Complejidades del Inatec
Roberto Porta Córdoba*
La opinión pública ha mostrado un saludable interés por el tema de la educación técnica, particularmente a raíz del acercamiento entre el Instituto Nacional Tecnológico (Inatec) y el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD).
Como toda acción genera una reacción, algunas ilustradas y comprensibles, otras inexactas e infundadas, es conveniente esclarecer ciertos conceptos y aportar algunos insumos.
El Inatec, dentro de su marco legal, está obligado a cumplir tres funciones: 1) capacitación de la fuerza laboral; 2) formación técnica de jóvenes en secundaria; y 3) atención a sectores vulnerables. Lo que muchos desconocen es que las tres funciones son financiadas por una misma fuente: el dos por ciento aportado por los empleadores. El Gobierno Central, desde hace más de siete años no transfiere al Inatec fondos para gastos corrientes, sólo el dos por ciento de su planilla correspondiente.
Actualmente el egreso mensual promedio del Inatec se distribuye así: 30 por ciento por ciento para la capacitación laboral (66,000 trabajadores al año); 45 por ciento para la formación técnica en secundaria (15,000 estudiantes); 3 por ciento para los sectores vulnerables (5,000 discapacitados, ex pandilleros, madres solteras al año) y 22 por ciento para gastos administrativos (personal no docente, logística, convenios colectivos, etc.)
La mayoría de los aportantes no están contentos con este escenario. Casi toda la capacitación de sus trabajadores se realiza en centros privados acreditados por Inatec, o en sus propias instalaciones, asistidos por especialistas del Inatec, usando su dos por ciento. Los centros del Inatec no les son enteramente útiles. Los aportantes también argumentan que la atención a los sectores vulnerables no debería provenir de ellos, sino del Estado.
Este malestar no se confina a la administración actual del Inatec, sino que persiste desde su creación en 1991. Por el contrario, los aportantes han reconocido que en los últimos dos años se ha realizado un esfuerzo significativo por mejorar los servicios mediante un trabajo en equipo con las cámaras, los mismos aportantes, sus directores de recursos humanos, los más de 300 centros privados y los sindicatos. Los resultados han sido la eliminación de la deuda (C$35 millones en 2002); el incremento en el número de trabajadores capacitados (de 22,000 en 2001 a 66,000 en 2003); y la implementación experimental de un bachillerato técnico.
Como solución de fondo los aportantes proponen que el Inatec traslade sus funciones de formación al MECD, obligando así a que el dos por ciento se concentre en la capacitación de su fuerza laboral. Esto, naturalmente, duplicaría el número de trabajadores atendidos por el Inatec a través de centros privados o en las mismas empresas, y al mismo tiempo fortalecería su función de ente asesor, facilitador y coordinador, como es el caso de sus instituciones homólogas en la región, las cuales se concentran en la capacitación y dejan la formación a sus ministerios de Educación.
Sin embargo, esta propuesta, liderada por los representantes del sector privado en el Consejo Directivo del Inatec, conlleva la asignación de un presupuesto adicional por parte del Gobierno Central, para que el MECD pueda financiar los 32 centros, sus 15,000 estudiantes, sus 800 maestros y los materiales fungibles que requieren la prácticas (gasolina para motores, madera para los tornos, alimento para el ganado y las aves de corral, economato para los internos, etc.).
En consultas exploratorias con el Ministerio de Hacienda, la propuesta de los aportantes ya obtuvo su primer “no”, y la alternativa de dejar el financiamiento de los 32 centros exclusivamente a la cooperación externa no parece prudente, teniendo en cuenta la situación actual del proyecto del “vaso de leche”. Por otro lado, la visión de integrar estos centros al proceso de descentralización, confiando en que las municipalidades asumirían los costos, no fue recibida con calidez en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, por considerar los riesgos que implican los cambios eventuales en las alcaldías, acentuados por las ideologías políticas. También, quedaría pendiente la atención a los sectores vulnerables.
Aprovechando la reforma educativa en que trabaja el MECD, orientada a la educación para el trabajo y la vida, se podría realizar una reforma a las leyes vigentes, necesariamente integrada al Proyecto de Ley General de Educación, actualmente en el Legislativo, y en consulta con los sectores involucrados: Gobierno, Cosep, Conpes, Consejo Nacional de Educación, Comisión de Educación, cooperantes, etc.
Mientras tanto, el Inatec puede apoyar decididamente los esfuerzos de transformación curricular del MECD y continuar su tarea de distribuir de la manera más eficiente los ingresos del dos por ciento en beneficio de los estudiantes, los sectores vulnerables y la fuerza laboral nicaragüense.
* El autor es Director Ejecutivo del Inatec
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