Tráfico de propiedades en los registros públicos
Mirna Velásquez Sevilla
“El tráfico de tierras” es una de las anomalías recurrentes en los Registros Públicos de la Propiedad, donde además constantemente se dan cobros ilegales por un servicio más ágil, sin que estén normadas. Esto es lo que arrojó un estudio realizado por el grupo cívico Ética y Transparencia, en seis cabeceras departamentales del país.
Isabel García Ruiz formó parte de la investigación y explicó que durante la exploración, detectó que existe “tráfico de tierras”, en casos donde la inscripción de una propiedad puede ocurrir hasta dos o tres veces. En estas anomalías participan funcionarios de todos los rangos. “Es a nivel general, aquí participa todo mundo”.
El estudio basó su análisis en dieciséis casos específicos de gestiones personales realizadas por la investigadora García Ruiz, e incluye a las cabeceras departamentales de Managua, Carazo, Masaya, León, Rivas y Matagalpa.
RESPONSABILIZAN A GESTORES
Carmen Mora Siles, administradora del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Managua, responsabilizó a los gestores de algunas irregularidades que ahí ocurren.
“Para nosotros es difícil porque en este país hay mucha gente bandida, estafadores, sobre todo aquí. Nosotros tenemos mucha gente que viene a estafar a los mismos clientes que vienen al Registro. No trabajamos con gestores sino que ellos se ganan su vida allá afuera pero introducen documentos y no sabemos en qué momento ellos pueden hacer cambio de papeles y estafar a la gente”, dijo Mora Siles.
Contrario a la versión de la administradora Mora, la investigadora afirmó que los gestores tienen amistades con funcionarios de los Registros, lo cual implica mucho dinero y los usuarios se desesperan y optan pagar por un trámite rápido.
La administradora, por su parte negó que hayan pagos diferenciados por agilización de trámites porque “solamente se hace el trámite normal. A pesar que nosotros no tenemos un salario que digamos ‘qué bárbaro’ (alto), somos por lo menos gente honesta”.
Frente a esta situación, Ética y Transparencia urgió y sugirió la aprobación del anteproyecto de Ley General de los Registros Públicos, mejorar su asignación presupuestaria, penalizar los cobros al margen de la ley, tecnificar a los funcionarios y promover una cultura jurídica en los ciudadanos.
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