Especial
Agencias de empleo, imán para trata de blancas
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Ninguna autoridad se hace cargo de controlar a las agencias de empleo. Pese a que existe una normativa del Ministerio del Trabajo que dice que deben recibir permisos de la entidad para operar, ninguna ha hecho inscripción, por lo que se considera que operan “ilegalmente”, pero no se hace nada. La Policía Nacional tampoco lleva un registro de cuántas agencias de empleo funcionan en el país y según el Ministerio de Gobernación, no ejercen control porque se supone que son empresas inscritas |
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La casa donde funcionaba la Sala de Belleza “Gaby”, fue cerrada por la Policía Nacional tras ser señalada como un sitio donde se explotaba sexualmente a menores de edad.
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María Acuña Herrera y Roberto Pérez Solís
Cuando una tarde de marzo la señora de iniciales M. C. R. se presentó con su hija, una adolescente de 14 años, a la agencia de empleos González Pasos, ubicada en el kilómetro tres y medio Carretera Sur, jamás imaginó el calvario que le tocaría vivir.
Ambas llegaron con la esperanza de conseguir un empleo modesto, pero decente, que les ayudara a remediar un poco la crisis financiera que afectaba al hogar. Luego de unos minutos de conversación con la secretaria de la agencia, quien se identificó como Esperanza, la señora recibió una noticia que en el momento resultó realmente buena: su hija tenía trabajo.
El centro de belleza Gabi, ubicado en el costado sur del restaurante El Eskimo, en el Barrio Altagracia, sería el lugar de trabajo de la joven donde supuestamente se encargaría de las labores domésticas. Poco después de haber recibido la noticia se presentó a la agencia de empleos, Johana Ocampo, quien según los términos del contrato, pagó 150 córdobas para luego llevarse a la muchacha a laborar en el centro de belleza.
Una vez que la señora se disponía a salir de la agencia y rogándole a Dios para que a su hija le fuera bien en su primer día de trabajo, el comentario de una joven, quien también andaba en busca de empleo, retumbó en sus oídos e hizo trizas su corazón de madre. “Ese no es un centro de belleza, sino un centro de masajes donde se prostituye a las mujeres”.
TREMENDO SUSTO
Sin titubear, luego de escuchar tal afirmación, se dirigió al centro de belleza encontrando, en uno de los cuartos del lugar, a su hija junto a un hombre. Desesperada sacó a la joven de allí y se presentó al Distrito Tres de Policía a interponer la denuncia. Una patrulla policial llegó al sitio y descubrió que no había ningún centro de belleza, sino una casa con tres cuartos y en éstos, varios preservativos usados.
Al ser interrogada por miembros de la Policía Nacional, Johana Ocampo confirmó que en el centro se hacían masajes, pero era decisión de las muchachas tener o no relaciones sexuales.
Días después, Esperanza Sánchez López, administradora de la agencia de empleos González Pasos, recibió una orden de arresto domiciliar por las autoridades judiciales al ser acusada de cooperadora en el delito de trata de personas. Otras cuatro personas fueron acusadas por los delitos de corrupción de menores, proxenetismo y trata de personas.
El descubrimiento de este caso sirvió para que las autoridades policiales y demás instituciones que velan por los derechos de la niñez y la adolescencia se enteraran que, algunas agencias de empleo, estaban siendo usadas para realizar trata de personas en el país.
REDES CAMUFLADAS
Evelyn Palma, coordinadora de la Oficina Legal de la Organización Casa Alianza, cree que la mayoría de las agencias de empleos que ofrecen sus servicios a adolescentes y jóvenes, de ambos sexos, tienen conexiones con la trata de personas a lo interno o en el exterior del país.
“Funciona como una cadena, hay un trabajo de captación, está el anuncio de los servicios, como hay tanto desempleo y pocas opciones para los jóvenes la gente se desboca, después iniciaría el otro trabajo de traslado de las personas valiéndose de todos los recursos”, aseguró.
Según el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, suscrito en Palermo, Italia, en el 2002, se entiende por trata de personas la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción como el rapto, fraude, el engaño, el abuso de poder.
La funcionaria de Casa Alianza manifestó que aparte del caso del centro de belleza Gabi, su organización no tiene conocimiento de similares escenarios en Managua o el interior del país, no obstante, considera que esto se debe a todo un sistema de protección montado por los delincuentes. “Que diga que no conozco no quiere decir que no hay”, argumentó Palma.
MEJORAR CONTROLES
Patricia Independencia Obregón, Procuradora Especial de la Mujer, reconoce que este tipo de situaciones puede estar dándose en varias regiones del país, sin que nadie, incluso las autoridades policiales, puedan sospechar. Por este motivo, considera que el Ministerio del Trabajo (Mitrab), debe jugar un papel importante en cuanto a la creación y supervisión de una agencia de empleos.
“La responsabilidad del Mitrab es de fondo, ellos tienen una función que no sólo está relacionada con el vínculo laboral, sino con el desempeño laboral, creo que el Mitrab tiene un mandato fuerte para proteger los derechos laborales y sociales”, indicó.
“El Mitrab debería tener un control específico, requisitos, mecanismos administrativos, habría que revisar qué pasa con las agencias”, agregó Obregón.
