Especial
Jueces confirman fraudes registrales
Roberto Orozco B.
En la mayoría de los despachos de los abogados, hay rótulos que anuncian títulos supletorios
Tanto el registrador público de la Propiedad en Bluefields, como jueces de El Rama, reconocen que han existido fraudes registrales en los que han incurrido productores y abogados, que han generado conflictos serios que profundizan más el ya eterno problema de la propiedad.
Estos fraudes han sido cometidos con el propósito de crear “derechos ficticios” a terceros y emprender una avalancha de juicios penales y civiles contra los desmovilizados, porque ellos tienen en posesión la tierra. Sólo la cooperativa Paz y Libertad ha enfrentado 26 juicios. En total hay 234 desmovilizados procesados, en 130 juicios, y 103 de ellos tienen órdenes de captura.
“Efectivamente, hay esos tipos de problema”, reconoce Thomas Kelly, registrador público de la Propiedad en Bluefields. “Por ejemplo, la sentencia y la firma y sello del juez que otorgó título supletorio en esa finca, fueron falsificados”, dice.
Kelly se refiere al caso de la finca Los Cocos, donde está la cooperativa agropecuaria San José, ubicada en la comarca San Jerónimo, en Wapí. Este es el caso más ilustrativo de un fraude registral. Esta propiedad era de la señora Hilda Sánchez Baldelomar, pero ella la dio en dación en pago al Banco Nacional de Desarrollo (Banades) por un crédito que no pagó por la suma de 305 mil 900 córdobas, según documentos en poder de LA PRENSA.
Al corroborar la historia registral, LA PRENSA constató que la misma se pierde porque una de las páginas del folio donde está inscrita (ver cuadro aparte) fue arrancada para hacer desaparecer la hipoteca.
Sin embargo, la propiedad fue inscrita luego con otro número registral y, para ello, se utilizó un título supletorio en el que falsificaron la firma y sello del juez de Nueva Guinea, Eduardo Carrillo Rosales, quien supuestamente sentenció a favor de Pedro Chávez González, el nuevo título de propiedad. Una vez ya “legalizada” la nueva situación de esta finca Los Cocos, Chávez González aparece vendiéndole la propiedad a su antigua dueña, Sánchez Baldelomar, quien luego se la vende a Javier Jirón.
Los que arrancaron la página del Libro de Propiedades del Registro Público de la Propiedad, de Bluefields, pretendían que no se demostrara que la finca pasó al Banades.
JUEZ CONFIRMA
El juez Carrillo confirmó a LA PRENSA esa situación y mostró, para variar, otro título supletorio en el que también le falsifican su firma y sello.
“Nunca he trabajado en El Rama”, dice el juez Carrillo. “Vine de Juigalpa (a Nueva Guinea), donde fui Juez Local Civil. Mi jurisdicción es Nueva Guinea, por ello, esa propiedad (la finca Los Cocos), ni siquiera era sujeta de inscripción en el Registro Público de la Propiedad de Bluefields. No sé por qué el registrador tuvo que darle pase para inscribir una propiedad de El Rama con una sentencia de un juez de Nueva Guinea”, cuestionó Carrillo.
“Los diarios no coinciden”, agrega Kelly, al referirse al número del Libro del Diario que el Registro lleva para control previo de la inscripción de una propiedad. Ese número no coincidía con el de la escritura que presentaron al momento de inscribir la finca en el Libro de Propiedades.
“Esto ocurre en el mayor de los casos de las propiedades con los que los productores tienen conflictos con los desmovilizados. Yo les entregué a ellos (desmovilizados), hace un año, un informe en el que se les explicaba detalladamente eso. Prácticamente se habrían librado de la mayoría de los juicios (penales y civiles) porque si los números de los diarios no coinciden con los de la escritura, entonces, técnicamente, esa escritura es nula y, por consiguiente, los juicios también”, argumenta Kelly.
ABOGADOS IMPLICADOS
La Juez Local Único de El Rama, doctora Mayra Sevilla, asegura que en ésto hay abogados que se prestan a cometer ilegalidades de este tipo.
“Aquí, yo sé, que existen algunas desviaciones o ilegalidades en el sentido de que algunos notarios se prestan a hacer títulos supletorios o algunas personas se prestan a hacer escrituras públicas que inscriben en el Registro de la Propiedad y, luego, se vienen a promover un juicio penal”, declaró Sevilla.
La juez asegura que los jueces, cuando se inician los procesos contra los desmovilizados, no ven si la escritura es falsa o no, sino que si ésta está debidamente inscrita y cumple con los requisitos legales, dan paso al juicio porque el demandante demuestra su derecho.
“No sabemos si existe una nulidad de por medio y, ante eso, lo que tiene que hacerse es irse a la instancia correspondiente por la vía civil. Las personas que dicen que existe la nulidad (los desmovilizados) tienen que probar ante un juez civil si existe esa nulidad”, recomendó Sevilla.
LAS PROPIEDADES EN CONFLICTO
Son 35 propiedades en total por las que los ex Contras enfrentan conflictos y problemas judiciales. El intendente de la Propiedad, Elí Tablada, envió carta a los jueces de El Rama el 11 de noviembre del 2003, para que pararan todos los juicios en contra de los desmovilizados, pero éstos continúan.
Las fincas son San Agustín, Acapulco, La Chiriza, Los Cocos, Mahoany, El Pedernal, La Florida, San Antonio, San José, Los Abandonos, Nancital, San Martín, La Unión, El Estacón, Santa Fe, Las Pampas, Las Amazonas, El Paraíso, Gracias a Dios, La Fortuna, El Palmar, El Destino, La Ternera, Buenos Aires, Llanos de Pilán, El Apagón, Los Caracoles, Las Peñitas, Buena Vista, Finca Tranquilina y San Jerónimo, entre otras.
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