Nicaragua sigue sin ley general de educación
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Las universidades públicas con
servicio privado “no deberían
recibir presupuesto del Estado”, dice diputado del Parlamento |
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Telémaco Talavera, rector de la UNA, en el Foro Nacional de Rectores, que se realizó para discutir algunos aspectos de la ley general de educación.
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Arlen Pérez
“Nicaragua es el único país de la región que no tiene una ley general de educación, incluso el artículo 119 de la Constitución establece que debe haber una ley que garantice el funcionamiento del sistema educativo y su articulación con el desarrollo del país, pero no la hay”, dijo Telémaco Talavera, presidente del Foro Nacional de Rectores (Fonare).
Este organismo se reunió recientemente con el presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, Orlando Mayorga y el ministro de Educación Cultura y Deportes, Silvio De Franco, para concretizar algunos aspectos de la ley general de educación.
Carlos Tünnermann, especialista en educación, considera que ésta debe ser una ley que establezca principios básicos, orientadores, de carácter general que de ninguna manera se transformen en una camisa de fuerza para los procesos de innovación.
Es la primera vez que el ministro de Educación asiste a una reunión del Fonare, y expresó que es importante introducir en la discusión de esta ley los criterios de calidad, equidad y flexibilidad de los sistemas educativos.
“Uno puede legislar muchas cosas, pero en la práctica lo que hay que crear es un clima de articulación que yo lo llamo dialógica, en otras palabras basada en un diálogo continuo, intercambio de información, identificación de intereses comunes de tal manera que nos permita ir mejorando mutuamente”, dijo De Franco.
PRESUPUESTO ES PARA UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Por su parte el diputado Orlando Mayorga, dijo que para trabajar en esta ley hay que analizar aspectos relativos como la Ley de Autonomía Universitaria o Ley 89.
“En la Ley 89 están involucradas las universidades privadas que gozan del Presupuesto General de la República. Se sabe que cuando las universidades fueron nacionalizadas jugaron un papel importante, pero a estas alturas cuando ya dan un servicio privado, creo yo y muchos creen, que no deberían de gozar del presupuesto del Estado y que éste debe pasar a las universidades públicas”, expresó Mayorga.
Entre las conclusiones del Fonare están: que la ley tenga carácter general, esperar el momento oportuno para presentarla a la Asamblea Nacional, para que se analice sin intereses políticos. Debe tener una función social y servir para ampliar el techo presupuestario para educación.
Finalmente se concluyó que el problema de la calidad no es sólo un problema de una parte del sistema educativo, sino que es un problema de todo el sistema en sí y que por tanto debe existir una articulación entre todos los niveles.
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