PGR va tras roba tierras
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Procurador promete “no descansar” hasta dar con el paradero de los que robaron 800 manzanas al oeste de la Cuesta del Plomo |
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Víctor Manuel Talavera, Procurador General de la República
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Jorge Loáisiga Mayorga
El Procurador General de la República, Víctor Manuel Talavera, aseguró ayer que esa institución perseguirá penalmente a quienes han estado robando y traficando tierras ajenas y cuestionó las diligencias judiciales de la juez Vida Benavente, recordando que es la misma judicial que tramitó la causa contra el Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser), en el juicio de Agroinsa.
“Tengan la plena seguridad que van a contar con el apoyo de la Procuraduría en este caso y vamos a perseguir a los que han estado robando y traficando tierras”, expresó Talavera.
La juez Vida Benavente, continúa de subsidio, según dijeron en el Juzgado, por lo que LA PRENSA no ha podido contactarla.
Este Diario denunció, en su edición del lunes, que Julio César Barahona Ruiz, representado por Yelba Isabel Barahona Venerio, vendió ilegalmente todas las propiedades a ambos lados de la Carretera Nueva a León, al oeste de la Cuesta del Plomo, afectando a 250 familias de Villa Soberana, propiedades de particulares, del Estado y empresas privadas.
Los afectados y sus representantes se reunieron ayer durante dos horas y media con Talavera y delegados del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), quienes hicieron una explicación de cómo, a través del juicio a un muerto por una presunta deuda (Ofilio Mendoza), en el Juzgado Tercero Civil de Distrito, de la juez Vida Benavente, y violaciones a procedimientos internos en el Catastro Físico del Ineter, Catastro Fiscal y el Registro de la Propiedad de Managua, se vendieron a una sociedad llamada Urbanizadora Americana S.A. (Urbana S.A.) más de 800 manzanas que pertenecen en realidad a diferentes personas y entidades.
“COMPRAMOS DE BUENA FE”
Por su parte, Luis Adrián Pichardo, quien no quiso que se le hicieran fotografías, socio de Urbanizadora Americana S.A. (Urbana S.A.), dijo que él compró las tierras de buena fe una vez que había verificado tanto en el Registro de la Propiedad como en el Catastro la legalidad de la misma.
Agregó que Eddy Tapia, un corredor de tierras que había trabajado con él en Arca de Nicaragua S.A., fue quien le presentó a Yelba Isabel Barahona Venerio, porque él no la conocía.
“Incluso, como yo conozco a la juez Benvente, fui y le pregunté sobre la famosa venta forzada y ella dijo que el proceso era legal y estaba correcto. Yo no conocía a la Yelba Isabel Barahona. Ella me dijo que era hija de Julio César Barahona Ruiz. Ella ofreció las tierras y mi negocio es invertir, hicimos un acuerdo extrajudicial en el que yo le entregué 15 mil dólares para el pago de los impuestos y después se formó una sociedad, que es Urbana. Yo voy a hacer prevalecer mis derechos de adquiriente de buena fe, porque compramos de buena fe y todos los documentos que recibimos de las instituciones del Estado están en orden, al menos los que nos entregaron en las instituciones correspondientes”, expresó Pichardo.
Pero el Procurador Talavera dijo que hay una serie de irregularidades e incluso falsificación de documentos públicos y una defraudación al Estado que se dio en el proceso de adquisición de las propiedades.
Pichardo solicitó una reunión con el Procurador para exponerle sus puntos de vista sobre el conflicto que se ha generado por la adquisición de las propiedades que nació del juicio a un muerto. “Ellos también dicen ser víctimas y nos vamos a reunir con ellos”, dijo Talavera.
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