La obligación de aclarar
En los círculos gubernamentales se asegura que los miembros de la Contraloría General de la República que han planteado públicamente al presidente Enrique Bolaños varias preguntas capciosas relacionadas con la investigación de la llamada Guaca 2, quieren desviar la atención del asesinato de Carlos Guadamuz. En realidad, es obvio el manejo político partidista que se le está dando a este asunto, pues los contralores no han enviado las preguntas al presidente Bolaños, pero las filtraron a los medios de información.
Es probable que sea cierto que los contralores sandinistas quieran desviar la atención del caso Guadamuz. El cadáver del disidente sandinista asesinado es muy pesado para el FSLN, particularmente para algunos de sus principales dirigentes, aunque ya pasó un mes después del asesinato y lo más seguro es que la investigación policial y judicial no llegue a más. Ciertamente, son muy poderosos e intimidantes los intereses en que no se investigue más y que no se siga hablando del asunto, como para esperar que se quiera llegar al fondo del caso.
Pero no hay razón para que el PLC quiera echar tierra sobre el caso Guadamuz. De manera que el hostigamiento de los contralores liberales al presidente Bolaños debe ser porque quieren cobrarle la cuenta por la desgracia política de Arnoldo Alemán; y además, demostrar que la campaña anticorrupción era sólo para liquidar políticamente a Alemán, y señalar que también Bolaños habría participado de manera directa o indirecta en la corrupción del gobierno anterior, en el que sirvió como Vicepresidente de la República.
En el curso de esas intrigas politiqueras se están filtrando a los medios de comunicación informaciones con medias verdades y mentiras, lo mismo que documentos falsos o verdaderos manipulados con el fin de, por ejemplo, “demostrar” irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral que llevó a don Enrique Bolaños a la Presidencia de la República.
Sin embargo, independientemente de esas batallas sucias que se libran en las altas esferas del poder, el Presidente de la República tiene la obligación, de acuerdo con el artículo 131 de la Constitución Política de la República, de aclarar hasta el último centavo de córdoba o dólar del financiamiento de su campaña política. Y los magistrados del Consejo Supremo Electoral lo mismo que los contralores, deberían exigir lo mismo a sus partidos, el PLC y el FSLN, que gastan ostensiblemente sumas millonarias en sus campañas, mucho más que el financiamiento estatal.
En Nicaragua las campañas electorales son tan costosas como en los países más ricos del mundo. Todo el financiamiento adicional al que por mandato de la ley proporciona el Estado a los partidos políticos, éstos lo obtienen de donantes particulares, que en algunos casos contribuyen con gruesas sumas de dinero para obtener posteriores beneficios gubernamentales, inclusive cargos lucrativos y bien conectados, así como la posibilidad de recibir información privilegiada que les permita hacer excelentes negocios aún en el marco del cumplimiento de los requisitos legales de contratación del Estado. Y esto en el mejor de los casos, porque al ocultarse la información sobre las donaciones particulares se crea la posibilidad de que personas inescrupulosas usen las campañas para lavar dinero ilícitamente adquirido.
De acuerdo con la Ley Electoral (artículo 104), los partidos políticos y las alianzas de partidos —no los candidatos a título personal— que participan en las campañas electorales, tienen derecho a recibir contribuciones económicas de personas privadas, pero las deben depositar en cuentas bancarias abiertas expresamente para ellas, y registrar la documentación correspondiente en el Consejo Supremo Electoral, documentación que es de carácter público. Además, la Ley Electoral prohíbe de manera tajante las contribuciones privadas anónimas.
Sin dudas que entre las reformas a la Ley Electoral se deben incluir aquéllas que garanticen un mejor control a las donaciones privadas, para impedir que se usen como medio de lavado de dinero y para ocultar compromisos inconfensables de los candidatos a ocupar cargos gubernamentales de elección popular.
Pero aunque sea imposible esperar algo bueno de ellos, lo primero que deberían hacer los contralores y magistrados electorales es hacer que sus partidos, el PLC y el FSLN cumplan el mandato de la Ley Electoral que ya existe en relación con las donaciones de personas particulares a las campañas políticas.
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