Editorial
La propiedad clama por su dueño
Desde hace más de dos mil años se conoce el aforismo romano sobre el derecho de propiedad que dice: “Dondequiera que se halle o encuentre una cosa, clama por su dueño”. Y este sabio aforismo salta a la memoria cuando, por ejemplo, se conocen casos como el del “gran robo de tierras” sobre el cual hemos informado ampliamente en lo que va de esta semana.
Pero no es sólo ese el problema de propiedad en Nicaragua. Ayer, en el programa Buenos Días del Canal 12 de TV, que conduce Danilo Lacayo, se presentó el caso de la invasión de unos valiosos terrenos en el suroeste del barrio Altagracia, en la ciudad de Managua. Y en la misma edición de ayer, de LA PRENSA, se informa sobre un confuso problema de propiedad en el departamento de Río San Juan.
Por otro lado, en lo que se refiere al nuevo acuerdo entre el Gobierno y los llamados plantoneros de Las Tunas, mediante el cual se les entregará gratuitamente extensas propiedades que supuestamente pertenecen al Estado, LA PRENSA dio a conocer también ayer datos como el de que en Matagalpa, sólo entre los meses de enero y mayo de este año, la Policía conoció 61 conflictos de propiedad, y que al menos seis de cada diez mil personas están involucradas en problemas de este tipo.
Lo mismo ocurre prácticamente en todo el país. Y son muchas las personas que ventilan sus conflictos de propiedad en los medios de información, ante la imposibilidad de resolverlos en las instancias judiciales como debería ser, pero debido a la corrupción que hay en el Poder Judicial, éste es parte del problema, no un medio para su solución.
En realidad, la inseguridad de la propiedad sigue siendo el problema cardinal de Nicaragua, a pesar de que ya transcurrieron catorce años desde que terminó la revolución y de que a estas alturas nadie puede ignorar que el derecho de propiedad constituye la base de la convivencia y la condición del desarrollo y el progreso individual y social.
Lamentablemente, desde que el régimen del FSLN confiscó y expropió masivamente innumerables propiedades, y después de la gigantesca apropiación y repartición de bienes ajenos conocida como la piñata sandinista, en Nicaragua se quebrantó mortalmente el derecho de propiedad.
Y precisamente por la apremiante necesidad de comenzar a resolver el problema global de la propiedad, se planteó la necesidad de aprobar una Ley de Carrera Judicial que ayudara a independizar la administración de justicia y que permitiera el nombramiento de magistrados, jueces y registradores de la propiedad independientes de los partidos políticos, competentes, profesionales y honestos.
Pero las componendas para preservar las cuotas de poder y el clima de corrupción política impiden que se apruebe una ley semejante. Además, institucionalmente el problema de la propiedad tiene su raíz en la misma Constitución Política de la República, la cual, por haber sido dictada (en 1987) por el poder sandinista, no reconoce expresamente el derecho de propiedad privada de los nicaragüenses sino que lo diluye en nebulosos conceptos sobre la responsabilidad del Estado de garantizar diversas formas de propiedad en general.
Por otro lado, en lo ideológico el problema de la propiedad radica en que los revolucionarios de Nicaragua y no pocos políticos “democráticos” se apropiaron del famoso concepto del socialista francés del siglo XIX, Pedro José Proudhon, quien en su obra titulada ¿Qué es la propiedad? proclamó que “la propiedad es un robo”. Y por cierto que ni siquiera esa frase era propiedad de Proudhon, pues éste la robó al también francés Brissot de Warwille, quien a fines del siglo XVIII aseguró en su obra Investigaciones sobre el derecho de propiedad, que “la propiedad exclusiva es un robo en la naturaleza”.
De manera que mientras sigan predominando en los poderes públicos de Nicaragua personas que comparten esa inescrupulosa mentalidad proudoniana, no habrá manera de resolver el problema de la propiedad. Y nuevas disposiciones legales sobre la materia sólo servirían, igual que las leyes de la propiedad que se dictaron bajo los gobiernos de doña Violeta Barrios de Chamorro y el doctor Arnoldo Alemán, para proteger a los usurpadores y a todos los que atropellan el derecho de propiedad privada.

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