En realidad, desde la consumación del pacto libero-sandinista de 1999 las agresiones provenientes de ambos partidos contra medios y periodistas independientes han aumentado de manera notoria y peligrosa. Ya en las elecciones municipales del año 2000, y las nacionales del 2001, los ultrajes de los políticos contra los periodistas superaron todos los registros anteriores. En lo que va de este año las agresiones contra los periodistas se han acrecentado. Los corresponsales de LA PRENSA en las Regiones Autónomas del Atlántico Sur y Norte con frecuencia han sido objeto de intimidación, incluyendo amenazas contra sus vidas.

Ahora bien, en el caso de la periodista María José Bravo hay que llamar la atención al hecho de que se trata de la primera vez que se asesina a un periodista ajeno a la política partidista, una profesional que se limitaba a cumplir su trabajo de informar al público sobre los diversos acontecimientos noticiosos. Esto significa que todos los periodistas están amenazados por el sólo hecho de ser informadores.

Apenas dos días antes del asesinato de María José Bravo, durante las elecciones municipales en Managua la reportera gráfica de LA PRENSA Mayerling García fue víctima de una pedrada que impactó en su cabeza y estuvo a punto de matarla. Esta brutal agresión fue una funesta premonición del asesinato de María José Bravo a manos de un pistolero político.

Lamentablemente, el sistema de justicia de Nicaragua sigue siendo politizado, partidista y sectario, que favorece la posibilidad de que ocurran hechos como el asesinato de María José Bravo al no castigar a los culpables sino que los deja en la impunidad. Además, estas agresiones podrán seguir ocurriendo mientras los líderes políticos sigan azuzando a sus matones contra los medios de comunicación que denuncian la corrupción y cualquier otro abuso de poder.

El año pasado, cuando la administración de “justicia” exoneró de culpa a un pistolero arnoldista que —molesto porque denunciamos la corrupción de su líder Arnoldo Alemán asaltó a mano armada las instalaciones de LA PRENSA y secuestró a varios periodistas y otros empleados de esta institución periodística, advertimos que ese veredicto de impunidad alentaría a otros matones del mismo o cualquier partido a hacer algo igual o peor.

Y así ocurrió: en febrero de este año un pistolero sandinista asesinó al periodista Carlos Guadamuz porque éste denunciaba los abusos y la corrupción de los líderes de su partido. Y ahora otro pistolero arnoldista asesina a la periodista María José Bravo, porque según él los periodistas y los medios de comunicación en general fueron los causantes de la debacle electoral del PLC. Es decir, incapaces de reconocer que su bancarrota en las elecciones es un castigo del pueblo por la incapacidad y la corrupción de su propio partido, culpan a los que informan sobre esa realidad. Matan al mensajero en vez de rectificar sus graves errores y de corregirse a sí mismos.

No obstante, en este momento de dolor e indignación por el asesinato de nuestra compañera periodista María José Bravo, quisiéramos de todo corazón que ahora sí las autoridades judiciales actuaran responsablemente y que castigaran al asesino de la manera más enérgica posible, de acuerdo con la legislación penal.

Y quisiéramos también que los partidos políticos dejaran de practicar o tolerar el matonismo, ante todo en sus capas directivas. Cuando los mismos dirigentes nacionales de un partido atacan pistola en mano una actividad política de su propia organización política, como ocurrió en el cierre de campaña del PLC en la ciudad de León, el mensaje que envían a sus bases y particularmente a sus militantes más incultos e intolerantes es: ¡Vayan y ataquen, y si es necesario maten a quienes nos molestan de cualquier manera! Por eso fue que en Juigalpa asesinaron a la periodista de LA PRENSA María José Bravo, la nueva mártir nicaragüense de la libertad de expresión y de información.

Descanse en paz, María José Bravo, pero sus compañeros no descansaremos en nuestro clamor de justicia y castigo a su asesinato, ni en el cumplimiento de nuestra obligación cívica y moral de denunciar los abusos, la corrupción y los crímenes que se cometen en el ejercicio y representación del poder, quien quiera que los cometa.

Editorial