Colombia: capturas sin orden judicial
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Aprueban polémico estatuto antiterrorista que permite al Ejército allanamientos e interceptar llamadas sin autorización de un juez |
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El lunes, una bomba explotó en Medellín, hiriendo a 14 personas. Las autoridades atribuyeron el acto terrorista a unidades de la guerrilla de las FARC.
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Margarita Martínez
AP
BOGOTA.- La Cámara de Representantes aprobó el miércoles por amplia mayoría el controvertido estatuto antiterrorista que otorga a las fuerzas militares funciones de policía judicial y que permite allanamientos, capturas e interceptaciones de llamadas sin previa orden de un juez.
“Vamos actuar con toda la prudencia, esas herramientas se han otorgado de tal manera que la ciudadanía podrá estar tranquila. Los delincuentes sí tendrán que preocuparse”, dijo el ministro del Interior, Sabas Pretelt, a la prensa luego de su aprobación.
El estatuto es una iniciativa del gobierno del presidente Alvaro Uribe, quien considera que las fuerzas de seguridad del Estado necesitan mayores herramientas para combatir a los poderosos grupos armados ilegales del país.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos internacionales y los partidos de oposición temen que estas nuevas facultades se presten para abusos, ya que las fuerzas de seguridad del Estado son objeto de algunos cuestionamientos. También los críticos creen que las normas no darán los resultados esperados.
En uno de los más sonados incidentes que involucraron a las fuerzas de seguridad del Estado, tropas del Ejército asesinaron a siete policías y cuatro civiles, sin que hasta el momento se conozcan con absoluta claridad las razones que desembocaron en esta situación.
“Vamos camino a la tiranía, que se define como el gobierno para sí mismo. Combine esto con la reelección presidencial y estamos muy lejos de lo que se considera una democracia”, dijo el representante a la Cámara Baja, Gustavo Petro, del partido Polo Democrático.
“Me parece mala, inconveniente e ineficaz, (la ley) se prestará para abusos y no va a producir resultados importantes y evidentes”, dijo el senador opositor Antonio Navarro a la AP.
La representante oficialista Sandra Ceballos afirmó que los riesgos existen, pero advirtió que en Colombia “los delincuentes tienen todas las herramientas y la fuerza pública está maniatada”.
El estatuto pasará a sanción presidencial y luego a revisión de la Corte Constitucional, que podría objetar algunas de las normas.
DENUNCIAN VIOLACIÓN DE COMPROMISOS
El representante para Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Michael Fruhling, ha sostenido que el estatuto se prestará para abusos y ha denunciado que viola tratados internacionales que el país firmó.
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