Corrupción como política de Estado
Paradójicamente, al mismo tiempo que se conoció que un comité del Congreso de Estados Unidos instó a la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) para que siga apoyando a Nicaragua por los logros alcanzados en la lucha contra la corrupción (LA PRENSA, miércoles 21 de julio, 2004) también se informó sobre algunas sentencias judiciales que parecen demostrar que más bien aquí está triunfando la corrupción.
Nos referimos a la sorprendente sentencia de cinco magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia que “ordena al Gobierno devolver los activos y pasivos del Banco Europeo Centroamericano”, que fue propiedad del banquero y político Álvaro Robelo, miembro de la Convergencia Nacional del FSLN; al fallo de la juez sandinista Alia Dominga Ampié, que anuló un juicio contra Byron Jerez por acusaciones gubernamentales de corrupción; al de la ex juez y ahora magistrada sandinista de Apelaciones, Juana Méndez, que sobreseyó a otro de los principales acusados por el Gobierno en el caso de corrupción conocido como “la guaca”; y al de la juez Adela Cardoze, que condena al ex comandante de la revolución, Henry Ruiz —entre otras personas— a un año de prisión en el caso judicial en el que está envuelta la principal ONG sandinista de Nicaragua, la Fundación Augusto César Sandino (FACS).
Se podría pensar, concediendo el beneficio de la duda a los funcionarios judiciales, que tal vez en estricto sentido de derecho estos fallos pudieran ser correctos. Después de todo, las sentencias judiciales siempre son ponderadas por los beneficiados como fruto de la sabiduría jurídica y máxima expresión de justicia, pero quienes resultan perjudicados por ellas las consideran injustas y, en el mejor de los casos, decisiones equivocadas de los jueces.
Pero en fallos judiciales como éstos no hay dónde ni cómo perderse. De lejos se ve que son consecuencia obvia del pacto libero-sandinista cuyo fin principal era instrumentar la administración de justicia con fines partidistas y corruptos. Estos fallos son parte del “combo” de acuerdos (“yo te doy y vos me das”) del que habló el jefe de la bancada parlamentaria del PLC al referirse al reciente nombramiento de los nuevos magistrados de las cortes de Apelaciones.
En realidad, lo que pasa es que la lucha contra la corrupción no es una estrategia del Estado de Nicaragua, sino sólo una política del Poder Ejecutivo y personalmente del presidente Enrique Bolaños. Eso, precisamente, es lo que explica que en esta lucha la única baja importante en el lado de los corruptos fuera el ex Presidente de la República y líder del PLC, Arnoldo Alemán, aunque lo más probable es éste no cumpla la condena de veinte años de prisión que le impuso la juez sandinista, Juana Méndez.
En Nicaragua la política estatal no es la lucha contra la corrupción, sino al revés: la corrupción es política de Estado, ya que tres de sus cuatro poderes están sometidos a las condiciones del pacto que hicieron Daniel Ortega y Arnoldo Alemán para institucionalizar la corrupción y darle impunidad.
Lo bueno es que la comunidad internacional democrática reconoce los grandes esfuerzos que se han hecho en Nicaragua para denunciar, erradicar y castigar la corrupción. Así lo demuestra el hecho de que el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos haya instado a la AID a seguir apoyando al Gobierno de Nicaragua como premio a su lucha contra la corrupción. Y lo ha demostrado también el respaldo por ese mismo motivo del G8, o sea el grupo de los 8 países más desarrollados y ricos del mundo. Pero lo malo es que Nicaragua sigue siendo una “cleptocracia”, o sea un país donde el Estado es un botín y el latrocinio está institucionalizado.
Ciertamente, el interés por establecer la transparencia gubernamental, extirpar la corrupción y profesionalizar la administración de justicia, ha sido un esfuerzo aislado del Gobierno Central y algunos medios de comunicación social y organismos de la sociedad civil, pero sin tener el respaldo masivo y efectivo de la ciudadanía.
Lamentablemente las grandes multitudes todavía se van a la calle más bien para vitorear a los corruptos, como se vio en la recién pasada celebración de la revolución y la piñata sandinista.
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