Cerveza, política y libre competencia
Economistas afamados aseguran que, para ser viable y productiva, la economía debe fundarse en las condiciones siguientes: 1. equilibrio fiscal; 2. desregulación; 3. libertad de empresa y libre competencia; 4. flexibilidad de los mercados laboral y de capitales; 5. seguridad jurídica; 6. garantía de la propiedad y confianza en el cumplimiento de los contratos; 7. cohesión social y fortalecimiento de una clase media que amortigüe las contradicciones sociales.
Esas condiciones básicas de la economía las conocen muy bien quienes apelando al respaldo electoral de la población han asumido la responsabilidad de gobernar en Nicaragua. Pero la burocracia gubernamental no respeta esas reglas y condiciones de la libre competencia —que en la vida política equivalen a la tolerancia de las ideologías y la vigencia del pluripartidismo—, más bien las atropellan a menudo.
En realidad, siempre se ha dicho que lo más difícil de la democracia y la economía de mercado es tolerar la libre competencia real con los demás. Por eso es que directivos del PLC y representantes de este partido en el Consejo Supremo Electoral (CSE) se oponen tenazmente a la autorización del nuevo partido llamado Alianza para la República, porque éste podría hacerle una efectiva competencia. Y si los funcionarios sandinistas han facilitado la autorización del nuevo partido, no es por virtuosidad pluralista sino porque confían en que, dividiéndose las fuerzas democráticas, mejorarán las posibilidades electorales del FSLN.
Pero lo peor es que esa mezquindad de la política partidista se proyecta al manejo de las políticas económicas del Estado, en el sentido de que se dictan diversas medidas que obstaculizan la libre competencia empresarial y comercial. Tal es el caso de la disposición de excluir del Régimen Especial de Cuota Fija —que se aplica a los negocios cuyo volumen anual de ventas no pasa de 480 mil córdobas ó 30 mil dólares, más o menos— a los pequeños establecimientos comerciales que quieran ofertar la cerveza guatemalteca que está entrando al mercado nacional. O sea, gravar y hacer más cara esa cerveza para el consumo popular.
Supuestamente la medida que comentamos no es para proteger a la cervecería de Nicaragua, pues los funcionarios gubernamentales correspondientes aseguran que se trata un acuerdo ministerial aprobado desde el año pasado, y que no se refiere sólo a la comercialización de la cerveza guatemalteca sino de cualquier clase de licores extranjeros.
A su vez, los portavoces de la cervecería de Nicaragua aunque reconocen que la medida gubernamental los favorece, aseguran que no la han instigado y que están dispuestos a competir en condiciones de igualdad con el producto guatemalteco.
Como sea, el hecho concreto e incuestionable es que la medida de la DGI atenta contra la libertad de comercio y la competencia en pie de igualdad, condiciones a las que se acogieron los empresarios extranjeros para hacer su inversión y decidirse a competir en el mercado nacional; y además, se discrimina a los consumidores nicaragüenses del sector popular que tendrán que pagar más por el nuevo producto cervecero, si es que quieren darse el gusto de consumirlo.
A estas alturas del tiempo no se puede poner en duda que el sistema económico más eficiente y capaz de crear bienestar social es la economía de mercado basada en la libertad de empresa y la libre competencia. Un sistema en el que son los consumidores con sus gustos y capacidad de compra los que tienen la palabra para determinar qué productos y marcas deben prevalecer en el mercado; y en el cual los productos nacionales o extranjeros deben ganarse la preferencia en el mercado por su mejor calidad, presentación y precios, no por la restricción burocrática dictada por vía de impuestos o cualquier otra.
Quienes gobiernan no deberían olvidar que la libertad de opción es el fundamento de la economía de mercado, y de la democracia; que éstas se terminan o se restringen peligrosamente cuando de una u otra manera y por el motivo que sea se suprime la libertad de escogencia y de competencia; y que para el caso es lo mismo obligar a los ciudadanos a escoger políticamente sólo entre arnoldismo y orteguismo, por ejemplo, que forzarlos a consumir una sola marca de cerveza o de cualquier otro producto comercial.
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