La decisión y ejecución del traslado de Arnoldo Alemán, de su residencia en la hacienda El Chile a la Cárcel Modelo de Tipitapa, fue un evento judicial y mediático grotesco y vergonzoso; y además un operativo típicamente sandinista, independientemente de que los efectivos policiales que participaron cumplieron órdenes de una autoridad judicial y a pesar de que Arnoldo Alemán tiene bien merecido ese tratamiento de los sandinistas, no por los delitos de corrupción que cometió –pues peor fue el latrocinio de la piñata sandinista– sino porque traicionó a la democracia al pactar con Daniel Ortega y el FSLN precisamente para darles a éstos todo el poder avasallador que tienen ahora en la administración de justicia.

Pero la decisión de la juez Juana Méndez de trasladar a Arnoldo Alemán a la Cárcel Modelo, fue también un atropello al orden judicial y a la autoridad del Presidente de la República, que por medio del Ministerio de Gobernación había decidido prudentemente que Alemán debía permanecer en El Chile hasta que los magistrados se pusieran de acuerdo en sus resoluciones sobre el caso.

El problema no es si el reo Arnoldo Alemán merece o no estar en la cárcel. Si la justicia demostró que es culpable de los delitos por los que fue acusado por el Gobierno de la República, y más aún, si ya fue condenado por ellos, lo justo es que pague a la sociedad permaneciendo en la cárcel como cualquier otro delincuente.

Pero la juez sandinista Juana Méndez decidió que Alemán no debía ser enviado a la cárcel porque supuestamente es un valetudinario, o sea que por enfermedad, discapacidad o senectud no puede valerse por sí mismo. Sin embargo la misma juez decide ahora lo contrario, argumentando que Alemán es valetudinario para el llamado juicio de “la huaca” pero no lo es para el proceso por estafa al desaparecido Canal 6 de televisión.

En realidad, lo que hay detrás de ese bochornoso comportamiento de la autoridad judicial es una presión de Daniel Ortega contra el PLC para obligarlo a desistir del apoyo a leyes que no le convienen al FSLN, como por ejemplo la de Carrera Judicial que de ser aprobada quebrantaría el control sandinista sobre el Poder Judicial que le dio el mismo Arnoldo Alemán; y para forzarlo a aprobar fallos judiciales que reportarían millonarios beneficios al Frente Sandinista.

Como sea, nunca antes se había visto en Nicaragua –y seguramente en ninguna otra parte del mundo– que un tribunal Civil anulara la disposición de una corte Penal, ni que se admitiera un recurso de amparo contra una resolución judicial, ni que un magistrado a título personal se arrogara funciones judiciales que competen al tribunal en forma colegiada. En fin, sólo aquí, por la deleznable calidad de los magistrados y jueces se puede ver tan bochornoso espectáculo judicial.

Y todavía esos jueces tienen cara para aparecer en los medios de comunicación amenazando con huelgas si se aprobara la Ley de Carrera Judicial. Una huelga para toda la vida es la que deberían hacer esos jueces, o sea entregar los cargos que detentan y permitir que se pueda escoger nuevos funcionarios judiciales probos, eficientes, apolíticos, justos y profesionales.

Nicaragua necesita de manera apremiante una administración de justicia responsable, honesta, profesional y despartidizada, que se gane la confianza de la sociedad, que sirva de base a la convivencia democrática y pacífica y que sea garante de la seguridad jurídica de los negocios y en general del funcionamiento de todos los mecanismos de la sociedad.

Se supone que en la democracia las autoridades electas directa e indirectamente por el pueblo, como dice el artículo 130 de la Constitución Política de la República, incluyendo a los magistrados y jueces, son mandatarias de los ciudadanos que depositaron en ellas toda su confianza. Y por lo tanto las acciones de esas personas con autoridad, en el desempeño de sus cargos y funciones, deben desarrollarse bajo los principios de transparencia, responsabilidad política, respeto al público y honestidad personal.

Pero aquí, a lo que sirven los magistrados y jueces es a los intereses corruptos de los caciques y partidos políticos, como lo han reafirmado con su grotesca y vergonzosa actuación de los últimos días.

Grotesco y vergonzoso