Mucho se ha hablado, pero en forma poco clara, sobre la creación de una oficina especial de la Presidencia de la República para procesar y verificar la información de “inteligencia” que recibe del Ejército por medio de la Dirección de Información para la Defensa (DID)

Ante la falta de información transparente sobre el asunto, se ha especulado acerca de que el presidente Enrique Bolaños estaría tratando de crear otra policía política, como las tristemente célebres, tenebrosas y muy temidas Oficina de Seguridad Nacional (OSN), en la época del somocismo, y Direccion General de Seguridad del Estado (DGSE), durante el régimen sandinista.

Pero el propio presidente Enrique Bolaños desmintió esa especie y declaró (LA PRENSA, martes 2 de marzo de 2004) que se trata de “una dependencia que le procesa la información que le envían y de esa forma tomar determinadas medidas para la situación planteada”. Con lo cual dio a entender que ya existe esa dependencia especial, cuyo financiamiento no aparece sin embargo en el Presupuesto General de la República.

Por su parte el Viceministro de Gobernación, Alfonso Sandino, “confirmó que el proyecto del Ejecutivo para crear una Oficina de Análisis para la Gobernabilidad, busca concentrar toda la información que la Policía y el Ejército obtienen en una sola instancia en la que participen civiles”. Pero al mismo tiempo el Ministro de Defensa, José Adán Guerra, dijo “no conocer el proyecto que lidera el Ministerio de Gobernación”, aunque “no descartó que en un futuro se pueda discutir un eventual control civil sobre la Dirección de Información para la Defensa (DID)” (LA PRENSA, miércoles 3 de marzo del 2004)

¿Por qué tanto enredo y misterio? El asunto de la información de “inteligencia” es un tema muy sensible en Nicaragua, por la experiencia de los antes mencionados órganos de seguridad del Estado y de represión política, somocista y sandinista. Precisamente por eso fue que la reforma constitucional de 1995 estableció categóricamente (artículo 96 de la Constitución) que: “Se prohíbe a los organismos del Ejército y la Policía y a cualquier otra institución del Estado, ejercer actividades de espionaje político”. Y en el artículo 26 de la misma ley constitucional se consignó que: “Toda persona tiene derecho a conocer toda información que sobre ella hayan registrado las autoridades estatales, así como el derecho de saber por qué y con qué finalidad tiene esa información”.

Eso significa que el Gobierno tiene la obligación de informarle a los ciudadanos qué información sobre ellos recoge el Ejército por medio de la DID, cómo la obtiene y con qué fines. Además se debe informar a la ciudadanía si la DID pasa toda la información que recoge al Presidente de la República, o sólo una parte, y en qué y para qué la usa el primer mandatario de la nación.

Al respecto llama la atención que un dirigente político estrechamente aliado al FSLN y experto en asuntos políticos y legales del poder militar, como es el ex presidente de la Asamblea Nacional, Luis Humberto Guzmán —quien fue por cierto uno de los promotores de la Ley de Organización Militar en la que se creó la DID—, reconozca con toda franqueza que existen y funcionan “órganos de inteligencia que actualmente están manejados por el Ejército”. Así lo reveló Guzmán a LA PRENSA en declaraciones que publicamos el 29 de febrero en la sección Enfoque.

Sin duda que Guzmán se refería a la DID, y con pleno apego a derecho democrático aseguró que “no hay ninguna razón ni técnica ni profesional para que eso continúe siendo así…” En realidad, a pesar de que según la Constitución en Nicaragua no hay o no debería haber órganos de espionaje político en el Ejército ni en ninguna otra institución estatal, si los hubiera por lo menos deberían estar controlados por el poder civil, no por la fuerza militar.

En un sistema de gobierno democrático las agencias de información e inteligencia, cuya existencia se considera fatalmente inevitable, están subordinadas al gobierno civil, y no es el gobierno elegido por el pueblo el que se somete a la “inteligencia” de órganos militares y/o policiales. Y el presidente Bolaños y los ministros de Defensa y Gobernación deberían decírselo a la cúpula militar, y quitarle el control de la DID.

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