Miskitos desplazados exigen indemnización
José Adán Silva
Un equipo de abogados que dice representar a miles de miskitos que en los años ochenta fueron afectados por la guerra civil, envió ayer una carta al presidente Enrique Bolaños, a quien le piden ayuda por los daños recibidos por el Estado sandinista durante el conflicto, a cambio de no demandar por delitos de genocidio, etnocidio y daños a la propiedad.
Osorno Coleman, un ex comandante de la resistencia indígena integrada por comunidades miskitas, mayangnas, sumus y ramas, se presentó ayer como representante legal de más de tres mil indígenas que organizan una demanda contra el Estado nicaragüense, por los daños ocasionados por el gobierno sandinista durante operativos militares como el “Navidad Roja”, en 1981.
Producto de esta operación, miles de habitantes de las riberas del río Coco fueron desplazados y ubicados forzosamente en campamentos alejados de su hábitat tradicional. En las operaciones a los indígenas les quemaron sus casas, sus animales fueron sacrificados y perdieron todos sus bienes, razón por la cual, según Coleman, el Estado tiene que responder.
IGUAL QUE EN GUATEMALA
“Las operaciones las realizaba el Ejército Popular Sandinista y la Seguridad del Estado, dos órganos que respondían al Estado, y si antes no podíamos demandar era porque no había condiciones, pero ahora confiamos en la democracia y la justicia y por eso recurrimos ante el presidente Bolaños”, dijo Coleman.
En la carta enviada ayer a Bolaños, Coleman, junto a Róger Muñoz Johnson y el ingeniero Carlos Hurtado, como asesor, le recuerdan al Presidente que en Guatemala el mandatario de ese país anunció la creación de un fondo de 3.8 millones de dólares para iniciar un programa de atención a los indígenas afectados por la guerra de aquel país.
“Consideramos factible que si el Gobierno que usted preside muestra voluntad, podría hacer lo mismo que hace el Gobierno de Guatemala, pero si no hay voluntad suya, todo será imposible”, le dicen los abogados a Bolaños.
“Mantenemos fe y esperanza de que esto se resuelva por la vía administrativa sin llegar a los tribunales de justicia nacional e internacional”, dijo Coleman, haciendo alusión a la posibilidad de denunciar el caso de las comunidades indígenas ante organismos internacionales de Derechos Humanos.
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