Las escuelas públicas deben ser orientadas al éxito y la eficacia
Josefina Vannini
eduquemo@ibw.com.ni
Según un estudio realizado conjuntamente por el Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina (PREAL) y el BID, el debate sobre la privatización de la educación ha ido quedando obsoleto, al tiempo que ha aumentado el consenso de que no existe contradicción entre la búsqueda de una educación pública de alta calidad y el incentivo a la expansión de la educación privada. De hecho, esta última cubre ya aproximadamente la cuarta parte de la matrícula en América Latina.
Se observa, más bien, que el principal desafío para una educación pública eficaz es establecer los incentivos y las correspondientes herramientas para estimular la excelencia, mientras que en el área de la educación privada el reto es superar la incapacidad del Estado de diseñar e implementar un ambiente en el cual los privados obtengan mayores beneficios cuando contribuyen al interés público.
La mayoría de las escuelas en América Latina son públicas. Si bien las escuelas privadas normalmente presentan mejores resultados que las públicas, en lo que se refiere a pruebas estandarizadas y otras medidas de eficiencia, estas diferencias disminuyen o desaparecen según el nivel socioeconómico de los padres. En forma similar, mientras las escuelas privadas son más eficientes en el manejo de los costos que las públicas, es importante destacar que estas últimas a menudo deben atender costosas metas sociales, tales como las de equidad o acceso, que la mayoría de los establecimientos privados no asumen. Por otra parte, nuestros sistemas públicos carecen de incentivos para premiar la excelencia y el desempeño eficiente.
Hay formas de hacer que los servicios públicos respondan mejor a las necesidades de sus clientes. Por ejemplo, se pueden establecer incentivos positivos o negativos que lleven al despido de personal; los usuarios (estudiantes, padres, empresas) pueden participar en la toma de decisiones y se les puede dar opciones para abandonar las instituciones deficientes.
En Nicaragua estamos todavía muy lejos de poder asociar los términos “calidad y eficiencia” en lo que respecta a la educación en las escuelas públicas. No obstante, me atrevería a mencionar algunas estrategias que, de ponerse en marcha, podrían orientar más las escuelas públicas a metas eficientes:
1) Retribución y/o sanción para los responsables del éxito. Debe evaluarse el desempeño de los maestros y administradores y, si son exitosos, deben ser retribuidos. Dada la complejidad de medir el producto de la educación (un alumno educado) o de comparar el desempeño de un maestro de un año a otro (debido a que la combinación de alumnos en el año cambia), cualquier evaluación estadística debe combinarse con la evaluación personal del director o supervisor de la escuela. Igualmente, es contraproducente centrarse sólo en las evaluaciones de los docentes en forma individual; se debe considerar también la evaluación del equipo. Es importante que los gremios docentes comprendan que esto se traducirá finalmente en un mayor profesionalismo y prestigio para todos los participantes de la profesión docente.
2) Cobro al cliente. El hecho de cobrar por un servicio normalmente se traduce en una mayor presión del cliente por obtener calidad y conveniencia en términos de costos. El intento por alcanzar niveles significativos de recuperación de los costos en la educación básica pública puede resultar contraproducente al desincentivar la asistencia de los alumnos más pobres, pero en niveles superiores de educación parece más justificado y puede constituir una de las principales herramientas para mejorar la gestión y la eficiencia, dado que los alumnos que pagan demandarán más de sus escuelas y universidades. El problema de equidad puede resolverse cobrando a los alumnos que pueden pagar y estableciendo préstamos y becas para los que no pueden hacerlo.
3) Participación de la empresa privada. Aunque actualmente se observa un cambio de actitud en las empresas, durante largo tiempo éstas se han mantenido al margen del debate educacional, especialmente en lo que respecta a la educación básica y secundaria. En ocasiones han expresado que lamentan la mala calidad de la educación, pero por lo general ni siquiera están conscientes de que los alumnos con un mal nivel educacional dañan la productividad de las empresas. Las grandes empresas pueden desempeñar una importante función en estimular una mayor inversión pública en educación, haciendo lobby activamente a favor del mejoramiento de la calidad, la transparencia, la responsabilidad por los resultados y la continuidad de las políticas educacionales.
Sin embargo hay que tomar en consideración que la puesta en marcha de estas estrategias no garantiza necesariamente una educación de calidad. Maestros bien capacitados y comprometidos, textos de estudio apropiados, infraestructura física, un adecuado ambiente para el aprendizaje, así como estándares coherentes, realistas y medibles, son al menos tan importantes como los incentivos, premios y capacidad de elección.
La autora es presidenta del Comité Centroamericano de Coordinación de PREAL y Directora Ejecutiva de Eduquemos.
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