Golpes en la mesa
Diálogo y políticas de nación
Alberto L. AlemÁn A.
Como buen político y sabueso que olfatea el sentir de la calle, el recién estrenado presidente salvadoreño, Elías Antonio Saca, está comprometido, en sus propias palabras, con aplicar “súper mano dura” a las pandillas juveniles o maras.
Saca sabe de lo que habla. Las encuestas y las elecciones que le llevaron al poder demostraron con claridad que la seguridad y el combate a la delincuencia son las preocupaciones más importantes para la mayoría de los salvadoreños.
En consecuencia con la actitud de diálogo que prometió, el mandatario se reunió esta semana con representantes de diversos sectores e instituciones que tienen que ver con el fenómeno de los grupos juveniles violentos, entre ellos, muchos que han criticado duramente la temporal Ley Antimaras por considerar que viola derechos constitucionales.
Una importante crítica vino del exterior. Un reporte de las Naciones Unidas afirmó que la ley es contraria a las convenciones internacionales de los derechos de la niñez. En la práctica actual, se está tratando como a los adultos a niños mayores de 12 años que cometieron crímenes.
Lo que Saca hace es continuar con el plan “Mano Dura” que su antecesor, Francisco Flores, impulsó a unos meses de las elecciones presidenciales, por lo cual para muchos el programa que ha llevado al arresto de más de 16 mil jóvenes en casi un año, tenía tintes políticos.
Pero a diferencia de Flores, que adoptó una postura confrontativa con la Procuraduría de Derechos Humanos, defensores de los derechos civiles, el Poder Judicial y la oposición del FMLN –aunque aquí también había cálculo político partidista–, Saca acordó con estos sectores crear una comisión que debe estudiar el fenómeno de las maras, concebir y proponer una legislación permanente. Se sumarán también la Policía, la Fiscalía, la Iglesia y otros.
Una nueva ley, que tendría vigencia indefinida, está llamada a ser un instrumento eficaz que castigue los delitos cometidos por los mareros –muchas veces son éstos asesinatos irracionales, atroces, con saña y crueldad inauditas–, pero que a la vez, como es lo normal en un Estado de Derecho, respete las garantías y derechos individuales.
Combatir a los delincuentes es una necesidad urgente. Según distintos estimados, habría entre 20 mil y 40 mil mareros en El Salvador, conformando verdaderos ejércitos del crimen armados de fusiles de guerra, pistolas y granadas.
La Policía Nacional Civil les atribuía el 40 por ciento de todos los delitos –según datos del año pasado–, hasta antes de que empezara el plan “Mano Dura”. Cinco tipos de transgresiones están asociados a las maras: homicidios, agresión, violación, robos y hurtos. Por si fuera poco, y como aún no sucede en Nicaragua, grandes grupos como la Mara Salvatrucha y la Mara 18, controlan la venta de droga en El Salvador.
Tras un período en el cual, como aseguran analistas y críticos de Flores, no existió voluntad de concertación, esta buena nueva no debe pasar inadvertida como un positivo ejemplo de diálogo y de búsqueda común de soluciones a grandes problemas sociales que afectan ya no solamente a una sociedad particular, sino a toda la región.
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