Buenas y malas noticias
Con frecuencia, el Presidente de la República y otros altos personeros del Gobierno critican a los medios de información porque supuestamente éstos sólo publican noticias negativas, y cuando se refieren a actividades gubernamentales buscan únicamente los aspectos negativos.
También algunos empresarios y dirigentes políticos acusan a los medios de información de desalentar a los inversionistas con la publicación de las malas noticias, y por lo tanto de frenar el desarrollo económico y el progreso social del país.
Pero eso es falso. Los inversionistas no toman sus decisiones por lo que leen en los periódicos o sólo por eso. Ellos deciden de acuerdo con criterios como, por ejemplo, qué tan independiente, imparcial, honesta y confiable es la administración de justicia; la seguridad o inseguridad del derecho de propiedad privada; las facilidades u obstáculos burocráticos para hacer negocios; las posibilidades o restricciones para la exportación de beneficios; el respeto o incumplimiento de la palabra y los contratos; la flexibilidad o rigidez de los mercados de capitales y de fuerza laboral; la calificación, eficiencia y responsabilidad laboral—o lo contrario de los recursos humanos, etc. Y además, los inversionistas que no son corruptos ellos mismos, les gusta que la prensa denuncie la corrupción.
Pero, por otra parte, es necesario que los medios de información sean también criticados. La libertad de expresión, información y crítica es sustantiva de una sociedad democrática. Y la crítica debe ser equitativa, recíproca, así como es interactiva la relación entre la prensa y el Gobierno, los poderes fácticos y la sociedad. Y así como los medios de información cometen a veces el error de enfocar de manera inapropiada y sacar conclusiones apresuradas de determinados hechos de interés público, también sus críticos cometen la equivocación de generalizar sus acusaciones contra la prensa.
En una sociedad abierta, es decir, democrática, es lógico y necesario que haya una amplia y diversa oferta de información. Distinto es el caso de las sociedades cerradas, dominadas por regímenes autoritarios y totalitarios, como fue Nicaragua en el pasado y es actualmente Cuba, donde la prensa sólo publica “buenas noticias”, únicamente lo que el poder quiere que se informe y se conozca.
En 1982, cuando el Diario LA PRENSA estaba sometido a la rígida censura del régimen sandinista, Nicaragua fue azotada por un huracán y hubo inundaciones en varios lugares del país, entre ellos Ciudad Sandino. Preparamos entonces una amplia información textual y gráfica sobre aquel acontecimiento noticioso pero la censura no permitió que se publicara. Y al pedirle explicaciones al ministro del Interior, éste respondió que publicar esas malas noticias sería perjudicial para la imagen de Nicaragua.
Gracias a Dios que esa época de censura es asunto del pasado. Y ojalá que la ciudadanía democrática no permita que se vuelva a instaurar en Nicaragua. La verdad es que con todas las dificultades que hay ahora es preferible la libertad de prensa y que los medios de comunicación social publiquen malas noticias, que cometan errores y tengan defectos, en vez de soportar un régimen despótico que sólo permita u obligue a la publicación de “buenas noticias” y “verdades” oficiales.
Precisamente porque hay libertad de prensa en Nicaragua es que se difunden buenas y malas noticias. Inclusive hay medios especializados en especular y difundir rumores, pero nadie tiene la obligación de comprarlos, leerlos, verlos o escucharlos. La gente es suficientemente capaz de distinguir entre la buena prensa —que de vez en cuando se equivoca— y los malos medios de comunicación que sólo por casualidad aciertan y cuya especialidad es hurgar en lo negativo. Y los gobernantes ante todo y en general quienes ocupan posiciones de poder institucional y fáctico, no deberían generalizar ni confundir a unos con los otros.
Por lo demás, la prensa libre e independiente no tiene interés en competir en críticas, con los gobernantes ni con ningún poder público o particular. Simplemente quiere que la dejen cumplir con su trabajo, lo que incluye el derecho a criticar al Gobierno y el deber de recibir, a su vez, las críticas de los criticados.
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