El revanchismo del presidente
Nicasio Urbina
El reciente decreto presidencial emitido por el presidente Bolaños, por medio del cual obliga a los miembros del Gabinete a solicitar autorización para viajar al extranjero, demuestra una vez más su espíritu revanchista y su falta de visión como estadista. El decreto 44-2004 es claramente una respuesta a la sugerencia del vicepresidente Rizo de que sea la Asamblea Nacional la que autorice los viajes del Presidente al extranjero. El presidente una vez más está gobernando por reacción, no por convicción propia, no por visión de futuro y de lo que es mejor para Nicaragua, sino por orgullo personal y miopía administrativa. San Agustín decía que “el orgullo es la fuente de todas las enfermedades, porque es la fuente de todos las faltas”. No deberíamos dejar que nos gobierne el orgullo.
Este caso es similar a la lucha contra la corrupción del presidente Bolaños. Durante seis años de Vicepresidencia, siendo presidente de la Comisión Anticorrupción, no tuvo la valentía de denunciar los sobresueldos, triangulaciones y otras anomalías que ocurrían a su alrededor. Aceptó la candidatura por el PLC y gustoso permitió que Alemán hiciera campaña a su favor. Desde el día de la toma de posesión Alemán demostró con impertinencias y triquiñuelas que pretendía seguir gobernando desde la Asamblea Nacional, y eso fue en realidad lo que motivó al presidente Bolaños a hacerle la guerra en nombre de la corrupción. No fue en el fondo una lucha real contra la corrupción lo que motivó al presidente Bolaños, no fue un sincero deseo de establecer transparencia y justicia en la nación. Fue un deseo revanchista, producto de su orgullo personal herido, lo que lo llevó a lanzar su campaña contra Alemán. Mientras tanto, continúan las injusticias y las disparidades a muchos niveles, y la lucha contra la corrupción parece que llegó a su fin.
Hay pruebas numerosas del espíritu revanchista del presidente Bolaños. Decenas de funcionarios han sido destituidos por acciones que de alguna forma u otra ofendieron al presidente. Ha nombrado funcionarios esperando un voto a favor de sus iniciativas o apoyo a ciertos proyectos, y cuando el voto o el apoyo no se cristaliza destituye a la persona de su puesto. La reciente destitución de Eduardo Urcuyo ilustra mi hipótesis. Esta actitud demuestra falta de objetividad por parte del presidente, demuestra su desconocimiento de lo que se necesita para ser un estadista, y revela las mismas modalidades y criterios que han reinado en nuestros gobiernos desde los albores de la República.
Yo estoy totalmente de acuerdo en que todos los funcionarios del Estado deben rendir cuentas de sus viajes al exterior, deben justificar las razones del viaje y presentar a su regreso los resultados de sus gestiones. Pero las exigencias del decreto 44-2004 son absurdas e inoperantes. Primero, el presidente no debe estar muy ocupado cuando pretende micro-administrar los ministerios y los entes autónomos. Segundo, muchos viajes de los altos funcionarios se deciden en días o en horas, constantemente surgen emergencias y viajes relámpagos. La anticipación de treinta días para solicitar el permiso está condenada a no cumplirse en muchos casos. Imagínense al canciller pidiendo permiso cada vez que va a salir del país. Tercero, ¿quién va a autorizar los viajes del presidente? O el presidente está por encima de sus propios reglamentos, o será su secretario el encargado de autorizar sus viajes. En ambos casos estamos ante una farsa, un simulacro. Cuarto, si los ministros tienen que presentar copia del acuerdo ministerial por medio del cual delegan funciones en el viceministro; ¿no debería el presidente, cuando viaja, delegar funciones en el vicepresidente, como la ley y el sentido común dictan?
Como se ve, el decreto presidencial 44-2004 es producto irracional del revanchismo y la politiquería mezquina que caracteriza muchas de nuestras decisiones. La letra de la ley puede ser hasta cierto punto acertada, en la medida en que hay que impedir que los funcionarios viajen por placer pagados por el pueblo nicaragüense; pero el espíritu de la ley está viciado por el revanchismo y la arrogancia. Un presidente que pretende pasar a la historia como el mejor gobernante de Nicaragua no debería dejarse llevar por el orgullo y el afán de desquitarse. Al gobernar por decreto estamos regresando al modus operandi de los ochenta, a la miopía estatal de los gobiernos improvisados que tratando de responder a los titulares de ayer, comprometen el devenir y la operabilidad del futuro. Un presidente que no tiene la habilidad de negociar con la Asamblea para aprobar las leyes justas y bien pensadas que beneficiarán al país, acude al decreto presidencial para responder a las pequeñeces del “dime que te diré”.
En muchos países civilizados del mundo el Congreso tiene la potestad de autorizar los viajes de los presidentes. En la mayoría de los casos los viajes son aprobados, ya que sus objetivos son reales y sus propósitos justificados. También es natural que los miembros del Gabinete informen a la Presidencia de sus viajes y rindan cuentas a la Secretaría General y a la Contraloría de la República de sus gastos. Pero el decreto presidencial 44-2004 quiere manejar a los miembros del Gabinete como hijos de dominio, institucionalizando una desconfianza general entre sus miembros, atándolos a la burocracia proverbialmente ineficaz de nuestras instituciones, y consolidando el espíritu revanchista como el criterio principal de nuestra forma de gobierno.
La lucha contra la corrupción se convirtió en una herramienta de los sandinistas para chantajear la vida política del país. La mayoría de los funcionarios investigados o están libres en Nicaragua, o están tomando el sol en Miami y República Dominicana. La corrupción sigue reinando en el país con diferente piel y corona. Y ahora para salir del país hay que pedir permiso a papá Enrique. Jean Jacob Rousseau decía que “la vanidad no produce nada bueno, y del orgullo no esperemos más que errores”. Hay que obligar a los gobernantes a rendir cuentas de sus viajes y de todas sus acciones, pero no por revanchismo ni por decreto. Hay que hacer leyes justas y razonables, y todos someternos a ellas.
El autor es catedrático de la Universidad de Tulane en Nueva Orleáns.
urbina@tulane.edu
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