VIERNES 14 DE MAYO DEL 2004 / EDICION No. 23,449 / ACTUALIZADA 02:30 am





EL HUMOR DE





Admiten amparo contra Ley de Carrera Judicial

. Sentencia la firmaron cuatro magistrados sandinistas más uno liberal

Mirna Velásquez Sevilla

Cinco de ocho magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dieron lugar a un recurso de amparo contra los diputados de la Asamblea Nacional que suscribieron el dictamen de minoría de Ley de Carrera Judicial, que tanta polémica ha despertado en el seno del Poder Judicial.

El recurso fue interpuesto por jueces y magistrados contra los diputados Noel Pereira Majano, Luis Benavides, Delia Arellano y Noé Campos Carcache, quienes suscribieron el anteproyecto de ley.

La admisión del recurso se basa en que la propuesta liberal lesiona algunos conceptos de la Constitución Política y los derechos individuales de los miembros del Poder Judicial.

“Siendo atribución exclusiva de esta Sala de lo Constitucional, el control constitucional de las leyes y actos de los funcionarios públicos, se ordena remitir certificación de la presente sentencia al presidente y al secretaría de la honorable Asamblea Nacional, para que se abstengan de tramitar el dictamen de minoría o cualquier otro dictamen que contenga los conceptos de que hemos hecho referencia y que violan la Constitución Política”, reza la sentencia.

MAGISTRADOS LIBERALES NO FIRMARON

La sentencia fue firmada por cuatro magistrados de tendencia sandinista más el voto del magistrado liberal Carlos Guerra, y según indica su parte resolutiva, los magistrados Guillermo Selva Argüello, Iván Escobar Fornos y José Manuel Martínez, todos liberales, no firmaron la resolución porque se encontraban fuera del país, con permiso de la Suprema Corte.

“Si se tienen las firmas como lo manda la ley, las sentencias son completamente válidas, es decir lo mismo da que las tenga cinco (votos) a que las tenga todas”, explicó Roberto Larios, vocero de la CSJ.

Recordó que el presidente Enrique Bolaños anunció esta semana que retiraba el proyecto de ley que había presentado ante el Parlamento.

De esta manera, el dictamen propuesto por los diputados liberales del Parlamento no podrá prosperar.

Los liberales pretendían, entre otras cosas, que los actuales funcionarios del Poder Judicial que hubiesen pertenecido a algún órgano de represión, fueran despedidos.

La magistrada del Tribunal de Apelaciones de Managua, Martha Quezada, reaccionó positiva respecto a la resolución y consideró que hay una seguridad jurídica por cuanto las resoluciones de la CSJ deben ser cumplidas.
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