VIERNES 7 DE MAYO DEL 2004 / EDICION No. 23,442 / ACTUALIZADA 02:30 am





EL HUMOR DE




Crimen, Policía y justicia

El asesinato atroz de cuatro policías, el martes de esta semana en la ciudad de Bluefields, fue a juicio del jefe de la Policía Nacional, comisionado mayor Edwin Cordero, una advertencia del crimen organizado por “los fuertes golpes que la institución le ha dado no sólo al narcotráfico internacional sino también a las bandas fuertes de delincuentes que hay en la región” es decir, en la Costa Atlántica de Nicaragua (LA PRENSA, jueves 6 de mayo del 2004)

“Vamos ojo por ojo y aceptamos el reto”, fue la respuesta del jefe policial a los criminales que quieren amedrentar a las fuerzas de seguridad pública para que éstas no sigan combatiendo la delincuencia organizada, particularmente el narcotráfico internacional que ha hecho de la Costa Atlántica un teatro fundamental de sus operaciones.

Algunos expertos en seguridad pública y derechos humanos están haciendo múltiples interpretaciones del caso de Bluefields y han presentado diversas sugerencias a la sociedad y las autoridades gubernamentales. Señalan, por ejemplo, que la Policía debe ser apoyada con más presupuesto, que la delincuencia ha entrado en una fase de “colombianización”, que el crimen organizado debe ser asunto prioritario de Estado y que urge elaborar y ejecutar una estrategia global de lucha contra el crimen.

Cabe recordar que en muchas ocasiones miembros de la Policía Nacional se han quejado de que mientras ellos hacen grandes esfuerzos y arrostran graves peligros por perseguir y capturar a los delincuentes, sobre todo cuando se trata de narco-criminales los jueces los liberan fácilmente, o los sentencian a breves penas de cárcel y módicas multas. De esa manera se anula el trabajo de los policías y además se les expone a represalias de los delincuentes, que se tornan más agresivos al sentirse protegidos por la impunidad que en términos generales les facilita el Poder Judicial de Nicaragua.

Al respecto, en múltiples ocasiones hemos dicho que no hay que confiarse en lo que dicen las estadísticas oficiales de que Nicaragua es el país menos inseguro de Centroamérica. Que más bien es necesario tomar medidas para enfrentar y contener la creciente delincuencia, sobre todo del narcotráfico y en general del crimen organizado internacional, en el que actúan los peores criminales que cabe imaginar y que sólo son comparables en crueldad e inhumanidad con los terroristas contemporáneos.

El año pasado, en el informe Drogas Ilícitas: tendencias globales 2003, difundido por la ONU, Nicaragua fue clasificado como uno de los mayores consumidores de cocaína en América del Sur y Central, junto con Brasil, Colombia y Argentina. Pero sobre todo el territorio de Nicaragua, por su estratégica ubicación geográfica, es utilizado para el tráfico de la droga que se transporta desde los grandes sitios productores del sur, hacia los principales centros de consumo en Estados Unidos y Europa.

Como es bien sabido, el daño que las drogas causan a la población, particularmente a la juventud, es devastador; pero además el tráfico de la droga genera una delincuencia más poderosa e inescrupulosa que todas las demás actividades criminales, la cual se fortalece por la posibilidad de crearse una amplia base social mediante la distribución popular de drogas y la repartición de beneficios entre sectores de la población, y porque los grandes beneficios que produce le permiten sobornar a jueces, magistrados y otros funcionarios del Estado.

De manera que mientras el Poder Judicial de Nicaragua no sea depurado del partidismo, la venalidad y la corrupción, la criminalidad seguirá aumentando, los esfuerzos de la Policía por contenerla serán inútiles y seguirán ocurriendo asesinatos atroces iguales o parecidos al de los cuatro policías de Bluefields; a menos que la autoridad policial también claudique y deje que los delincuentes hagan lo que quieran.

Pero el problema no se resuelve sólo con lamentaciones ni maldiciones contra la impunidad y la corrupción. La lucha contra el crimen compete a todos y la ciudadanía debe asumir compromisos en la lucha para enfrentarlo y derrotarlo. Y ante todo el Gobierno debe retomar la abandonada lucha por despartidarizar y sanear la administración de justicia. La delincuencia, inclusive la peor como el asesinato de los policías de Bluefields, sólo se puede derrotar con instituciones que funcionen con valentía y honestidad.
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