LEYES DE PAPEL
Sin embargo, la función reclamada por Obregón no es puesta en práctica por el Mitrab. En octubre de 1997, estando al frente del ministerio el todavía diputado liberal, Wilfredo Navarro, se dictó una normativa relativa a la autorización y regulación del funcionamiento de las Agencias Privadas de Empleos.
Esta normativa dice en sus partes medulares que le tocará a la Dirección General de Empleos y Salarios del Mitrab, registrar a cada agencia de empleo, pero también le corresponderá autorizar, supervisar y controlar su funcionamiento previos requisitos establecidos.
Entre los requisitos están, para las personas jurídicas, el acta constitutiva y la personería jurídica; en el caso de personas naturales que sean profesionales o comerciantes, plena identificación del solicitante, récord de Policía, solvencia fiscal, y pruebas de arraigo como escritura de propiedad de su domicilio.
Sin embargo, siete años después de haber salido a luz pública esta normativa en los archivos del Mitrab no se encuentra registrada ninguna agencia de empleos, aunque sus funcionarios conocen que en Managua existen más de diez casas que ofrecen este tipo de servicios.
“No tenemos esa estadística (de cuántas agencias existen), se está pensando hacer un diagnóstico de cuántas agencias de empleos operan en el país, tenemos entendido que hay agencias de empleos más que todo acá en Managua”, indicó Jossy Meza, responsable de Servicio Público de Empleo.
LEGALES
La resolución ministerial, según la funcionaria, explica que las personas interesadas deben acudir al Mitrab para conseguir una autorización del funcionamiento de la agencia, pero también, la misma resolución no les da mecanismo para obligarlos a que se hagan presentes. “Es una normativa administrativa, no una ley”, añade Meza.
“(Son ilegales) las agencias de empleo que están operando ahorita, todas son ilegales, absolutamente, ninguna ha venido al Mitrab a pedir permiso”, añadió. Pero mientras esta normativa no sea reformada o se convierta en ley, según la funcionaria, las labores de supervisión sólo se pueden realizar cuando haya una denuncia.
TAMPOCO LA POLICÍA
La Policía Nacional tampoco lleva un registro de cuántas agencias de empleo funcionan en el país. De acuerdo al viceministro de Gobernación, Alfonso Sandino, las autoridades policiales no ejercen control porque se supone que las agencias son empresas comerciales inscritas en el registro de la Cámara de Comercio.
“No tenemos nosotros un inventario de las agencias de empleos a nivel nacional, ni ejercemos ningún control sobre ellas salvo cuando entramos al caso de la anormalidad, en donde entra también el Ministerio Público, la Procuraduría y Gobernación a través de la Policía Nacional”, aseguró Sandino.
Por esta razón, pidió a la ciudadanía despojarse de cualquier temor y denunciar aquellos lugares donde creen o han visto situaciones que denotan que niños, adolescentes y jóvenes podrían estar siendo explotados sexualmente.
“Hay ofertas de trabajo económicamente atractivas, pero no se especifica qué tipo de trabajo se desempeñará, sólo se caracteriza a la persona que quieren que lo ejerza y después se trata de actividades vinculadas a explotación sexual con fines comerciales”, indicó Sandino.
El viceministro de Gobernación dijo que por lo complejo del tema y los últimos hechos conocidos se hace necesario que todas las instituciones que trabajan en la protección de los niños y adolescentes, junto a la ciudadanía en general, deben mantenerse vigilantes para evitar estas situaciones.
MEJORAR LEGISLACIÓN
El artículo 203 del Código Penal de la legislación nicaragüense dice que comete delito de trata de personas el que reclute o enganche a personas con su consentimiento, o valiéndose de amenazas, ofrecimientos, engaños o cualquier otra maquinación semejante, para ejercer la prostitución dentro o fuera de la República, o introduzca al país personas para que la ejerzan.
Este delito será sancionado con prisión de 4 a 10 años. Sin embargo, para algunas autoridades consultadas existen muchos vacíos legales que tienen que ser mejorados para beneficio de las personas afectadas y para lograr un mayor castigo para los delincuentes.
Patricia Independencia Obregón,
Procuradora Especial de la Mujer:
“Tenemos un Código Penal del tiempo de Zelaya, no existe la figura de la pornografía infantil, la esclavitud sexual, trabajo sexual infantil, la comercialización de los cuerpos de los niños. Mientras no hayan leyes nacionales ni compromisos internacionales frente a la trata de personas, vamos a seguir desprotegidos, manos abajo frente al crimen organizado”.
Evelyn Palma,
Casa Alianza:
Se necesitan leyes que recojan la situación, que tipifiquen con exactitud los delitos, el Código Penal nuestro habla de la trata de personas con fines de prostitución pero no son tratados los niños para pornografía infantil. Aquí cualquier red de delincuentes puede estar tratando con personas y salen libres”.
Alfonso Sandino,
viceministro de Gobernación:
“Es necesario empujar una reforma del Código Penal con el propósito de agravar las penas que para este tipo de delitos la ley contempla. En todos los casos la mayoría admiten fianza, es necesario pasar a penas más severas que impidan esas salidas legales cuando hay personas que hacen mal a los menores de edad”.
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