Es comprensible que el Frente Sandinista quiera hacer cambios en la Junta Directiva de la Asamblea Nacional que se eligió el 9 de enero de este año. En realidad aquella elección fue un triunfo del PLC arnoldista, al mismo tiempo que una aparatosa derrota del sandinismo. De manera que ahora la destitución de los directivos arnoldistas significaría un triple triunfo sandinista: sobre el PLC y Arnoldo Alemán; sobre Estados Unidos, cuya Embajadora en Nicaragua cuya intermediación fue determinante para la elección de la actual Junta Directiva; y sobre el presidente Bolaños, aunque éste apoyara el nuevo cambio de directivos parlamentarios que está exigiendo el FSLN.

En realidad, si el FSLN recuperara el control del Poder Legislativo, de manera directa o indirecta, el presidente Bolaños quedaría sometido al chantaje político sandinista del juicio por delitos electorales, que el Frente Sandinista por su influencia judicial puede manda a reactivar o decidir que se mantenga dormido; pero de todas maneras Bolaños quedaría expuesto a las amenazas de Daniel Ortega, como ocurrió en diciembre último cuando el líder sandinista insultó al presidente Bolaños y amenazó con derrocarlo mediante un “bolivianazo”, en alusión a la asonada que derribó al ex Presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, en octubre del año pasado.

La verdad es que si se quería que la legislatura de este año fuera estable y atendiera los temas legislativos de interés nacional, se hubiera elegido una Junta Directiva equilibrada, con representación de las tres fuerzas políticas —liberales, sandinistas y bolañistas— pero sin que ninguna tuviera la posibilidad de imponerse a las otras.

Sin embargo eso no se pudo lograr, según se dijo por la intransigencia del PLC que no quiso ceder la primera vicepresidencia al FSLN a pesar de que tenía asegurada la presidencia de la Asamblea Nacional, pero también se debió a la pusilanimidad de quienes se dejaron imponer al arnoldismo. De manera que los sandinistas prefirieron quedar al margen de la directiva parlamentaria, en espera de la oportunidad para volver “en caballo blanco”, como lo están haciendo ahora.

Por otra parte, los liberales arnoldistas no tuvieron capacidad para aprovechar la oportunidad y volvieron a demostrar que son in-confiables, al provocar de inmediato una nueva crisis parlamentaria por su empecinamiento en liberar a Arnoldo Alemán de las acusaciones y la condena por corrupción, inclusive atropellando la Constitución y el procedimiento legislativo.

Ahora bien, si se aceptara como correcta la pretensión sandinista de destituir de sus cargos en la Junta Directiva a los diputados del PLC porque atropellaron los preceptos constitucionales, estatutarios y reglamentarios, también habría que destituir al primer secretario de la Asamblea Nacional, quien estaba obligado a devolver el proyecto de amnistía mediante decreto, por improcedente, pero no lo hizo y por lo tanto también es culpable de la crisis actual en el Poder Legislativo.

Así las cosas, no es tan cierto que el plenario de la Asamblea Nacional puede destituir a los miembros de la Junta Directiva simplemente porque el principio de derecho consignado en el Título Preliminar del Código Civil dice que las cosas se deshacen como se hacen. La verdad es que las cosas se hacen conforme a un procedimiento, y por lo tanto también hay una formalidad para deshacerlas. De manera que si bien cualquier directivo puede ser destituido de su cargo, la destitución debe hacerse conforme a lo establecido en el Estatuto y el Reglamento. Utilizar la ley más allá de lo razonable y de los fines para los cuales ha sido creada, significa pervertir el derecho.

Al respecto hay que decir que tampoco es correcto comparar la situación de ahora con la de octubre del 2002, cuando fue destituido Arnoldo Alemán de la presidencia de la Asamblea Nacional. En aquella oportunidad los directivos destituidos desacataron un mandato judicial, se colocaron al margen de la ley y crearon un vacío de legalidad en el Poder Legislativo que sólo se podía resolver por la destitución de los transgresores por parte del Plenario, cuando pudo conseguir los 47 votos indispensables.

En todo caso, lo que se debería hacer es buscar un acuerdo basado en el equilibrio de las fuerzas parlamentarias, para que nadie siga haciendo disparates y la Asamblea cumpla sus atribuciones establecidas en la Constitución. Lo cual, sin embargo, parece imposible con estos diputados.

¿Otra Directiva en la Asamblea?