Los partidos políticos son fundamentales instituciones de orden público, necesarios para el funcionamiento del régimen democrático. Por ello interesan sus actuaciones, cualesquiera que sea su ideología, sobre todo si se trata de actuaciones erradas que afectan la gobernabilidad y estabilidad del país.

En ese contexto preocupa el cisma que se mantiene entre el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Gobierno del presidente Enrique Bolaños. Separación tanto más extraña cuando éste fue electo en gran parte por el voto del PLC, a pesar de lo cual este conglomerado partidista se declaró en oposición, una postura tan absurda como inoportuna. Lo lógico es que mantengan, Gobierno y PLC, una estrecha y sólida coordinación, a largo plazo, que proporcione al Poder Ejecutivo la mayoría parlamentaria necesaria para gobernar sin sobresaltos. En cambio han preferido (Gobierno y PLC) entenderse en forma separada y periódica con el FSLN, creyendo que conseguirían con ello cooperación para sus propios fines, o quizás protección. Es una postura que engendra inseguridad, pues al presentarse incierto el futuro político se da el clima propicio para que circulen toda clase de rumores desestabilizadores, que se refuerzan con las parálisis periódicas de los poderes del Estado.

¿Por qué actúan así Gobierno y PLC? La explicación más escuchada es que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PLC reacciona así por rencor al enjuiciamiento del caudillo. Confunde ese conglomerado al partido, que es un cuerpo político permanente, con la persona transitoria del ex Presidente, con cuyos errores no está obligado a solidarizarse. Al negarle al Gobierno el apoyo legislativo repite lo de Juan Dundo, que serruchaba la rama en la que estaba sentado. En todo caso, esa ausencia de mayoría parlamentaria, necesaria para gobernar, lo vuelve dependiente de los votos sandinistas para aprobar leyes.

Por su parte el presidente Enrique Bolaños, quien obtuvo una votación récord y retiene el respeto de la comunidad donante internacional, se deja asustar por el FSLN, que no tiene capacidad para enjuiciarlo por supuestos delitos electorales, y el que nunca lo apoyará en legislaciones juzgadas fundamentales por el Ejecutivo. Nos referimos a las reformas al Presupuesto y a la interpretación auténtica de la Ley 1913. Para terminar, el dilema persiste para el liberalismo: o se coordina con el Gobierno o perderá las elecciones del 2006.

Esa situación paradojal ha creado confusiones. Si bien la reunión Bolaños-Ortega desvaneció rumores malsanos, el FSLN mantiene vivo a través de la juez Méndez el juicio por supuestos delitos electorales. El objetivo oculto es evitar, con el acoso, que se apruebe sin su consentimiento la Ley de Carrera Judicial, a pesar que el presidente Bolaños ha prometido que se discutirá ampliamente sin renunciar por ello a la mayoría que es en la democracia manera de expresar consenso.

Por su parte el FSLN ilusiona al CEN sobre liberar al doctor Alemán, aunque a la hora llegada echa pie atrás por el alto costo político y porque teme que una vez en la calle, el doctor Alemán recogerá la bandera antisandinista que tanto rédito le ha dado. Se limita entonces a sacar y meter de El Chile al caudillo liberal, para dar constancia de su poder.

¿Por qué, entonces no se entienden Gobierno y PLC y abandonan esas pláticas peligrosas con el adversario que no les llevan a ninguna parte, excepto a la división del liberalismo y a producir una Asamblea Nacional inoperante? ¿Acaso no probaron Gobierno y PLC, el pasado 21 de marzo, que pueden integrar una mayoría en la Asamblea Nacional? Para mantenerla, la bancada Azul y Blanco, que fue organizada en una situación excepcional para un propósito extraordinario, debe seguir una estrategia de conciliación del liberalismo con el Ejecutivo, que asegure una mayoría democrática. Más bien sorprendió que consiguiendo el pasado 21 de marzo aquella mayoría no la utilizase la coalición PLC-Azul y Blanco-Camino Cristiano y Partido Conservador, para pasar la lista de leyes convenidas en el famoso “compromiso histórico” de marzo pasado.

Finalmente, la recomposición de la directiva de la Asamblea Nacional sólo es posible legalmente si los dos miembros del PLC renuncian voluntariamente, o si el plenario reúne 60 por ciento de los votos para destituirlo. Otro procedimiento sería ilegal.

El dilema del liberalismo