Reporte del istmo
“Honduras viola el tratado de integración”
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Magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia alega que el país vecino no puede retirarse sin antes denunciar el Protocolo de Tegucigalpa, piedra angular de la integración |
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Rafael Chamorro Mora, magistrado de la CCJ.
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Alberto L. Alemán
Honduras anunció hace unos días un “retiro temporal” de la Corte Centroamericana de Justicia, y afirmó que regresará una vez que los gobernantes regionales decidan sobre su futuro. Incluso declaró que no seguirá aportando al presupuesto común de la CCJ, para destinar esos fondos a programas sociales.
Esto constituiría una “violación” del tratado de integración centroamericana, afirmó el magistrado nicaragüense de la CCJ, Rafael Chamorro Mora.
El país vecino tiene dos magistrados en el alto tribunal, cuya sede está en Managua, y aporta un tercio de su presupuesto. Aunque la decisión del retiro es soberana, no está tan claro si esto es correcto desde el punto de vista de las estructuras jurídicas de la integración.
El magistrado Chamorro Mora argumenta que la única salida jurídica para el Estado vecino es la denuncia de todo el Protocolo de Tegucigalpa, de 1991, puesto que Honduras es uno de los tres Estados que ratificaron el Estatuto de la CCJ, junto a Nicaragua y El Salvador. La Corte se instaló en Managua en 1994.
El Protocolo es el tratado base de la integración centroamericana. En su contenido, el documento no contiene una cláusula específica sobre un procedimiento concreto de cómo retirarse de las obligaciones estipuladas.
“La Corte fue creada a través de un tratado internacional ratificado por todos los Estados de Centroamérica, está vigente para toditos los Estados”, dijo Chamorro Mora en una entrevista con LA PRENSA. “En ese Protocolo de Tegucigalpa se dice que el Estatuto se va a discutir y aprobar en los 90 días siguientes a la entrada en vigencia del Protocolo. Lo cumplieron”.
“Para retirarse , deben hacerlo conforme a las reglas del Derecho Internacional. Tienen que denunciar un tratado, y eso lo tienen que hacer ante la Secretaría General del Sistema de Integración. No es simplemente decir: “Me retiro de un órgano del sistema”. Tiene (Honduras) que denunciar el tratado (entero) y eso significa que se tiene que retirar de la integración, y de la misma manera que ratificaron el tratado, tiene que ratificar la denuncia del tratado (el Parlamento hondureño)”.
Ni el presidente Ricardo Maduro ni otra autoridad hondureña han explicado con detalles cómo se procederá a hacer efectivo el retiro. Sin embargo, el Derecho Internacional provee una salida.
Esta solución podría ser recurrir a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, explica Carlos Zamora, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Nacional de Costa Rica y profesor visitante en la maestría de relaciones internacionales de la UCA.
“Todos los tratados deben contener una provisión de cómo denunciarlos; si no, se recurre a la práctica. Está la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969”, explicó.
Dicho documento especifica en su parte quinta cómo se llega a la nulidad de tratados, y concede diversos períodos –el más corto prevé al menos 90 días tras la notificación– para hacer efectiva la nulidad, en dependencia del caso en cuestión.
Hasta la fecha, la CCJ no ha sido notificada oficialmente de la acción de Tegucigalpa ni tampoco tiene conocimiento de que se haya enviado una comunicación a la Secretaría del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), en San Salvador.
Costa Rica, Guatemala y Panamá están bajo la jurisdicción de la Corte en temas de la integración, aunque no sean parte del Estatuto, sostiene Chamorro Mora.
El magistrado negó que Honduras aporte dos millones de dólares al presupuesto de la CCJ. “Ni siquiera llega a eso todo el presupuesto” del órgano, sostuvo.
De no aportar su cuota financiera, como le obliga el Estatuto, “eso es una violación del tratado”, agregó Chamorro Mora.
Si los magistrados hondureños se retirasen “la Corte no se va a detener”.
Además, rechazó la noción de que los Estados no están cumpliendo con las sentencias, pero reconoció que el tribunal sale afectado con el retiro.
LOS ARGUMENTOS DE MADURO
El presidente Ricardo Maduro anunció el sábado pasado que su país se retiraba “temporalmente” de la CCJ, porque el órgano no estaba cumpliendo con su mandato y que los Estados no cumplían con sus decisiones.
Comunicó, además, que su país usaría los fondos que provee al tribunal, para fines sociales.
“Nosotros sentimos que las instituciones que no cumplen sus objetivos y no están cumpliendo un rol completo, no merecen que sigamos aportando a ellas los escasos recursos que necesitamos para las necesidades más urgentes de la población”, dijo el mandatario, citado por el diario La Prensa, de San Pedro Sula.
“No significa un retiro permanente, pero sí una demostración de la voluntad clara del Gobierno de Honduras de utilizar sus recursos de forma efectiva para las necesidades prioritarias”.
El Jefe de Gobierno aseguró que Honduras sigue manteniendo firme su posición a favor del fortalecimiento de la integración del istmo y su deseo es que la Corte la formen todos los Estados del área.
Según La Prensa, el magistrado hondureño ante la Corte Centroamericana de Justicia, Adolfo León Gómez, sospecha que el presidente Maduro está molesto por una nota de emplazamiento que recibió hace dos semanas sobre el caso del diputado Víctor Bendeck Ramírez, acusado por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en la quiebra del Banco Corporativo.
Bendeck es diputado suplente al Parlacen y alega que le fue violada la inmunidad por el Estado hondureño.
La CCJ emplazó a Maduro a responder a la demanda. De acuerdo a la doctrina clásica del Derecho Internacional, el jefe del Estado es su representante.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia hondureña considera que es el Procurador General quien debe responder a la demanda. La CCJ insistió en emplazar a Maduro en cu carácter de tribunal internacional.
El magistrado Chamorro Mora aclaró que un emplazamiento no es una citatoria, sino que es un requerimiento de contestar a una demanda. El presidente Maduro podría perfectamente delegar a un abogado o al Procurador General la representación del Estado hondureño, explicó el magistrado.
En 1999, la CCJ dictó medidas cautelares contra Honduras a petición de Nicaragua, para tratar de evitar la ratificación del Tratado Ramírez-López con Colombia , lesivo para nuestro país. Honduras desobedeció y ratificó.
También ordenó a Nicaragua suspender el impuesto del 35% a los productos hondureños, una represalia por la ratificación del tratado. Nicaragua lo hizo apenas el año pasado.
CRITERIO TICO
“A Costa Rica no le interesa participar en la CCJ, porque estima que ésta no cumple ninguna función” trascendente, al menos como está concebida ahora, dice Carlos Zamora, profesor costarricense de relaciones internacionales. San José “nunca ha considerado incorporarse”, añadió.
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