Nada personal
Ni muro ni leyes
Douglas Carcache
Los obispos católicos de Costa Rica le recordaron a su Gobierno que “ni con muros ni con leyes” podrían detener la migración de nicaragüenses a ese país, originada en la pobreza, por lo que sería mejor hacer una legislación que propicie la integración de los migrantes en vez de reprimirlos como elementos peligrosos para la seguridad del país.
Los religiosos enviaron un documento a los legisladores costarricenses, con sugerencias para modificar el proyecto de Ley de Migración y Extranjería que han de aprobar este año, señalando que “si bien Costa Rica es un país receptor, en algunas regiones del país es expulsor de población”.
Sugieren que el Gobierno costarricense impulse, quizás con ayuda internacional, la defensa y protección de los derechos de la población migrante, con programas de desarrollo socioeconómico y de integración familiar en las zonas donde los rechazan.
La semana pasada los obispos se reunieron en Liberia con un representante del clero nicaragüense, monseñor Bernardo Hombach, acordando pedir a las autoridades de Nicaragua que respalden a sus compatriotas migrantes que, a veces, llegan al país vecino sin siquiera una identificación oficial.
Si las propuestas de los obispos son tomadas en cuenta por los diputados ticos, la nueva ley migratoria de ese país garantizaría más los derechos de los extranjeros que llegan a trabajar allí.
Por ejemplo, el artículo 15 del proyecto dice que “serán funciones de la Dirección General...: inspeccionar los lugares de trabajo y de alojamiento, a fin de verificar el cumplimiento de la presente Ley y su Reglamento”. Los religiosos proponen ampliarlo así: “Inspeccionar los lugares de trabajo en coordinación con el Ministerio de Trabajo, con el fin de que se revisen los contratos laborales y se verifique el cumplimiento de las garantías sociales...”
Otra sugerencia importante está relacionada a las detenciones que son frecuentes y a veces arbitrarias en barrios de San José habitados por migrantes nicaragüenses. En el artículo 21 del proyecto de ley, se lee: “Aprehender cautelarmente por el tiempo necesario a los extranjeros que no demuestren que gozan de una autorización de permanencia legal en el país, a fin de determinar su situación migratoria, tramitar y ejecutar, cuando corresponda las sanciones pertinentes”.
La Pastoral Social de Costa Rica pidió que ese artículo sea modificado así: “Aprehender dentro del término perentorio de veinticuatro horas a los extranjeros que no demuestren que gozan de una autorización...”
Los obispos buscan garantizar que a los migrantes los proteja el artículo 37 de la Constitución Política costarricense, que establece que “nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito y sin mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden público, excepto cuando se trate de reo prófugo o delincuente in fraganti”.
Los migrantes nicas deberían ser tratados en Costa Rica de acuerdo a principios de desarrollo humano, no de seguridad nacional, como sugieren los obispos, porque ellos también contribuyen al desarrollo económico de esa nación con su trabajo.
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