicas y culturales. Y entre quienes rechazan los TLC y la globalización hay grupos sociales y políticos muy influyentes, inclusive determinantes.

Tal es el caso, por ejemplo, de la mayoría de diputados a la Asamblea Nacional, que pertenecen a las bancadas del FSLN y el PLC, quienes el martes de esta semana enviaron al Poder Ejecutivo del Estado y a la sociedad nicaragüense el mensaje de que no van a aprobar el Cafta, o que no lo aprobarán sin sacarle al Gobierno algo importante a cambio. Esa es la única interpretación que se puede hacer de la ausencia deliberada de los diputados del FSLN y el PLC en la ceremonia oficial de envío del tratado del Cafta a la Asamblea Nacional, que tiene la potestad de aprobarlo o rechazarlo.

En efecto, de conformidad con el artículo 138, inciso 12, de la Constitución Política de la República, le corresponde a la Asamblea Nacional aprobar o rechazar los tratados y convenios internacionales. Y precisamente al respecto del Cafta las bancadas del PLC y el FSLN aprobaron, en julio del año pasado —en primera legislatura—, una reforma al artículo constitucional antes mencionado, que fue refrendada a principios de este año, para suprimir la cláusula de que si la Asamblea Nacional no aprobaba o rechazaba en el lapso de 60 días un tratado presentado por el Poder Ejecutivo, dicho convenio entraba en vigencia inmediatamente, de manera automática.

De modo que con la nueva redacción del mencionado inciso 12 del artículo 138 de la Constitución, cuya moción fue presentada por el diputado liberal arnoldista Alfonso Ortega Urbina —quien fuera Canciller de la República en tiempos de la dictadura somocista—, ahora ya no hay plazo para que la Asamblea apruebe los tratados, así que el tratado del Cafta podría quedar engavetado para siempre. Es más, cuando se discutió y aprobó esta reforma constitucional se dijo que el objetivo que perseguían los diputados liberales y sandinistas era precisamente el de impedir la aprobación del Cafta, o cuando menos bloquearlo en la Asamblea Nacional para “perjudicar” al Presidente de la República y al Gobierno de Estados Unidos.

Qué disparate. La verdad es que no es al Presidente de la República de Nicaragua, ni a Estados Unidos, a los que dañarían los diputados si bloquearan en la Asamblea Nacional la aprobación del Cafta. Al fin y al cabo el presidente Bolaños terminará su mandato el 10 de enero del 2007 y ese mismo día se irá tranquilamente a su casa. Y para Estados Unidos la no participación de Nicaragua en el Cafta sólo significaría la molestia de seguir recibiendo las peticiones de ayuda. El verdaderamente perjudicado sería el país, todos los nicaragüenses y sobre todo los que viven en las peores condiciones de pobreza y marginación social, cuya única esperanza de salir de esa infame situación radica en que Nicaragua participe de manera dinámica y provechosa en el Cafta y la globalización.

Bastante daño se le ha hecho ya al país, desde la Asamblea Nacional, en los últimos años. Ojalá que en esta ocasión los diputados, particularmente los que se dicen democráticos, asuman su responsabilidad y cumplan su deber político, constitucional y moral.

La disyuntiva del Cafta