Intendente denuncia chantaje y extorsión
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Asegura que demandante cambió de opinión y ahora exige
dos millones de dólares en pago |
Mirna Velásquez Sevilla
El intendente de la Propiedad, Elí Tablada Tijerino, aseguró que el juicio que inició en su contra Jorge Alberto Huezo, de nacionalidad salvadoreña, se trata de una extorsión y chantaje, por lo que está considerando iniciar una contrademanda.
Tablada fue citado en dos ocasiones anteriores por el Juez Octavo Local del Crimen, Sergio Palacios, para ser indagado, pero él no se presentó por considerar que esto es un asunto administrativo y no debió trascender a esta instancia.
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Montiel y el secretario de la Presidencia, Eduardo Montealegre también fueron denunciados por el delito de desobediencia, pero por su rango de ministros no pueden ser procesados mientras la Asamblea Nacional no los despoje de su inmunidad.
La denuncia señala que estos funcionarios no cumplieron con un acuerdo de pago de la hacienda La Flor, ubicada en el departamento de Río San Juan, que se encuentra tomada por ex miembros de la Resistencia y que goza de la venia del Estado.
“Es un caso totalmente de carácter administrativo en el sentido de que yo atendí la solicitud de esta persona bajo el arreglo que se le iba a compensar las áreas de tierra con pagos en especie (…). Sobre eso se dictó una resolución administrativa (…). La resolución dice que se acoge la petición de ellos, sujeta a un ‘rechequeo’ de parte de la asesoría legal de Hacienda y para que lo eleve a ratificación del señor ministro”, explicó Tablada.
De acuerdo con Tablada, el problema devino porque Huezo cambió de opinión y en lugar de lo acordado, exige dos millones de dólares en pago efectivo.
“Si me dicen que no les parece, tendríamos que entrar a una etapa de renegociación, de cuál es el tipo de instrumento, porque el Gobierno no puede pagar en efectivo porque no existen partidas presupuestarias globales que digan eso es un gasto contingente para atender créditos de esa naturaleza”, apuntó.
AGRAVANTES
Pero este “rechequeo” podría resultar un agravante para la parte demandante, pues según Tablada hay anomalías, por lo que están en un proceso de investigación.
“Pero ellos no entienden nuestra posición y están utilizando como una extorsión, como un chantaje en llevar el caso a conocimiento de un juez cuando no existe como tipo penal en este caso la desobediencia conexa con la naturaleza de los hechos”, dijo.
Y es que la naturaleza de los hechos es precisamente una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la cual admite un recurso de amparo, pero las interpretaciones de Tablada y del apoderado legal de Huezo, Arturo Salvador Samayoa Huezo, difieren sobre este recurso.
El juez Sergio Palacios citó por última vez al intendente, sin embargo él solicitó posponer la fecha por razones de trabajo.
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