Disputa entre contralores
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Luis Ángel Montenegro.
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Jorge Loáisiga Mayorga
Las cosas no andan bien en la Contraloría General de la República (CGR). Hay acusaciones y contraacusaciones de parte de los miembros del Consejo Superior de la CGR. El contralor Luis Ángel Montenegro dijo que sus colegas atrasan la aprobación de algunas resoluciones, pero el contralor Guillermo Argüello Poessy lo acusa de querer despedir al subdirector jurídico de la CGR, Gerardo Arce Castaño.
“Aquí tenemos problemas bien serios porque él ha insistido y nos ha hecho un alboroto para que nosotros corramos al licenciado Gerardo Arce Castaño. Él ha hecho un infanzón porque se atrevió, Arce Castaño (subdirector jurídico de la CGR), a pedir su declaración de probidad (la de Luis Ángel Montenegro). Todo esto es producto de que aquí tomamos una decisión 4 a uno de no correrlo. Él insiste en que lo corramos porque pidió y vio su declaración de probidad”, señaló Argüello.
Y agregó que “yo les he dicho que agarren la mía, la lleven al mercado y la distribuyan, qué me importa que la gente sepa lo que tengo, pero él insiste, tiene dos o tres sesiones del Consejo que no asiste, si no hasta que corramos a Gerardo Arce Castaño, y nos mandó una carta malcriada... todo por el delito (de este muchacho) de haber visto la declaración de probidad”, expresó Argüello.
El presidente de la Contraloría, Juan Gutiérrez, confirmó la versión de Argüello y la solicitud de Montenegro. “Ayer resolvimos que solicitar y ver una declaración de probidad no es causal de despido, sobre todo cuando se trata del subdirector jurídico de la Contraloría”, expresó.
LA PRENSA intentó conocer la reacción de Montenegro, pero no fue posible hablar con él.
RESOLVER CASOS PENDIENTES
En horas de la mañana Montenegro había hecho un llamado a sus colegas a resolver todos los casos pendientes que tienen en la Contraloría General de la República (CGR), antes de que se cumpla el período para el que fueron electos.
En la Contraloría están pendientes de resolución unos 60 casos relacionados a actos de corrupción en la administración de Arnoldo Alemán.
“El que ocupa un cargo de Contralor de la República está obligado a resolver todos los casos que durante su administración se produjeron. En este caso todo lo que hemos investigado a lo largo de estos cuatro años y medio, y que están en poder de los contralores o en manos de los equipos de auditores y abogados, es nuestra obligación constitucional fallarlos y no dejarlos pendientes”, precisó Montenegro.
“Me parece que es una responsabilidad individual de cada uno de nosotros de proceder a fallar de conformidad con la ley y no hacerlo de acuerdo a intereses. Lo que menos debe proceder en este tipo de casos es que los fallos sean dados por fines de naturaleza política”, manifestó
“Mi preocupación está en que hay casos, como el de la Coerco de 45 millones de córdobas, en el que el contrato fue firmado en septiembre de 1999 y estamos en julio del 2004 y todavía se está argumentando que hay que continuar carteándonos con el auditor de la Coerco. Me parece que hay que adoptar una posición firme y seria para resolver estos casos tal como lo manda la Constitución y las leyes”, agregó el Contralor.
“En el caso concreto de la Coerco, el auditor interno no cumplió con el debido proceso y por eso le devolvimos el informe. Él mismo firmó la resolución, él es el que ha estado atrasando las sesiones porque no ha participado en los últimos cuatro consejos”, dijo por su parte el contralor Guillermo Argüello Poessy.
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