Urge equidad en el financiamiento para la educación
Nicasio Urbina
urbina@tulane.edu
Como educador yo creo que la edu-cación es la mejor y más importante inversión que la sociedad puede hacer en sus ciudadanos. Ya en el siglo VI a.C., Quilón de Esparta, uno de los siete sabios de Grecia, decía que “La mejor política del estado era enseñar a los ciudadanos la mejor manera de educar bien a la familia”. Educar a nuestra población es la única forma de salir del subdesarrollo en que estamos, y educar cuesta dinero. Cada día la educación es más cara debido a las nuevas tecnologías y la innovación metodológica. En esto no hay retroceso, pero dejar de invertir en educación a todos los niveles, es la receta segura para continuar en la mediocridad y el subdesarrollo. Louisiana tiene uno de los peores sistemas de educación pública elemental y secundaria de EE.UU. Invierte 3,065 millones de dólares anuales (MUS$) en educación primaria y secundaria. Casi el doble de lo que invierte en educación universitaria, 1,714 MUS$. En su sistema universitario se encuentra una universidad excelente como es Louisiana State Univesity. Aún así Louisiana es actualmente el estado más pobre de la unión, rebasado ya por Mississippi, que tradicionalmente había sido el más pobre. Generalmente el presupuesto bruto de educación elemental y secundaria es el triple de la universitaria, ya que la cantidad de educandos que requieren servicio es muchísimo mayor en los niveles básicos, aunque el costo por estudiante sea mucho menor.
Es absurdo que la Constitución de Nicaragua asigne un porcentaje arbitrario a las universidades y no proteja a los otros niveles educacionales. Todos sabemos que los legisladores de entonces asignaron el seis por ciento a la educación superior con mala intención, y cuando se pueda reformar ese artículo de la Constitución habrá que hacerlo. Sin embargo yo estoy de acuerdo que se invierta ese dinero en educación universitaria, con la condición que las universidades rindan cuentas exactas, públicamente, de la forma en que gastan esos fondos y de los resultados que obtienen, para que la sociedad, que es la paga por esos fondos, sepa claramente en qué se están invirtiendo sus impuestos.
En EE.UU. las universidades públicas reciben su financiamiento del Estado. El presupuesto tiene que ser aprobado por el Board of Regents (Consejo de Regentes) y luego por el Congreso Estatal pertinente. El presupuesto anual está basado en los gastos del año anterior y el número de estudiantes atendidos el año precedente. No hay por tanto un porcentaje fijo ni una cantidad de dinero pre-establecida. El rendimiento de la institución en el año académico anterior dicta la cantidad de dinero que se le asignará el año siguiente. Este sistema obliga a las instituciones a maximizar sus resultados con el presupuesto asignado, para merecer un aumento el año siguiente. Las universidades privadas no reciben fondos directos del Estado, pero sí tienen acceso a préstamos y becas federales y estatales, concedidas directamente a los estudiantes, dependiendo de los criterios pre-establecidos en cada programa, como ya han explicado otros colegas en esta página. Los profesores y programas también pueden competir por becas federales para sus investigaciones y estudios. Tanto los estudiantes como los profesores y las instituciones son evaluados en relación a sus resultados, al rendimiento en los programas, en relación al tiempo que les toma graduar a sus estudiantes. “Time to degree” es uno de los criterios centrales del sistema de evaluación. De esta forma se combate la ineficiencia, se elimina a los “estudiantes profesionales”, y se premia a los mejores educadores y educandos.
A mí no me parece que la cantidad bruta que gastamos en Nicaragua en las universidades sea inapropiada (610 millones de córdobas MC$). Lo que es inapropiado es que las universidades no rindan cuentas de cómo gastan ese dinero. Lo inapropiado es la cantidad de dinero que gastamos en la educación primaria (860 MC$), secundaria (203 MC$) y continua para adultos (39 MC$). Lo inapropiado es la cantidad de dinero que le asignamos al Ejército (485 MC$), la cantidad de dinero que derrochamos en una Corte Suprema de Justicia multitudinaria (482 MC$), en un Consejo Supremo Electoral inoperante (85 MC$), y en una burocracia estatal paquidérmica que no guarda relación con el tamaño de nuestro país y nuestra economía. Cuando vemos que en formación docente sólo gastamos 14 MC$, ¿cómo vamos a pretender que nuestros maestros nos preparen para competir en el siglo XXI?
Necesitamos duplicar el presupuesto de educación e incrementar el presupuesto de salud pública. Éstas son dos inversiones a largo plazo, pero no conozco ninguna sociedad que haya podido salir adelante sin tomar estas medidas duras y dolorosas. Cuando vemos que 3,000 MC$ se gastan en servicio de la deuda pública y el presidente Bolaños es el mejor pagado de América Latina, sin que nadie salga a las calles a protestar ni dispare un mortero, es fácil entender por qué estamos donde estamos. Las múltiples y sucesivas piñatas nos han endeudado hasta asfixiarnos, y a pesar de las reducciones de la deuda externa que el gobierno de doña Violeta logró, y que el de don Enrique ha llevado a buen puerto, seguimos gastando lo que no tenemos en pago de intereses y servicios de una deuda que nadie sabe en qué se invirtió.
El que diga que la educación es demasiado cara le podemos responder que es más cara la ignorancia. Las instituciones educacionales no producen muchos empleos ni generan riqueza; generan conocimiento, preparación, cultura. Producen el capital humano necesario para progresar y producir, para atraer compañías con puestos y salarios decentes, para generar plusvalía que se reinvierta en el país, y producir riqueza que a su vez pague impuestos; para que éstos a su vez se reinviertan en infraestructura, en servicios, en más educación. Reduzcamos las deudas externa e interna, rebajemos el presupuesto del Ejército y entrenemos a esos enlistados para trabajos productivos en la sociedad civil, y sobre todo invirtamos más en educación a todos los niveles. Sólo así saldremos de la indigencia.
El autor es catedrático de la Universidad de Tulane en Nueva Orleáns.
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