Reporte del istmo
Nueva erupción de un viejo volcán
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La desigual distribución de la tierra y la crisis del café, detrás de las recientes protestas en Guatemala |
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Marcha de los organismos campesinos y urbanos en Ciudad de Guatemala, el martes.
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Alberto L. Alemán
Un apafuegos momentáneo. Es así como puede llamarse una tregua acordada entre movimientos campesinos y populares y el Gobierno de Guatemala que llevará a éste a revisar los planes de reforma fiscal, y un alto temporal a los desalojos violentos de campesinos que han invadido fincas en el interior del país.
El presidente Oscar Berger enfrentó este martes la protesta social más importante de sus cinco meses de gestión, llevada a cabo por asociaciones campesinas, sindicales y populares de la ciudad.
La huelga tuvo solamente un respaldo parcial y no interrumpió el trabajo de manera masiva, según la prensa local.
Si bien el acuerdo alcanzado por el presidente y los líderes del movimiento provocó la suspensión de la protesta tras solamente un día, la tregua tiene una base frágil porque las causas del conflicto son estructurales y reflejan un deterioro social más profundo.
El reclamo principal de detener los desalojos violentos de miles de campesinos sin tierras, sin trabajo y hambrientos que, desesperados, han tomado haciendas privadas y públicas, fue atendido parcialmente, pero está ligado al viejo problema de la desigual distribución de la tierra.
En Guatemala, según señaló el dirigente campesino Daniel Pascual, el 10 por ciento de la población concentra aproximadamente el 70 por ciento de las tierras utilizadas.
Un segundo factor es la crisis del café. La caída mundial del precio del café significó la ruina de numerosas haciendas, el despido masivo de trabajadores, muchos de los cuales no fueron debidamente indemnizados, dijo Pascual.
“Guatemala es el país con la conflictividad agraria más alta (en Centroamérica)”, declaró a LA PRENSA vía telefónica el dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC). Además, “el modelo agroexportador está en crisis, hay miles de familias sin medios por la crisis del café”.
Rodolfo Pocop, líder de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), afirmó que “muchas comunidades no han recibido salarios e indemnizaciones”.
El liderazgo campesino está consciente de que los acuerdos con el presidente son buenos, pero son solamente una salida temporal.
“No son una solución estructural al problema agrario de Guatemala”, reconoció Pascual.
No obstante, como dijo Pocop a este diario, la movilización fue “un éxito”. Quizás, pero no total.
El gobierno asumió el compromiso de detener los desalojos de campesinos por 90 días –no indefinidamente– y la Corte Suprema de Justicia a revisar algunos casos en proceso en los Juzgados. También serán revisados los casos que ya han ocurrido, unos 23, según la prensa. A su vez, los organismos del llamado Frente Maya Campesino –que aglutina a varias organizaciones– no saldrán a las calles en el mismo período.
Pascual, del Comité de Unidad Campesina, reveló que contabilizan al menos 36 desalojos violentos y unas 120 ocupaciones de tierras.
Al sacar a los tomadores de tierras, la Policía “usó fuerza excesiva contra gente desarmada”, alegó Pocop.
“Las autoridades han usado la tierra arrasada”, dice Pascual. “La Policía Nacional Civil ha destruido viviendas, los cultivos” de miles de personas en la precaria situación de invasores.
Sin embargo, cabría resaltar como logros importantes de los campesinos los compromisos obtenidos en dos temas sensibles.
El presidente y representantes de los partidos del Congreso acordaron promover la modificación de los artículos del Código Procesal Penal que tipifica los delitos de usurpación y usurpación agravada, en los cuales se han basado los propietarios de las fincas para solicitar los desalojos.
Además aceptaron estudiar y promover propuestas legales que significarían en la práctica una reforma agraria de amplios alcances.
El jueves, una noticia pareció arrojar nubarrones negros sobre la viabilidad del acuerdo.
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Quesada, afirmó que los desalojos de campesinos invasores de fincas privadas no pueden detenerse con un acuerdo político porque los jueces gozan de independencia y autonomía.
“Las decisiones judiciales no son susceptibles a negociación alguna’’, manifestó Quesada,citado por la agencia AP.
“La función de los jueces es absolutamente independiente y además, ni la presidencia del organismo judicial ni la Corte Suprema de Justicia tienen facultades para instruir a los jueces sobre cómo o cuándo resolver un asunto que se encuentra bajo su conocimiento’’, señaló.
La aclaración del magistrado provocó malestar entre organizaciones campesinas, cuyos líderes aseguran que volverán a las calles si no se cumple con lo acordado.
CONCESIONES ECONÓMICAS
El gobierno de Berger busca afanosamente como reducir un déficit fiscal para el año 2004 de más de 400 millones de dólares, por lo que impulsa una reforma en los impuestos.
En este plano, el Ejecutivo accedió ante los organismos populares que no se incluya el aguinaldo, la bonificación anual y las indemnizaciones en el cobro del Impuesto Sobre la Renta, así como a cobrar este tributo sólo a aquellos empleados que devenguen salarios anuales mayores a 36 mil quetzales, el equivalente a 4,500 dólares.
Además, se comprometió a promover la revisión de las deducciones fiscales que benefician a las grandes empresas del país y a no incrementar el Impuesto Sobre el Valor Agregado.
DIVULGARÁN CAFTA
El Gobierno se comprometió a iniciar, en los próximos días, la divulgación de los textos del Tratado de Libre Comercio recientemente suscrito entre los países de Centroamérica y EE.UU. o Cafta, que es rechazado por los manifestantes, “en todas las lenguas indígenas” del país, señaló el vicepresidente Eduardo Stein.
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