Ahorro y transparencia se imponen en reformas electorales
Juan José Lacayo
Las polémicas reformas a la actual Ley Electoral planteadas por sectores políticos y de la sociedad civil generarían al país un millonario ahorro de recursos económicos, y abrirían las puertas a la transparencia y la despartidización de los organismos electorales. Al parecer estos argumentos contundentes han permeabilizado a importantes sectores parlamentarios, incluso de las fuerzas políticas mayoritarias, que en las últimas semanas se han sumado a un debate legislativo sobre el tema. Entre las propuestas presentadas al Parlamento informalmente destaca la del Partido Conservador (PC), que redundaría en un ahorro de más de siete millones de dólares al reducir sustancialmente todo el andamiaje electoral actual.
La propuesta del Partido Conservador contempla reformas a unos 55 artículos de la Ley Electoral aprobada en el año 2000 y es el primer anteproyecto elaborado formalmente y presentado a las diferentes bancadas legislativas para su discusión y consenso, ya que las enmiendas tienen rango constitucional.
En la exposición de motivos del anteproyecto elaborado por los conservadores se señala que la Ley dictada en el 2000 tenía la presunta finalidad de limitar el multipartidismo exagerado que existía en la época y eliminar la pesada carga económica que pende sobre el Estado.
Sin embargo, los mismos promotores de esa legislación han reconocido que ésta “fue más allá de sus legítimos propósitos y se convirtió en una ley excluyente que propició un bipartidismo anacrónico, atentando contra la democracia”.
Desde su promulgación la legislación fue cuestionada por los partidos políticos, los organismos de la sociedad civil, los países donantes y los observadores internacionales, que en varias ocasiones han advertido que “representa un retroceso en el proceso de transición hacia la democracia”.
Esos temores, según el dictamen conservador, han sido plenamente confirmados, luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ha resuelto diversos recursos por inconstitucionalidad y de amparo, interpuestos por partidos afectados. Las resoluciones de la CSJ señalan la inconstitucionalidad de muchos de los artículos, las contradicciones que plantean entre sí y con la Constitución Política de Nicaragua.
El Partido Conservador considera que aún estando a las puertas de las elecciones municipales previstas para noviembre próximo, es el momento propicio para impulsar las reformas parciales para subsanar los vacíos que contiene la Ley y, a la vez, para eliminar del esquema elementos que encarecen el proceso.
UNA PROPUESTA A FONDO
Según Mario Sebastián Rappaccioli, presidente del PC, las reformas que propone su partido tienen rango constitucional y no pueden ser presentadas como una ley ordinaria, por lo que requieren el consenso de las fuerzas parlamentarias. “Lo que nosotros hemos hecho es cabildear con las diferentes bancadas, ellos son los que tienen los votos, la bola está en la cancha de los que no quieren soltar el poder”, comenta el líder conservador.
La propuesta conservadora plantea eliminar los Consejos Electorales Municipales, porque éstos no tienen ninguna función.
Igualmente plantean que se reduzcan a un número de 3,000 las juntas receptoras de votos (JRV) en las áreas urbanas, para bajar el costo del voto, que es prácticamente un voto domiciliar. Se estima que el funcionamiento de cada JRV tiene un costo de un mil dólares.
Otro costo que puede bajarse drásticamente es el reembolso que reciben los partidos políticos. Los conservadores consideran que los 60 millones de córdobas asignados en el presupuesto electoral del 2004, puede reducirse a 30 millones.
QUITAR SUELDAZOS A SUPLENTES
Las enmiendas también contemplan quitar los jugosos salarios que devengan los tres magistrados suplentes, que se estima devengan un sueldo de 99 mil córdobas, sin tomar en cuenta otros gastos que generan y de los que no se tiene conocimiento público.
El anteproyecto incluye restituir la suscripción popular, para ampliar la participación de los ciudadanos en los procesos electorales y garantizar su derecho a elegir y ser elegidos.
Otro tema crucial es la eliminación de las trabas impuestas a las fuerzas políticas para establecer alianzas, por ahora están obligadas a incorporarse bajo la bandera de los partidos mayoritarios. La legislación del PC propone que ese aspecto sea eliminado.
Hay algunos elementos que también deberían ser reformados y están incluidos en el anteproyecto del PC, entre ellos, la acreditación de los fiscales que deben ser dados a conocer por los partidos con anticipación, lo que según Mario Rappaccioli, provoca que éstos sean intimidados, presionados y cambiados a última hora de JRV, lo que a su juicio también son “trampas” casi invisibles que propician el fraude electoral.
Hay que modificar la conformación de los miembros del Consejo Electoral Departamental cuyos principales cargos y funciones son acaparados por liberales y sandinistas.
PODEROSOS FRENAN REFORMAS
El presidente del PC señala que las perspectivas de que estas reformas sean aprobadas “son limitadas”.
“Para mí el problema no es si hay o no hay perspectivas. Para mí el problema es denunciar que está en poder de ellos, las fuerzas mayoritarias, hacer el cambio si quieren. ¿Por qué no lo hacen? Porque los poderes del Estado están partidizados y ellos tienen control sobre los poderes del Estado, entonces no están al servicio de la población sino al servicio de sus partidos políticos. Ésa es la razón del porqué no lo quieren hacer”, sentenció Rappaccioli.
FSLN Y AZUL Y BLANCO DE ACUERDO
Las bancadas del Frente Sandinista y la Azul y Blanco están de acuerdo en que se impulsen reformas a la Ley Electoral, incluso antes de las elecciones municipales de noviembre próximo.
El coordinador de la bancada oficialista, Orlando Tardencilla, dijo que están de acuerdo en que se elabore un nuevo marco jurídico electoral para asegurar la transparencia en los comicios.
Tardencilla piensa que es factible realizar las enmiendas antes de las elecciones municipales, pero antes habrá que cabildear y lograr el consenso con las otras bancadas.
El legislador señala que actualmente han discutido varias propuestas, incluyendo la del PC, sobre aspectos generales que permitan un proceso de discusión rápida.
Acotó que no hay ningún anteproyecto presentado oficialmente ante la Asamblea Nacional, lo que podría retrasar este proceso.
El coordinador de la bancada sandinista, Edwin Castro, señala que el partido rojinegro apoyaría un proyecto de enmiendas electorales. El legislador informa que están de acuerdo con las partes medulares del proyecto del PC y con otros aspectos de los proyectos presentados por la sociedad civil.
Castro indica que hay interés entre los parlamentarios sobre las enmiendas y señala que la comisión de justicia ha convocado a los poderes del Estado y a otros sectores en un amplio proceso de consulta, para presentar una propuesta consensuada que podría estar lista en este mes de marzo.
El coordinador de la bancada liberal, Enrique Quiñónez, y el directivo parlamentario Wilfredo Navarro, no fueron localizados para conocer la perspectiva que tiene el PLC sobre las reformas electorales, que constituyen ya un viejo reclamo de diferentes sectores políticos y sociales del país.
PROYECTO EJECUTIVO
El Poder Ejecutivo está trabajando en su propio proyecto de reformas electorales, el cual podría ser presentado antes de las elecciones municipales de este año. En el mismo estarían incluidos aspectos del anteproyecto conservador y otras consideraciones formuladas por la sociedad civil, según han declarado voceros gubernamentales.
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